Mónica Martín, Madrid.- Varias asociaciones de médicos españoles han denunciado que el proyecto de creación de una macrobase de datos que recoja todas las historias clínicas de los ciudadanos españoles pone en peligro la intimidad del individuo, la confidencialidad de los datos, el derecho de objeción de conciencia de los profesionales y la confianza en la relación médico-paciente.

Con estos principios, la Comisión de Libertades Informáticas (CLI), la Sociedad Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria (Scmfic), la Red Española de Atención Primaria,la Plataforma Diez Minutos, la Sociedad Española de Médicos Generalistas (SEMG ) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), bajo el auspicio de la Organización Médica Colegial (OMC) han presentado un "Manifiesto en defensa de la confidencialidad y el secreto médico".

La denuncia de estos profesionales tiene su origen en el proyecto que existe de crear una única base de datos central en la que se recogerán las historias clínicas de todos los españoles. Para su creación, los médicos tendrán que facilitar todos los datos de sus pacientes que serán, posteriormente, enviados a través de Internet para almacenarlos en un único archivo.

Según las citadas organizaciones, un segundo modelo compuesto por bases de datos distribuidas en las que se incluyan sólo algunos datos clínicos relevantes, "donde no aparezca identificación alguna del ciudadano", explicó Pedro Cañones, secretario de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), quien apuntó que para algo existe el Conjunto Mínimo de Datos (CMD) que recoge datos epidemiológicos, administrativos, etcétera,pero no el nombre o el domicilio del paciente, por ejemplo. "El CMD está consensuado por todos los profesionales como los datos suficientes para una buena gestión clínica, razón de más para que no se incluyan más datos", subrayó.

Así el manifiesto, que ha sido elaborado por un doctor malagueño y suscrito por los facultativos integrados en las citadas organizaciones, también recoge que "el anonimato estricto es idéntico al secreto y los datos anónimos pueden cumplir casi todas las tareas de administración. Sólo contadas informaciones clínicas personalizadas son relevantes para la gestión clínica".

El documento también dice si se lleva a cabo la creación de la gran base de datos "no sólo está en peligro la intimidad, sino el ejercicio de otros derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación y a la defensa de la salud y de la vida". "El secreto es un deber del médico y un derecho del paciente(") y sólo en contadas ocasiones y bajo el imperio de la Ley, el derecho a la confidencialidad puede subordinarse a otras consideraciones", añade. "Basta una única fuga, en un único punto para que los daños sean catastróficos e irreparables (") deben, por tanto, primar soluciones tecnológicas pequeñas y repartidas".

Confianza en el médico

Otro aspecto que preocupa al colectivo de facultativos es la confianza que se da entre el médico y el paciente. "Son muchas las ocasiones en la que los pacientes utilizan al médico de confidente y le cuentan intimidades que no sabe ni siquiera su familia" argumentó Rafael de Pablo, médico de Atención Primaria y representante de la Plataforma Diez Minutos.

Según este profesional, si el doctor se ve obligado a incluir todos los detalles en un archivo está poniendo en peligro la confianza de su paciente. "Podría considerarse como un ataque grave a la confianza del enfermo que puede desembocar en una pérdida de respecto del paciente hacia su médico", indicó.

"El paciente tiene derecho a que se requiera su consentimiento previo para la recogida y utilización de los datos (") en definitiva, tiene autonomía y poder de disposición sobre sus datos personales", dice el manifiesto. En este contexto, Pedro Cañones dijo a EL MÉDICO INTERACTIVO que lo que pretenden es" que el ciudadano sepa lo que está ocurriendo y se generen movimientos sociales".

En este punto también se pone en jaque una prerrogativa del médico que es "su derecho a la objeción de conciencia en las relaciones administrativas, profesionales o de cualquier otra índole, paralelas a la surgida entre él y su paciente", concluye el manifiesto.

Intereses económicos

Ramón Morera, presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Scmfic), ha argumentado que las compañías telefónicas han facilitado mucho la elaboración de un proyecto con una único base de datos ya que esa información viajará por la Red y supondrá un beneficio para esas empresas y un coste al que tendrán que hacer frente las autonomías. En este sentido, el secretario general de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, recalcó la "apetencia generalizada por parte de Sanidad de aproximarse al primer modelo – refiriéndose a una única base central- pese a que algunas Administraciones han manifestado su deseo de bases más pequeñas. Sólo esperamos que este manifiesto haga recapacitar a los gestores", declaró.

En palabras de Javier González, portavoz de la FADSP, los datos de los ciudadanos, sobre todo, los que hacen referencia a la salud son "muy codiciados por las multinacionales privadas", por lo que hay que tener sumo cuidado con su utilización. Entidades bancarias y aseguradoras son ejemplos de firmas que podrían abusar de esos datos utilizándolos únicamente en respuesta a sus intereses económicos.

González agregó que da la impresión de que son los propios gestores los que "quieren tener esos datos en sus manos" lo que hará que terminemos con un "excelente instrumento, la red informática, utilizado en contra de los pacientes en lugar de tender a mejorar la asistencia pública", argumentó.

Precedente

El primer precedente que se conoce de un registro general de historias clínicas está en el País Vasco donde el Servicio de Salud – Osakidetza ha desarrollado el programa Osabide en el que se recogen los datos de los 2 millones de ciudadanos", señaló Juan Gervás, en representación de la Red Española de Atención Primaria. Ante estos hechos, dos médicos decidieron advertir a sus pacientes de que se iban a utilizar sus historias clínicas mediante la colocación de carteles en sus consultas con el resultado de que han sido sancionados a dos años de suspensión de empleo y sueldo. Por otra parte, este profesional también subrayó la falta de una regulación que resuelva el problema de la confidencialidad en toda Europa.