Cuando se presentó el Plan Estratégico, el pasado 23 de noviembre, casi todos los medios de información general se centraron en la rebaja generalizada de precios de los medicamentos que llevaban más de un año en el mercado y no estaban sujetos al sistema de precios de referencia (unos 4.500) con el fin de obtener unos ahorros de unos 500 millones de euros hasta 2007. La reducción de precios, aprobada vía Real Decreto el pasado 30 de diciembre, fue de un 4,2 por ciento en 2005 y será de un 2 por ciento en 2006.
La propia Administración ha reconocido no haber sido capaz de instrumentar un sistema de información ágil y eficaz para los médicos sobre los medicamentos
Asimismo, en el mismo Real Decreto, el Departamento que dirige Elena Salgado modificó la periodicidad establecida en 1999 para revisar el sistema de precios de referencia, pasando de uno a tres años para permitir que, durante los dos años que comprende el citado decreto, se pueda reformar la Ley del Medicamento e incluir un nuevo sistema 'más equitativo y estable que el actual', tal como señaló la propia ministra en esos momentos. Según el Ejecutivo, el sistema de precios del PP, además de no haber logrado los objetivos iniciales de ahorro (463 millones de euros en 2004, de los que sólo se obtuvieron 270), había tenido unos efectos asimétricos, concentrando fuertes impactos en un número limitado de compañías farmacéuticas, sobre todo las de genéricos.
Pero esta norma también actualizó la escala de deducciones a las farmacias recogida en el Real Decreto Ley 5/2000, cambiando la hasta entonces vigente en función del volumen de ventas, favoreciendo así a las oficinas que tenían menor volumen de venta. Además, empujó a actualizar el umbral para los medicamentos con margen fijo, y también el margen general fijado para la distribución 'hasta entonces en el 9,6 por ciento sobre el precio de venta de laboratorio o PVL', procediendo a una disminución de un punto en 2005 y un punto en 2006, para acercar a la situación en España a la de países de nuestro entorno.
Sanidad es consciente de que la presión asistencial en la actividad médica actúa como un condicionante negativo en la prestación farmacéutica
El Gobierno complementó esta primera medida del Plan, sin duda la que conlleva mayores repercusiones económicas para el sistema a corto plazo, con una disposición incluida en los Presupuestos para 2005 por la que se estableció una tasa a la industria farmacéutica en función de su nivel de ventas, bajo el argumento de que la política del Ejecutivo Popular no había sido 'capaz de controlar el gasto'.
Pero más allá de estas medidas inmediatas, el Plan incluye numerosas actuaciones que pueden modificar el actual panorama del medicamento en España, aunque habrán de concretarse. Así, en lo que se refiere a la incorporación de nuevos medicamentos a la financiación pública, se basará en la evidencia científica, siendo analizada su utilidad terapéutica por un comité de evaluación. Así, las novedades farmacológicas que no se clasifiquen como 'innovación excepcional' tendrán una financiación similar al del coste del tratamiento vigente de la patología a tratar. Las que no supongan ninguna innovación se incluirán en la financiación con un precio similar o más barato que el del medicamento de referencia. No obstante, las 'innovaciones excepcionales' se beneficiarán de un procedimiento de urgencia, mientras que los genéricos estarán sujetos a un 'procedimiento especial' que asegure su 'inmediata disponibilidad'.
Otro de los puntos principales del Plan Estratégico se basa en el fortalecimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que digitalizará su archivo. Además, incorporará a las comunidades en su consejo rector y tendrá un código ético para garantizar su 'transparencia e independencia'.
Además, dentro de las 67 medidas de este Plan figura el acceso on-line de los médicos a la información de la Agencia de Medicamentos, la edición de un vademécum de fármacos, el establecimiento de 'nuevos parámetros' para la visita médica, el análisis de la actividad de la formación continuada y su acreditación, el impulso de la receta electrónica, la puesta en marcha de campañas sobre el uso adecuado de medicamentos y las consecuencias negativas de la automedicación no responsable.
Información sobre medicamentos
En lo que se refiere a uno de los aspectos que más interesan a los médicos del Plan, el referido a la información que reciben sobre las novedades terapéuticas y la promoción de los medicamentos por parte de la industria, el Ministerio empieza entonando un mea culpa: 'El Sistema Nacional de Salud no ha sido capaz de instrumentar para los médicos un sistema de información sobre los medicamentos ágil y eficaz'. Así, los autores del Plan reconocen que 'la información sobre fármacos que los médicos reciben procede habitualmente de la industria farmacéutica y suele ser su única o principal fuente de información sobre medicamentos'. Tras señalar que el soporte financiero de las actividades de publicidad, promoción e información de estos productos que se realiza sobre los prescriptores está repercutido en el precio de venta, del que supone en torno al 12-16 por ciento, lo que ha repetido hasta la saciedad en los últimos tiempos el director general de Farmacia, José Martínez Olmos, Sanidad reconoce que 'es frecuente el desconocimiento por parte de los facultativos y de la sociedad en general que las actividades de promoción y las actividades formativas patrocinadas por los laboratorios son financiadas en realidad mayoritariamente por el Sistema Nacional de Salud'.
Así, ante esta realidad, se hace necesario, a su juicio, 'que la información y la promoción de medicamentos se base en criterios de accesibilidad permanente, transparencia de las fuentes en las se que fundamenta, ética en la práctica de las actividades desarrolladas y calificación de los medicamentos en base a la evidencia científica'.
El Plan contempla el acceso on-line de los médicos a la información de la Agencia Española del Medicamento
De este modo, establece varias medidas, entre las que destacan que la Agencia de Medicamentos ofrezca la información relevante sobre cada producto al profesional sanitario mediante la base de datos RAEFAR, facilitar acceso on-line a la información mediante la conexión a la intranet de la Agencia, y editar un vademécum de medicamentos para ser distribuido a la totalidad de médicos y farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud 'para favorecer la disponibilidad de información válida y permanentemente actualizada a los profesionales'.
Asimismo, entre los planes de Sanidad para este año figuran 'promover una reflexión conjunta entre médicos, industria farmacéutica y las Administraciones sanitarias'. plantear en la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un análisis de la situación actual de la acreditación de las actividades de formación continuada, reuniones y congresos de carácter científico, 'para garantizar la calidad de las mismas'.
Se trata, en definitiva, de 'asegurar que el Sistema Nacional de Salud ofrezca a los profesionales mecanismos que garanticen la accesibilidad a información de calidad e independiente al tiempo que dotar a las actividades de promoción de medicamentos de criterios para su desarrollo en un marco de transparencia, calidad y ética social'.
Por otro lado, los autores del Plan defienden que el médico es 'una figura central en las estrategias de impulso de la calidad en la prestación farmacéutica'.
Sin embargo, el Plan refleja que la 'importante presión asistencial existente en la actividad habitual de los médicos actúa como un condicionante que puede afectar negativamente a la calidad de la prestación farmacéutica'. Esto, unido a la 'incapacidad del Sistema Nacional de Salud para instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente de información sobre los medicamentos, es otro de los elementos que dificultan un uso racional de los mismos', por lo que debe establecerse como 'prioridad' apoyar la labor de prescripción del médico 'mediante medidas que le aseguren la disponibilidad de información actualizada e independiente sobre medicamentos, así como aquéllas que favorezcan la adhesión de los pacientes a los tratamientos prescritos por sus médicos'.
Acto seguido propone, entre otras medidas, impulsar la implantación de la receta electrónica en todas las comunidades autónomas, haciendo posible la compatibilidad entre los diferentes servicios de salud para favorecer la atención de los pacientes en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional. así como crear un nuevo modelo de receta médica, válida para la Sanidad pública y para la privada. poner en marcha un sistema de información de calidad sobre medicamentos. revisar los contenidos de la información sobre fármacos en las fichas técnicas así como en los prospectos comerciales puestos a disposición de los pacientes. y activar un plan de acciones formativas en materia de innovaciones terapéuticas y medicamentos genéricos.
'En definitiva, se pretende reforzar el papel central del médico en el proceso de atención a los pacientes de tal forma que cuando se necesite la prescripción de medicamentos, el profesional tenga las mayores garantías de acceso a la información y a la formación sobre medicamentos para asegurar un uso racional de éstos en beneficio de la calidad de la prestación farmacéutica', tal como indica el Plan.
La posición de los facultativos
Tras la presentación del Plan y la aprobación de la rebaja de precio, los médicos de Familia hicieron ver que más que una medida como esta última, que no iba a beneficiar excesivamente a los ciudadanos, era necesario abordar 'una transformación importante de toda la política de fármacos'. 'No debemos enzarzarnos en un conflicto que no nos aporta absolutamente nada para mejorar la atención farmacéutica que requieran los pacientes', indicó, en su momento, el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), el doctor Asensio López Santiago.
Además, vaticinó algo que la realidad parece estar confirmando, en el sentido de que el debate sobre la rebaja de precios y la suspensión del sistema de precios de referencia del PP iba a provocar que se bloqueara 'la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las 17 comunidades autónomas y el Ministerio, lo que sería bastante grave'. De hecho, el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, que suele actuar en materia sanitaria como portavoz de todas las autonomías gobernadas por el PP, no tardó en acusar al Ministerio de haber realizado el Plan Estratégico 'desde el resentimiento' y con el único propósito de 'demoler' el trabajo del anterior Gobierno del Partido Popular, 'ya fuera bueno o malo', lo que a su juicio constituye una 'irresponsabilidad enorme' y supone 'partir de cero' en política farmacéutica.
Asimismo, el doctor López Santiago, tras advertir del riesgo de que con el planteamiento de Sanidad 'la industria farmacéutica vea una debilidad en el Ministerio y no permita desarrollar un plan estratégico a medio y a corto plazo', lo que es realmente 'mucho más importante', puso de relieve que si el debate se centra sólo en el aspecto económico, lo que parece estar ocurriendo desgraciadamente, 'los profesionales pueden sentirse alejados o ajenos a la posibilidad de mejorar la utilización de los fármacos'.
'Hay otros puntos más importantes, como hacer que los médicos sean responsables no sólo de dar al paciente el mejor fármaco, sino de gestionar bien el mejor medicamento, eligiendo el que más beneficio produzca en el paciente y que, además, vele por los intereses del sistema público de salud', aseveró.
Sin embargo, según puso de manifiesto el presidente de esta Sociedad Científica, el doctor Luis Aguilera, en el transcurso de un debate celebrado a finales de abril en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), en la sociedad 'hay sospechas de una relación opaca de los médicos con la industria farmacéutica', en la que el facultativo aparece como alguien que 'busca una gratificación complementaria' y que, en cualquier caso, 'está sometido a presiones tanto por parte de los laboratorios como de la propia Administración'.
Mientras tanto, según la visión del doctor Aguilera, la Administración 'no controla bien la comercialización de los productos' y tiene 'escasa credibilidad' entre los profesionales, mientras que la industria farmacéutica 'es acusada de falta de transparencia' y recaen sobre ella 'sospechas de acciones ilícitas en la promoción de sus medicamentos'.
Una visita médica basada
en la transparencia
A juicio del presidente de semFYC, resulta evidente que 'no es posible mantener esta situación', cuya mejora requiere tan sólo de unos 'pequeños ajustes', como 'diferenciar entre información, que debe ser 'independiente', formación y promoción comercial legítima', y establecer un 'nuevo modelo de visita médica', algo 'imprescindible', ya que el actual 'no cuenta con el crédito general de los profesionales'.
El doctor Aguilera considera que este nuevo modelo de visita médica debería estar 'basado en la transparencia', por lo que sería conveniente la 'búsqueda de ámbitos públicos' para que 'cualquiera pueda asomarse'. Además, tendría que estar 'centrada en las necesidades de salud', 'evitar las situaciones ambiguas' e 'incorporar el control social'.
En este sentido, el director general de Farmacia y Productos Sanitarios, José Martínez Olmos, explicó que el Ministerio trabaja actualmente con todas las partes implicadas sobre el modelo de información y promoción a los medicamentos de los profesionales sanitarios. Así, además de mantener contactos con la industria farmacéutica para alcanzar un 'diagnóstico común' de la situación, se trabaja junto con las comunidades autónomas y las Sociedades Científicas en el desarrollo de 'un sistema independiente de información' a los médicos sobre los fármacos y las novedades terapéuticas que se van produciendo.
Se trata, en definitiva, de hacer posible, a través de un debate 'sosegado y riguroso', 'una nueva forma de relación' entre médicos, Administraciones e industria farmacéutica, basada en que el profesional sanitario tenga 'un acceso rápido y fiable a la información útil para su práctica clínica'. Por ello, Ministerio y Sociedades Científicas tratan de definir 'cuál va a ser la información a transferir (a los médicos) a través del Sistema Nacional de Salud'.
En cualquier caso, el director de Farmacia reiteró, una vez más, que 'una parte' del coste que supone la información a los profesionales sanitarios sobre medicamentos 'lo paga el Sistema Nacional de Salud', aunque 'pueda ser insuficiente', sin olvidar que los médicos acceden a la formación continuada que proporcionan los laboratorios 'utilizando tiempo del Sistema Nacional de Salud'.
Desde el Ministerio de Sanidad se considera, asimismo, que la situación actual no es la de hace 15 años, 'cuando los médicos tenían dificultad para acceder a información actualizada', y se aboga por 'tener en cuenta la nueva realidad' adoptando un 'sistema prestigiado y basado en las evidencias científicas'.
Para el responsable de Farmacia, la formación continuada que proporciona la industria es 'una actividad legítima que tiene en parte el soporte del dinero público, ya que tampoco hay que olvidar que entre el 14 y el 16 por ciento del precio de los medicamentos se destina a financiar estas actividades desarrolladas por los laboratorios'. 'Se desconoce que una parte importante de los recursos de esta actividad son posibles porque el SNS los paga', tal como apuntó Martínez Olmos.
La OMC aboga por una política farmacéutica en la que se garantice la libertad de prescripción y se contemple la posibilidad de no autorizar la sustitución de los fármacos
En cualquier caso, el Departamento que dirige Elena Salgado tiene intención de 'reforzar' la formación continuada de los médicos y a hacer 'autocrítica' del modelo tradicional, para lo que tiene previsto poner en marcha antes del verano un sistema para liberar aportaciones anuales con carácter estructural a las comunidades autónomas que permitan mejorar estas actividades.
Los fondos provendrán de la recaudación correspondiente a la aplicación de la disposición adicional incluida en los Presupuestos Generales de Estado para 2005, que establece la imposición por Ley de un descuento de la industria por su volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud. Según los cálculos de Sanidad, esta medida permitirá ingresar cerca de 180 millones de euros anuales. De ellos, la mitad irá a financiar proyectos de inversión aprobados por el Instituto de Salud Carlos III y el otro 50 por ciento a 'políticas de cohesión, actividades de formación de profesionales sanitarios y promoción del uso racional del medicamento'.
No obstante, la industria mantiene una visión radicalmente distinta, como dio a entender en el encuentro de la OMC el director general de la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria), Humberto Arnés, quien entiende que la Administración está 'equivocada' en su forma de abordar la cuestión de la promoción de los fármacos, ya que los medicamentos tienen el precio intervenido y 'no es lógico' que se detraigan fondos de las cuentas de resultados de las empresas (en referencia a la tasa incluida en los Presupuestos) para financiar la formación de los profesionales.
La impresión de la OMC
Por último, en una Asamblea General celebrada el pasado mes de marzo, la Organización Médica Colegial, todavía presidida por Guillermo Sierra, suscribió un informe sobre el Plan realizado por los doctores Juan J. Rodríguez Sendin, Francisco Toquero, Antonio Fernández-Pro, Josep Fumadó, Jerónimo Fernández, Pedro Hidalgo, José Manuel Esteban y Pedro Silva.
El informe de la OMC concluye que existe la necesidad de realizar un plan general e integral de política farmacéutica en el que se garantice la libertad de prescripción del médico y la posibilidad de no autorizar la sustitución de medicamentos cuando el médico lo considere necesario, así como que contemple, entre otras cuestiones, el control del mercado del medicamento, el gasto hospitalario de fármacos y la introducción de la leyenda 'consulte a su médico' en los sistemas de promoción y publicidad.
También recuerda el documento de la OMC que 'la adquisición de los productos farmacéuticos sin la debida indicación o prescripción en su caso de un médico es un riesgo para la salud del paciente al no estar cimentada en los conocimientos precisos y requeridos para ello', además de ser 'una infracción grave' de la oficina de farmacia que 'se menciona de pasada' en el Plan de Sanidad y a la ante la que no se propone 'ninguna medida para su control, cuando, por ejemplo, buena parte del consumo de antibióticos en España corresponde a esta práctica'.
Finalmente, consideran 'llamativa la ausencia de discusión acerca del copago, y de las posibilidades de mejora para lograr que el mismo cumpla su objetivo', por lo que entienden que 'se supone que se mantendrá la actual política de distribución del copago, sin hacer esfuerzo alguno para mejorar su equidad o fundamento científico'. así como de medidas para evitar el aumento del consumo de medicamentos.