E.P. Madrid.- La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de la gestión de la Fundación Jiménez Díaz a la empresa IDC que también estudiará, a petición del PP, la gestión de este centro durante los años 1990, 1991 y 1992, algo que, a juicio de la oposición, "vulnera el reglamento".

Tras la Junta de Portavoces, los diputados Fernando Marín (IU) y Jorge Gómez (PSOE) criticaron la ampliación del objeto de la comisión porque "desvirtúa su sentido inicial", que es conocer "el tinglado" de la UTE y la responsabilidad del consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en un "posible trato de favor" hacia la citada multinacional.

Tanto PSOE como IU han expresado su disposición a que se investigue la gestión de ‘La Concha’ durante la etapa socialista, "pero en una comisión distinta". "El PSOE se pone a disposición del PP en crear cuantas comisiones quieran, pero que no desvirtúen la comisión que hemos pedido", afirmó Gómez.

"Al ampliar el objeto de la comisión, el PP quiere investigar el pasado para no investigar el presente y la actitud del consejero de Sanidad, que no ha respetado los criterios administrativos. Este atropello al reglamento supone que el PP calla y oculta algo", añadió el diputado de PSOE.

Asimismo, los portavoces de la oposición denunciaron que el PP "se ha negado a que haya un informe de los servicios jurídicos de la Asamblea" con el fin de que haya dos comisiones distintas, y criticaron que se haya establecido el fin de la comisión de investigación el día 24 de marzo, en lugar de mayo, al final de la legislatura.

Antecedentes

El portavoz del PP, Miguel Ángel Villanueva, defendió la opción presentada por su grupo amparándose en el artículo 75 del reglamento, que establece que será la Mesa de la Asamblea la que finalmente dirima cuestiones como la organización, funcionamiento y composición de la comisión de investigación, así como su duración.

Además, puso como ejemplo que durante el año 1994, con el Gobierno de Joaquín Leguina, también se aprobó, con el antiguo reglamento, la ampliación del objeto de una comisión de investigación sobre el caso Ibercorp, y que en febrero de 1998, ya con el reglamento actual, también se amplió la comisión sobre el fraude de las gasolineras.

En cuanto al plazo de finalización de la comisión, señaló que se ha optado por seguir el ejemplo del Gobierno socialista que, en una comisión de investigación sobre la empresa Exter, estableció que el final de las labores coincidiría con la última sesión plenaria, en este caso el 24 de marzo, y no con el final de la legislatura.

Finalmente, afirmó que es "radicalmente falso" que los grupos de oposición hayan pedido un informe jurídico. "Nuestra propuesta es razonable, reglamentaria y ajustada a derecho. Son ellos (PSOE e IU) los que quieren entablar una batalla electoral y hacer cualquier cosa menos saber que ha pasado en La Concepción", concluyó Villanueva.