El Gobierno ha respondido a CC. OO. y UGT convocando la mesa de negociación. Todo ello en el marco del diálogo social, para dar cumplimiento a su compromiso de cerrar un acuerdo de retribuciones y de condiciones de trabajo en la Función Pública.

A este respecto, el área pública de CC. OO.  y UGT Servicios Públicos ven positiva la convocatoria de la mesa de negociación. Sin embargo, advierte al Gobierno que para cerrar un Acuerdo, debe garantizarse el poder adquisitivo de las y los empleados públicos. También la calidad del empleo y la mejora sustancial de las condiciones de trabajo. Todo ello parte necesariamente por la derogación de los recortes del 2012.

De esta forma, desde UGT y CC. OO. van a plantear la necesidad de cerrar un acuerdo de retribuciones plurianual. Este debe permitir el mantenimiento del poder adquisitivo. Esto incluye revisar al alza los incrementos también para este año 2022, fijados imperativamente en el 2 por ciento en los PGE 2022.

Acuerdo de retribuciones

En este sentido, de cara a un futuro acuerdo de retribuciones, desde ambos sindicatos insisten en que no se va a permitir la constante pérdida de poder adquisitivo. Ya son 14 años sin actualización de los salarios para el personal del Servicio Exterior. Tampoco van a atrás al sector público empresarial. Al mismo, hay que garantizarle el derecho a la negociación colectiva y la afectación plena de los Acuerdos de la Función Pública.

Igualmente es necesario acometer mejoras en el acceso al empleo público. Especialmente en la carrera, promoción y clasificación profesional. En materia de empleo, además de llevar a buen término la estabilización de las plantillas, resulta del todo imprescindible avanzar en la eliminación de tasa de reposición. Asimismo, el acometer de manera urgente un plan de empleo para el rejuvenecimiento de las plantillas.

Junto a estas materias y de cara a la negociación de los PGE 2023, es necesario acometer otras, no menores. Por ejemplo, la revisión de las indemnizaciones por razón de servicio o de residencia; las mejoras de haberes reguladores de clases pasivas y la recuperación de las aportaciones a los planes de pensiones públicos o la jubilación anticipada.