E.P. Madrid.- La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso ha dictaminado favorablemente el proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Aunque no hubo una votación en conjunto del texto, ya que se realizó en varias secciones, todos los portavoces manifestaron su respaldo, en líneas generales, al proyecto. No obstante, todas los grupos mantuvieron enmiendas vivas para su debate en Pleno que, previsiblemente, también aprobará el texto la próxima semana y lo enviará al Senado.

Este nivel de acuerdo fue posible tras las negociaciones mantenidas entre la ministra de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, y el conjunto de las formaciones, que llevaron al Congreso un proyecto prácticamente pactado. Estas conversaciones motivaron la inclusión en el texto original de aspectos defendidos por la práctica totalidad de los grupos como garantías para la financiación de las nuevas prestaciones y el mantenimiento del sistema público, los derechos de los pacientes, la delimitación de las competencias entre Gobierno y Comunidades Autónomas y la ampliación de las funciones del Consejo Interterritorial.

En el debate de este jueves, cada uno de los grupos defendieron las enmiendas que mantienen ‘vivas’. Por parte del PSOE, Consuelo Rumí se mostró "razonablemente" satisfecha, si bien señaló la necesidad de incluir en el texto mejoras en materia de atención a la bulimia y la anorexia así como el establecimiento de una mesa nacional para la negociación colectiva. También mantiene enmiendas en materia farmacéutica como la necesidad de realizar un plan quinquenal para racionalizar el gasto en medicamentos.

Por su parte, Jordi Martí (CiU) criticó los términos "cohesión" y el concepto de calidad defendido en la ley. "Llevamos 22 años gestionando la Sanidad y es de alto nivel", destacó. Asimismo, recordó que la participación social es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que, a su modo de ver, no es necesario crear el foro que contempla el proyecto.

La portavoz del PNV en esta Comisión, Margarita Uría, manifestó el rechazo de su grupo a la inclusión de las referencias a la carrera profesional y movilidad del personal y su reivindicación para que se transfieran a las autonomías el patrimonio inmobiliario del antiguo Insalud.

Por parte de IU, el diputado Francisco Frutos, explicó que su grupo mantiene sus enmiendas relativas a la participación de los agentes sociales, evitar discriminaciones a discapacidades, garantizar una promoción integral de la salud y la independencia entre las autoridades farmacéuticas de la Administración y Farmaindustria.

También mantiene enmiendas el grupo Coalición Canaria. Su portavoz, Reyes Julio, rechazó la redacción del texto en lo que se refiere a la responsabilidad financiera de las prestaciones por parte de las Comunidades Autónomas. Esta diputada entiende que, en última instancia, esta cuestión debe estar garantizada por parte de la Administración del Estado.

Finalmente, el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, también manifestó las dudas de su formación respecto a la financiación y pidió la supresión de las referencias en el texto del proyecto a la alta inspección.