E.P. Pamplona.- La Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, ha entregado en el Parlamento de Navarra un informe de su oficina sobre Salud Mental, con un análisis de las carencias que estos pacientes afrontan, recomendaciones para mejorar la atención, un plan integral, una carta de derechos del enfermo mental y otra de servicios. En la Comunidad foral, estos enfermos son unos 17.000 y 5.500 las familias afectadas.

El trabajo parte de que en 16 años, desde el primer Plan de Salud Mental de Navarra de 1986, se ha avanzado poco desde la Administración, mientras la enfermedad ha seguido su evolución: "mayor complejidad, nueva población de enfermos crónicos, nuevas patologías, nuevos condicionantes socioeconómicos". Frente a ello, explica, "no existe una planificación razonable".

El trabajo de la Defensora incluye una serie de conclusiones sobre la situación de este grupo de personas. En primer lugar, se señala que se ha producido un "trasvase de la responsabilidad del sector público a los servicios sociales, al sector privado y a las familias, sin una dotación de sistemas de apoyo". Las familias, explica Aranda, también han evolucionado y no quieren o pueden afrontar las mismas cargas que hace unos años.

También concluye el trabajo que no fue positivo la conversión de la dirección general de Salud Mental en subdirección y que el Plan Sociosanitario diseñado por el Gobierno "constituye un freno a otro tipo de iniciativas posibles". Añade que "la crónica falta de entendimiento entre Salud y Bienestar Social forma parte de los problemas de coordinación que se detectan y se traducen en quejas".

La Administración, sostiene la Defensora del Pueblo, mantiene un "criterio económico" que "pone en cuestión" la atención a estos enfermos, a los que se ofrece una red sanitaria organizada deficientemente y con escasos recursos. "La crisis del sistema surge por una planificación insuficiente en el área de salud y la carencia de presupuestos para el área sociosanitaria (bienestar social)", se agrega en el informe.

La Defensora defiende un sistema de atención comunitaria para estas personas. Los pacientes mentales que viven con familiares presentan una discapacidad mínima, que es seria o muy seria en aquellos que viven solos, el 40,6 por ciento. "Es gravemente preocupante la situación de aquellos pacientes que no aceptan el tratamiento sanitario o continúan consumiendo sustancias tóxicas o viven en la exclusión social", señala el estudio.

Otra conclusión es que las familias buscan, en este contexto, la ayuda del sector privado y algunos de los familiares se están constituyendo como un grupo de "emergencia social", ante el agotamiento y el estrés que sufren como cuidadores de enfermos mentales.

"Además de la angustia por el futuro, en muchas familias existen problemas económicos muy graves derivados de pensiones bajas y los gastos sobreañadidos de la atención al enfermo", agrega María Jesús Aranda en su informe. A su juicio, la atención debe tener un carácter universal, porque se está "potenciando" a su juicio la autogestión y las ayudas "graciables y de bajo perfil".

Recomendaciones

En este contexto, la Defensora del Pueblo realiza una serie de recomendaciones, comenzando por la redacción de un nuevo modelo de gestión de estos enfermos y la constitución de una red de servicios integrados de Salud Mental. Todo, dentro de un Plan Integral de Salud Mental que el Gobierno debe elaborar, en el que se prevea la evolución de este colectivo, se planifiquen medidas, se calcule el coste de la atención, etc.

También propone María Jesús Aranda una carta de los derechos del enfermo mental y una carta de servicios a estas personas, que tienen que ver además reforzada su participación en el mercado laboral, con un "impulso de la normativa existente, para su aplicación".

Otra de las recomendaciones es que se creen marcos de actuación con todas las organizaciones que trabaja en Navarra con los enfermos mentales y que se trabaje en la promoción de la Salud Mental.

Una medida también incluida en el informe es que se elabore un protocolo de actuación en casos de crisis agudas y ante la decisión del internamiento de estas personas, una "carga emocional" sobre las familias. Sería una forma también de defender "con las mayores garantías" los derechos de los ciudadanos enfermos.

Por último, María Jesús Aranda reclama garantías para estas personas con trastornos psíquicos en los procedimientos judiciales por incapacitación. Pide así que se agilicen los procesos, para lo que serían necesarios más medios judiciales.