2003, el final de una etapa
Pese a encontrarse con un Ministerio de Sanidad que parecía mermado en sus funciones tras el traspaso definitivo de competencias a las comunidades autónomas, la ministra Ana Pastor no llevaba al frente del Ministerio ni un año cuando en mayo de 2003 se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta normativa, -para muchos la pata que falta para la universalización de la asistencia- fue la primera en ver la luz durante un año en el que el objetivo es consolidar y modernizar el sistema sanitario. A la ley de Cohesión siguieron la Ordenación Profesional y el Estatuto Marco. Con ambas Ana Pastor mejoraba las condiciones de los profesionales sanitarios, que llevaban años clamando por la materialización de diversos proyectos que nunca habían devenido en norma. Logró 'aunque no sin discrepancias- el consenso necesario de todos los grupos políticos para sacar adelante estas tres leyes fundamentales de los últimos cinco años. La que más horas de discusión y dificultades acumuló en su aprobación fue Cohesión y Calidad. Sobre todo a última hora, cuando los populares introdujeron una enmienda que daba vida al nuevo sistema de precios de referencia con el que se buscaba frenar el alto gasto en medicamentos del SNS, aunque dicho objetivo no se ha alcanzado hasta la fecha y continua levantando ampollas cada año cuando se renueva.
Pero a estas normas siguieron otras dos con mucho más calado mediático y social: la Ley de Autonomía del Paciente y la de Técnicas de Reproducción Asistida. La primera, calificada también como Ley de Derechos de Los Pacientes, supuso el empujón al paciente informado 'incluso 'especialista'- capaz de intervenir en la gestión de su enfermedad y unificó la dispersión normativa que circulaba al respecto a través de las comunidades autónomas. Además, con este texto se cumplía un principio constitucional y se desarrollaba uno de los enunciados de la Ley General de Sanidad de 1986.
De principios de 2005 proceden los primeros informes sobre la carencia de especialistas en España
Pero no todo fueron glorias. Ana Pastor inauguró también una moda: la intención de crear un consejo interterritorial paralelo o la rebelión de los consejeros pertenecientes a las comunidades de la oposición. A finales de 2003, los consejeros socialistas se rebelaron sobre la pretensión de Pastor de crear nuevas prestaciones sin dotación económica previa a las comunidades autónomas. Los socialistas se pusieron en pié (como le ha ocurrido ahora a Bernat Soria con los populares) para demostrar su oposición a abordar las nuevas prestaciones que incorporaba la Ley de Cohesión: atención sociosanitaria, salud mental, atención bucodental y cuidados paliativos.
Asimismo, la reforma del sistema MIR lleva en el punto de mira de los distintos gobiernos sanitarios casi el mismo tiempo que lleva existiendo. La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias se ocupaba de ello con un cambio en la prueba general de acceso y una flexibilización que contemplaba una evaluación anual del residente y otra al finalizar el período de formación en la especialidad. No se tocaron en principio las especialidades existentes 'que a la sazón eran 48- y la OMC emitió un documento sobre condiciones mínimas para el ejercicio profesional de los MIR que recogía medidas sobre organización, gestión, política retributiva, desarrollo profesional e investigación en lo que se presentó como el documento de la OMC para el funcionamiento del hospital del Siglo XXI. Por otro lado, en 2003 concluía el proceso extraordinario de concesión de titulación a MESTOS. Se otorgó título al 80 por ciento de los presentados, dato que se ajustaba a las previsiones de la Administración.
En el ámbito político, se produjeron cambio en las consejerías de Sanidad en 14 autonomías. En Cataluña, se incorporó Marina Geli, y en Madrid, Manuel Lamela. Hubo críticas por las medidas propuestas y adoptadas desde la Administración central para frenar el gasto farmacéutico y alguna comunidad comenzó a poner en marcha experiencias piloto como la restricción a la visita médica y la prescripción de antibióticos por unidosis, que no funcionó. Al sumario de 2003 hay que añadir que la ministra Pastor puso en marcha el CNIO y los planes integrales contra el cáncer y enfermedades coronarias. Se creó 'al amparo de la Ley de Cohesión- la Agencia de Calidad del SNS y así Pastor aunaba elogios y críticas. Por un lado destacaba los buenos indicadores del sistema y por otro la 'Plataforma 10 minutos' empezaba a dar mucho que hablar.
2004, un año convulso
Comienza 2004 y ya se sabe: año electoral, 'todo revuelto'. Pero esta premisa social o política y en cualquier caso histórica se rompió brutalmente con los atentados del 11 de marzo en Madrid, tres días antes de las elecciones. Este hecho dramático e inolvidable puso de manifiesto la capacidad de respuesta del sistema sanitario español. Tras las elecciones, la primera novedad con fuerte repercusión en el ámbito sanitario fue la celebración de la primera Conferencia de Presidentes autonómicos que empezó por ocuparse intensamente de la financiación sanitaria. Con la nueva legislatura socialista ocupa la cartera de Sanidad Elena Salgado. Sin ninguna vinculación con el sector, aunque con reconocida capacidad de gestión, dedica los primeros meses a conocer la situación y a iniciar reformas. Se producen las primeras discrepancias entre el Ministerio y las consejerías del PP en lo que dio en llamarse 'Consejo Interterritorial paralelo'. La ex ministra Ana Pastor puso en marcha unos 'foros sanitarios' que se celebraron en comunidades gobernadas por el PP a lo largo del año 2004. Desde el Ministerio se elaboran informes entre los que se destaca la congelación del gasto sanitario público y las deficiencias en un sistema de información homogéneo desde las comunidades autónomas. Para frenar los indicios de fractura en el seno del Consejo Interterritorial, la ministra Salgado lo reúne en Barcelona en el mes de septiembre y hace un llamamiento para implicar a los grupos políticos y garantizar la viabilidad del modelo.
Este primer año al frente del Departamento queda marcado por tres iniciativas de actuación. En primer término, nada más ocupar el cargo, comienzas las discrepancias sobre frena la investigación con células madre, se inicia la elaboración del Plan de Política Farmacéutica y el abordaje de la financiación sanitaria.
El control del gasto farmacéutico centra la atención de todos los agentes sanitarios exponiendo que la sostenibilidad del Sistema depende del mismo. Andalucía ya había puesto en marcha un plan de investigación con células madre y es en julio cuando el Ministerio firma acuerdos al respecto con dicha comunidad y con Cataluña aunque retrasa la suscripción del mismo con Valencia hasta finales de año. Hay que decir que esta comunidad, gobernada por el Partido Popular, había presentado resultados de un estudio por fuera de la normativa vigente con anterioridad.
En octubre, se aprueba el Real Decreto sobre requisitos y procedimientos para solicitar proyectos de investigación con células madre embrionarias. La Generalidad Valenciana decide adecuar su borrador al contenido de los firmados por Cataluña y Andalucía en julio y es entonces cuando se da el visto bueno a la firma.
El problema de la financiación del sistema sanitario público explota y, aunque el presidente Zapatero había manifestado que habría que esperar al nuevo año para su abordaje, empiezan a barajarse múltiples soluciones. En primer lugar, un incremento de los presupuestos destinados a Sanidad, que se habían negociado a la baja mientras se incrementaba el desfase del gasto sanitario público en relación con la media de los países de la OCDE.
Mientras, el Consejo Interterritorial sirve nuevamente de escenario para las discrepancias entre consejeros del PP y el Gobierno Socialista. En junio se celebra el primero presidido por Elena Salgado donde los consejeros populares abandonan la reunión. posteriormente, no asisten a la de Barcelona aduciendo que no aborda el problema financiero del sistema sanitario. Pero sí acuden el 15 de diciembre a Santiago de Compostela, quizá por ser una comunidad gobernada por el PP y también porque en el orden del día está incluido el Plan Integral de Farmacia, elaborado por el PP en réplica al Plan Estratégico de Política Farmacéutica presentado días antes por el Ministerio de Sanidad.
Pero es justo cuando Elena Salgado cumple 100 días al frente del Ministerio, cuando las discrepancias quedan patentes. El Ministerio ofrece una panorámica de las acciones llevadas a cabo en ese tiempo y resalta dos puntos: el nuevo marco que quiere fijar para la Medicina regenerativa e investigación con células madre y el Plan Estratégico de Política Farmacéutica. Son dos aspectos que sirven al Ministerio para subrayar su divergencia -y espíritu crítico- con la política desarrollada por el anterior equipo ministerial.
En cuanto a la política del Gobierno sobre Medicina regenerativa, el 9 de julio el Consejo de Ministros aprueba la suscripción de sendos convenios de colaboración para tal investigación, entre el Instituto de Salud Carlos III y las Consejerías de Sanidad de Andalucía y de Cataluña. El objetivo de estos convenios es la realización de proyectos de investigación y el desarrollo de líneas celulares a partir de células madre embrionarias o adultas. La ratificación de ambos acuerdos se llevó a cabo el 15 de julio.
La Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo, una de las normativas en Salud Pública más importantes de los últimos años, aplicada en 2006, tiene en la actualidad un frente abierto en algunas CC.AA.
Finalmente, el 29 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde a los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de preembriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida. Esta normativa permitirá el comienzo de la investigación con células madre preembrionarias en España.
El Plan Estratégico de política Farmacéutica se aprueba definitivamente a finales de noviembre y se presenta como un proyecto para la racionalización del consumo, en el que se busca la aquiescencia de los distintos actores implicados en este ámbito. Se rebaja el precio de los medicamentos a la industria, se recorta el margen a la distribución farmacéutica, se ajusta a la baja el de la farmacia y queda inoperativo el decreto de Precios de Referencia que había entrado en vigor a primeros de enero todavía con Ana Pastor al frente del Ministerio. Mientras tanto, han vuelto a escucharse voces tendentes a despertar el debate sobre el copago, algunas procedentes del Ministerio de Hacienda.
En el ámbito de las profesiones sanitarias, este primer año se cierra con una serie de proyectos. Uno de ellos, la consolidación del empleo en el sector sanitario se materializa en un decreto ley que supone su aplicación a lo largo de 2005, con el fin de acabar con una interinidad tradicional en el sector, que según datos de la época alcanzaba al 30 por ciento de los profesionales sanitarios. Se impulsa el Plan de Calidad e Igualdad para la mejora del Sistema Nacional de Salud cuyo objetivo es reducir las listas de espera y, lo que sí termina el año como logro es la creación del Observatorio de Salud de la Mujer. Y es que las desigualdades respecto al acceso al sistema e incluso a determinados medicamentos entre hombre y mujer, se habían puesto de manifiesto en un Informe SESPAS que levantó ampollas a través de los medios de comunicación.
2005, nuevas normativas
Como cabría esperar tras el rodaje del primer año, el segundo los proyectos y borradores comienzan a cristalizar. El año 2005 se cierra con normativas que ponen orden en aspectos como la financiación sanitaria, abordada en la II Conferencia de Presidentes 'de hecho fue tema monográfico-.La Ley del Tabaco ' que impulsó a la fama a Elena Salgado- . Desde el punto de vista profesional se consiguió liquidar el proceso de la OPE Extraordinaria, se coloca en el punto de salida el proyecto de Estatuto del Residente. La Salud Pública se pone en alerta ante una posible pandemia de Gripe Aviar y las disensiones, públicas y notorias, continúan en el seno del Consejo Interterritorial.
Por orden cronológico, el primer acontecimiento fue la II Conferencia de Presidentes. Aunque los consejeros del PP habían anunciado su oposición a las propuestas para la financiación sanitaria, finalmente aceptaron. Se pactó que el Gobierno realizaría una aportación a las autonomías para Sanidad de 1.677 millones de euros más en los presupuestos del Estado, más 1.365 millones por anticipo de tesorería, así como la posibilidad de lograr otros 1.838 millones si las autonomías decidían subir los impuestos del alcohol y la electricidad, cuya capacidad normativa les había aumentado el Ejecutivo. Pese a las reticencias iniciales, las propuestas de Rodríguez Zapatero fueron aprobadas por todos. Una semana después de la Conferencia de Presidentes, el Consejo de Ministros aprobó la subida de impuestos sobre alcohol y tabaco, para paliar el déficit sanitario.
En el Consejo Interterritorial que se celebra en septiembre en Santander, Elena Salgado presenta un informe destinado a potenciar las políticas sociales y la mejora del sistema sanitario público. Se trata de un acuerdo que incorpora más recursos, mejora la gestión del gasto y aumenta la dotación del Fondo de Cohesión en 45 millones de euros anuales mas una dotación de 50 millones al año para el Plan de Calidad del SNS. Se prevé la elaboración de un Real Decreto que defina la Cartera de Servicios básica y común del Sistema Nacional de Salud.
Para dar paso a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en el mes de julio se cierra toda una época del Consejo Nacional de Especialidades Médicas para el nacimiento del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Concluye una etapa que para algunos dejó sin resolver demandas antiguas como la ampliación del periodo de formación en un año. En abril se había producido otro cambio. En la cúpula de la OMC concluye su mandato Guillermo Sierra y comienza Isacio Siguero. y nace Foro Marco para el Diálogo Social en el sector sanitario, cuya misión será apoyar y asesorar a la Comisión de Recursos Humanos del SNS en todo lo relacionado con la política de personal.
2007 trajo por sorpresa al científico Bernat Soria para hacerse cargo de las riendas del Ministerio de Sanidad, en sustitución de Elena Salgado
De principios de año de 2005 vienen los primeros informes sobre la carencia de especialistas en España. La CESM presenta en Barcelona un estudio en el que se advierte de la falta de planificación de recursos humanos por parte de las Administraciones, lo que producirá una carencia de profesionales en un futuro próximo. Tanto Carlos Amaya, secretario general de la CESM, como Miguel Ángel García, coordinador de estudios de la Fundación y coautor del estudio, ofrecieron una visión tan pesimista que hicieron saltar las alarmas en el Ministerio de Sanidad. Hoy continua siendo una preocupación en la que incluso intervienen los decanos de las Facultades de Medicina.
Para cumplir con el objetivo de concluir la OPE, en el mes de febrero se publicaron las resoluciones definitivas de asignación de plazas en las especialidades de Cirugía Torácica, Farmacología Clínica, Anatomía Patológica, Reumatología, Oncología Radioterápica, Neurofisiología Clínica, Medicina Nuclear, Medicina Intensiva, Angiología y Cirugía Pediátrica. Y el 19 de diciembre el Ministerio de Sanidad informaba de que todas las categorías/especialidades habían cerrado la fase de selección y de que la práctica totalidad de las convocatorias de especialistas había culminado totalmente el proceso. Según el comunicado, en esta última fecha, ya se habían producido los nombramientos en 41 de las 45 especialidades que desempeñan su actividad profesional en los hospitales.
Se habló mucho de la implantación de la Carrera Profesional a lo largo del año. Sanidad dijo que el objetivo era hacerla realidad en el conjunto del SNS en 2007. El entonces subsecretario, Fernando Puig de la Bellacasa, destacó como punto importante la movilidad dentro del SNS y en noviembre se conoció la existencia del documento en el que trabajaba la Comisión de Recursos del SNS y cuyo texto delimita los cuatro principios básicos para la implantación y homologación de la carrera profesional: garantía de igualdad de oportunidades de los profesionales en el conjunto del SNS. no discriminación entre Administraciones sanitarias y profesionales. garantía de libre circulación y movilidad. y participación de los profesionales en la gestión de los centros. Comienzan a establecerse iniciativas a este respecto en cada comunidad autónoma, con diferentes respuestas por parte de profesionales y sindicatos.
Respecto al Estatuto MIR, el Ministerio recuerda su interés por el tema y en noviembre se acuerda una subida media del 18 por ciento para estos profesionales. También en noviembre las administraciones sanitarias y las Sociedades Científicas impulsan un documento para la mejora de la Atención Primaria.
Para desarrollar el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, en el mes de diciembre el Consejo de Ministros redacta el proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, para sustituir la Ley del Medicamento de 1990. Farmaindustria no tarda en contestar este proyecto diciendo que podría incluso afecta a 2.500 puestos de trabajo en el sector. Respecto a las listas de espera Sanidad reconoce que se ha producido un pequeño repunte y critica una mala gestión, mientras que considera un logro del primer año de gestión de la ministra Salgado la creación del Foro Marco para el Diálogo Social.
2006, conflicto tras conflicto
Lo que parecía empezar como un año continuista, ya que en 2006 había que desarrollar y aplicar las normativas impulsadas desde 2004 y a lo largo de 2005, terminó en conflicto. Al tratarse de normativas que en repercutían en los profesionales sanitarios, su desarrollo no encontró un camino allanado. Por otro lado, la Ley de Medidas Sanitarias contra el Tabaquismo encontró un frente abierto en determinadas comunidades que aún hoy continúan criticando su aplicación Lo mismo ocurrió con la reproducción asistida y la Ley del Medicamento.
Las primeras reivindicaciones profesionales se produjeron frente a la tramitación del Estatuto MIR, cuya tramitación comenzó en febrero sin que Sanidad y Sindicatos llegaran a un acuerdo. A ello le siguió la controversia frente a la ampliación de la Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad, con la creación de la especialidad de Urgencias, que aún hoy levanta ampollas.
Mientras tanto, la nueva Ley del Medicamento, suscitó polémica en todos los sectores. Partidos políticos como PP, CIU y ERC enmendaron la totalidad del proyecto. Los tres grupos coincidían en destacar el descontento de gran parte del sector con este texto, a la vez que denunciaban que se había ignorado el parecer de las comunidades autónomas. Farmaindustria seguía sin sentirse satisfecha con los cambios introducidos y exigía mayor aportación para la investigación y la innovación. No obstante, la ley de aprobó poco antes del verano. Empezaban con ella los debates en torno al protagonismo de la prescripción. Durante el primer trimestre se había llegado a un acuerdo para aprobar la normativa de ampliación de cartera de servicios del Ministerio pero sin dotación presupuestaria añadida. También a principios de año, en febrero, se aprobó la Ley de Reproducción Asistida, que permite la selección genética de embriones con fines terapéuticos, quedó aprobada finalmente. Empezaron los tramites para la Ley de Dependencia, cuyo proyecto de ley de aprobaba en abril. Se trata de un tema muy bien recibido socialmente hablando que prevé aportar 13.000 millones de euros para su aplicación desde su nacimiento entre 2007 y 2013. Esta cantidad proviene de las arcas del Estado y una cifra similar deberá ser aportada por las comunidades autónomas. El usuario tendrá que añadir una cantidad que, según lo previsto en su momento, no superará en ningún caso el 30 por ciento.
El estatuto MIR se puso en marcha en octubre sin haber logrado cohesión con los colectivos implicados. La tramitación del Estatuto MIR se inició en el mes de febrero sin que Sanidad y sindicatos lograran alcanzar un acuerdo. Aunque el Ministerio se mostró optimista con la tramitación del borrador, las centrales sindicales encontraron obstáculos 'insalvables' que impidieron el acuerdo total en su aprobación, aunque decidieron firmar el acta de finalización de las negociaciones (a excepción de la parte médica de CESM SATSE, que no lo rubricó). La intención de los sindicatos era modificar aspectos de la norma durante el trámite de audiencia al que debía ser sometido el Real Decreto. La Asociación Española de Médicos Residentes, AEMIR, que nunca estuvo a favor, barajó desde el principio la posibilidad de convocar movilizaciones. Se creó una plataforma contra el decreto constituida por AEMIR, CESM, SEMERGEN, semFYC, OMC y CEEM, que reivindicaba un nuevo borrador en el que se contemplaran todos los aspectos laborales y formativos del residente, así como la equiparación salarial en todo el SNS. Su aprobación definitiva el día 7 de octubre puso en pie de guerra a colectivos médicos: AEMIR y CESM, estudiantes de Medicina representados en la CEEM, la OMC y las Sociedades Científicas semFYC y SEMERGEN, lo que condujo a una impugnación en la Audiencia Nacional por parte de CESM y AEMIR.A finales de año se presentaba el Real Decreto que regularía los aspectos formativos de los residentes.
Su aprobación definitiva el día 7 de octubre puso en pie de guerra a colectivos médicos: AEMIR y CESM, estudiantes de Medicina representados en la CEEM, la OMC y las Sociedades Científicas semFYC y SEMERGEN, lo que condujo a una impugnación en la Audiencia Nacional por parte de CESM y AEMIR. A finales de año se presentaba, por otra parte, el Real Decreto que regulará los aspectos formativos de los residentes que podría ser aprobado por el Gobierno en los primeros meses de 2007.
Por otro lado, en 2006 se celebraron los 20 años de la Ley General de Sanidad, se aprueban los nuevos estatutos de la OMC 'que llevaban cuatro años aparcados- y se da el visto bueno al Real Decreto de la Ley de Cohesión. La Atención Primaria, mientras tanto, seguía en pie de guerra con su plataforma revindicativa de los 10 minutos, llegando a protagonizar una huelga secundada por el 70 por ciento de los profesionales.
2007, cambios sorpresivos
El año pasado ha sido un año marcado por los nuevos rostros. A la sorpresa producida por el cambio al frente de Sanidad-Salgado por Bernat Soria- hay que añadir los cambios producidos al frente de las consejerías de salud de las comunidades autónomas, que si bien no ha supuesto alteración en las actitudes políticas, si ha traído una renovación de las caras.
Bernat Soria, que tomó posesión justo al cumplirse los 30 años del Ministerio de Sanidad ha empezado también su legislatura con promesas inmediatamente contestadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La financiación de la atención a la salud bucodental infantil y la incorporación de la vacuna contra el cáncer de cérvix, ha sido motivo de reivindicaciones dinerarias continuas en el seno de los consejos interterritoriales.
Por otro lado, a lo largo del pasado año se constata el déficit de especialistas del SNS, a través de la publicación de constantes informes que así lo denuncian. Pero la llegada de Bernat Soria al madrileño Paseo del Prado supuso una inyección de optimismo para la patronal farmacéutica. Una de sus reivindicaciones se convierte en la propuesta de destinar 300 millones de euros, durante los próximos cinco años, a la investigación de enfermedades raras, a cambio de una modificación del sistema de patentes.
Según el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha reiterado varias veces a lo largo del año que 'el sector farmacéutico puede sufrir un estancamiento si no hay una revisión sobre el tratamiento de patentes en nuestro país'. Se reclaman incentivos para invetir en I+D+i.
En el ámbito profesional se abre un período de tensiones entre médicos y enfermería por las propuestas de prescripción para estos últimos y un informe de Adecco pone en evidencia nuevamente que España está a la cola en retribución salarial a sus profesionales médicos, pese a que el presupuesto del Ministerio se incrementa para 2008 en un 14,47 por ciento. La OMC ve garantizada su alternativa al RETA para los médicos, lo que para ellos supone un logro importante. La diatriba sobre la creación de la especialidad de urgencias no termina con el año y el nuevo Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud mantiene como presidente a Alfonso Moreno.
Una vez celebradas las elecciones del 9-M, y conocido el partido que llevará las riendas del país, quedará despejado el hasta el momento futuro incierto del Ministerio de Sanidad
Y 2008 traerá más cambios
Acabamos, prácticamente, de estrenar el año, inmersos en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 9-M. Los medios de comunicación, incluido EL MEDICO INTERACTIVO, dedican una parte importante de su espacio a la difusión de los mensajes electoralistas de los candidatos a formar el nuevo Gobierno. A parte de ello, el año no ha arrancado con demasiadas novedades. Si acaso, una de ellas es que, después de muchos meses, se ha aprobado el decreto formativo de los MIR, sin el consiguiente beneplácito de las organizaciones sindicales. Otro paso importante esperado también fue la constitución de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, como órgano máximo que regule la formación de los profesionales.
En el plano profesional se puede hablar de 'revuelo' en general, desde la OMC se defiende a ultranza que se evite extender a prescripción a otras profesiones sanitarias, en su opinión, no cualificadas para dicha tarea como enfermería. En la Federación que agrupa a las principales Sociedades Científicas, la dimisión de su recién estrenado presidente originó una crisis interna, de la que se intenta salir, al cierre de esta edición.
En el ámbito de la Atención Primaria, el Ministerio, tal como se comprometió, ha hecho públicos los 80 indicadores que, a su juicio, se precisan para hacer un exhaustivo seguimiento de la estrategia AP21.
En definitiva, a las puertas de unas nuevas elecciones que volverán a traer consigo cambios sustanciales en el quehacer de la política sanitaria, comenzando por despejarse definitivamente el futuro del Ministerio de Sanidad, a día de hoy un tanto incierto.