El último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado el pasado 14 de diciembre en Logroño, sirvió una vez más para constatar la inutilidad e inoperatividad de un órgano que, en lugar de erigirse como la principal estructura del sistema sanitario, lamentablemente no es más que un escenario para el enfrentamiento partidista estéril donde se decide poco o nada que permita avanzar hacia una Sanidad más equitativa y de mayor calidad para los ciudadanos. Esta vez, tras muchas horas perdidas tratando de llegar a un acuerdo en torno a las prestaciones básicas del sistema y tras la habitual 'trifulca política', en esta ocasión a cuenta de la contabilización de las listas de espera, el Ministerio de Sanidad anunció el reparto a las comunidades de 70 millones de euros para actualizar los conocimientos de los médicos sobre los medicamentos y su uso racional.
Sanidad entiende que, pese a que los principales destinatarios del plan sean los médicos, deberá establecerse una especial consideración con el colectivo MIR
Esta medida es la base de un programa que, a su vez, forma parte de un conjunto de actuaciones en materia de formación e información elaboradas por el Ministerio para favorecer el uso racional de los medicamentos, y que serán financiadas con un total de 105 millones de euros. Asimismo, pone de relieve el impulso que el equipo dirigido por Elena Salgado pretende dar a la formación continuada de los médicos en materia de medicamentos, con el fin de que no sean sólo los laboratorios farmacéuticos los que tengan a nuestros facultativos a la última sobre los nuevos tratamientos y opciones terapéuticas.
En este sentido, el pasado 2 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que incluye un título completo dedicado al uso racional de los medicamentos y un capítulo del mismo a 'las garantías de formación e información independiente y de calidad para la utilización adecuada de los medicamentos', donde lo más destacado es la puesta en marcha, posiblemente a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), de un sistema 'ágil, eficaz e independiente que asegure a los profesionales sanitarios información científica, actualizada y objetiva de los medicamentos y productos sanitarios'.
En lo que se refiere al programa de formación continuada presentado por el Ministerio en la reunión celebrada en Logroño el 14 de diciembre, la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, explicó al término del encuentro que los fondos son una consecuencia de la modificación de la Ley del Medicamento y de la incorporación en la Ley de Presupuestos del año de una disposición por la que los laboratorios tienen que contribuir a la financiación de la investigación y de la formación del profesional sanitario en proporción a su volumen de ventas.
A la hora de distribuir los fondos, el criterio adoptado por Sanidad ha sido el de población, y en función de los datos del padrón de 2004, el mismo utilizado para los fondos de cohesión.
A la hora de distribuir los presupuestos de los que se ha dotado al plan formativo, se ha seguido el mismo criterio que el empleado para los fondos de cohesión
Por su parte, el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, distinguió dos partes en el plan presentado por el Gobierno central en materia de uso racional de los medicamentos: la que hace referencia a la distribución de los fondos a las comunidades autónomas y la relacionada con los criterios para gastar esos fondos. En cuanto a la distribución de los fondos, consideró que es 'inaceptable' porque 'supone desviar fondos de los laboratorios y del Sistema Nacional de Salud a financiar políticas del Ministerio que debían de ser financiadas con fondos del propio Ministerio, y no con fondos de las comunidades'. No obstante, explicó que esta actuación emana de una norma que 'mientras no se declare inconstitucional hay que cumplir' y que, por lo tanto, 'hay unos dineros que distribuir a las comunidades'. 'Nosotros hemos pedido que se distribuyan, sin ser finalistas, con criterios objetivos de población y que las comunidades destinen ese dinero a los planes que consideren más oportunos o más prioritarios dentro de sus políticas activas', según sus palabras.
A juicio del máximo responsable de la Sanidad madrileña, 'no es admisible que se hable de formación en un tema tan importante como el uso racional de medicamentos y sólo hablemos de médicos. hay que hablar de otros colectivos sanitarios como farmacia hospitalaria y farmacia de Atención Primaria fundamentalmente, y eso no es de recibo, así como en el documento presentado se hagan insinuaciones como si ninguna comunidad autónoma hubiera hecho nada en este tema nunca, y lo que se hubiera hecho estuviera mal hecho'.
Además, Lamela señaló que tampoco es aceptable que el Ministerio hable en su propuesta de financiación de actuaciones de comités de ética hospitalaria o de formación continua, cuando son 'competencias exclusivas' de comunidades autónomas, por lo que 'vulnera las competencias de las comunidades'. En este sentido, y al margen de la distribución de los fondos, el documento en el que se sustenta la propuesta tendrá que ser retocado por la Comisión de Farmacia del CISNS para conseguir un documento 'más racional', según el consejero de la CAM.
Distribución de fondos
En lo que se refiere a la distribución concreta de los fondos entre las comunidades autónomas, el reparto se realizó destinando un fijo de 100.000 euros por comunidad y el resto siguiendo el citado criterio de población. Así, el reparto resultó ser el siguiente: Andalucía, 12.219.000 euros. Aragón, 2.070.000. Asturias, 1.793.000. Baleares, 1.606.000. Canarias, 3.120.000. Cantabria, 975.000. Castilla y León, 4.032.000. Castilla-La Mancha, 3.015.000. Cataluña, 10.841.000. Comunidad Valenciana, 7.262.000. Extremadura, 1.795.000. Galicia, 4.437.000. Madrid, 9.251.000. Murcia, 2.141.000. Navarra, 1.022.000. País Vasco, 3.435.000. La Rioja, 563.000. Ceuta, 218.000. y Melilla, 207.000.
El Ministerio justifica este reparto de fondos, que por otra parte da cumplimiento a un compromiso asumido por el Plan Estratégico de Política Farmacéutica, reconociendo que el médico 'es una figura central en el SNS', y señalando que 'la mejora continua de la calidad de la prescripción constituye un elemento de vital importancia en la consolidación del SNS, puesto que, además de favorecer la eficiencia, puede producir beneficios en términos de salud, puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y un mejor control de las enfermedades crónicas y puede disminuir las complicaciones de muchas patologías, reduciendo los ingresos hospitalarios y la mortalidad'.
En este contexto, el programa 'responde a la necesidad de articular una estrategia formativa de carácter integral por parte del SNS que permita asegurar el desarrollo de acciones formativas sobre medicamentos para los médicos del mismo'. En este sentido, desde el Gobierno se entiende que 'esta estrategia formativa ha de ser estable y permanente en el tiempo, con la finalidad de asegurar la necesaria continuidad de la actualización de conocimientos que en el ámbito de la farmacoterapia se producen continuamente'.
Además, y aunque los destinatarios de las acciones formativas serán los médicos del SNS, Sanidad entiende que 'deberá otorgarse una especial consideración al colectivo de los MIR, ya que estos profesionales se encuentran en el momento en el que se produce el aprendizaje de lo que serán sus pautas de prescripción'. Asimismo, la selección de las acciones formativas corresponderá a las comunidades autónomas, mientras que el Ministerio establecerá un sistema que permita identificar la existencia de propuestas similares para minimizar la duplicación de esfuerzos para la misma tarea'.
En cuanto a los apartados temáticos preferentes, los programas contarán con cuatro áreas de formación preferentes: actualización clínica y terapéutica de las patologías más prevalentes en España. nuevos principios activos incorporados a la prestación farmacéutica del SNS. fomento de los medicamentos genéricos, y acciones relacionadas con las enfermedades producidas por el consumo de drogas.
En cualquier caso, este reparto de fondos no es una acción aislada, ya que se encuadra en un programa que forma parte de un conjunto de actuaciones en materia de formación e información para favorecer el uso racional de los medicamentos, que serán financiadas con un total de 105 millones de euros.
Así, además de los 70 millones dedicados a la formación continuada de los médicos, el Ministerio de Sanidad y Consumo destinará 15 millones de euros a poner en marcha acciones de información, dirigidas tanto a profesionales como a la población general, para favorecer el uso racional y responsable de medicamentos. mientras que, por otro lado, se dedicarán 20 millones de euros al desarrollo de la política de cohesión sanitaria, en lo que se refiere a ensayos clínicos independientes, y la colaboración en la formación de miembros de los comités éticos de ensayos clínicos y actuaciones para mejorar la calidad de la prestación farmacéutica.
Formación e información
objetiva
Además de corresponderse con el contenido del Plan Estratégico de Política Farmacéutica, las medidas aprobadas en Logroño en materia de formación continuada reflejan la voluntad política del Ministerio de Sanidad de proporcionar a los médicos información 'objetiva', y diferenciada a la que reciben en el marco de las actividades organizadas por la industria farmacéutica, sobre los diferentes tratamientos.
En este sentido, la nueva Ley del Medicamento, cuyo proyecto fue aprobado el 2 de diciembre por el Consejo de Ministros y que será tramitada por las Cortes a lo largo de la primera mitad de 2006, hace hincapié también en esta misma cuestión y establece en su artículo 74 que 'las Administraciones públicas sanitarias dirigirán sus actuaciones a instrumentar un sistema ágil, eficaz e independiente que asegure a los profesionales sanitarios información científica, actualizada y objetiva de los medicamentos y productos sanitarios'.
Según Sanidad, este sistema, que se pondrá en marcha a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), distribuirá información a los profesionales sobre los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, e incluirá toda la información sobre principios activos, nombres comerciales, presentaciones en el mercado, precio de venta al público, fichas técnicas, prospectos, modificaciones en las autorizaciones de comercialización, alertas de farmacovigilancia, etcétera, que esté disponible en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y en la propia AEMPS.
La selección de las acciones formativas corresponderá a las CC.AA., mientras que el Ministerio evitará la duplicación de esfuerzos para la misma tarea
Así, se pondrán a disposición de los médicos las últimas novedades terapéuticas autorizadas, sobre los ensayos clínicos existentes y sobre los últimos medicamentos genéricos incorporados al mercado. Esta información estará accesible gratuitamente para la totalidad de médicos y farmacéuticos de España a través de Internet y será difundida a los profesionales mediante una clave individualizada.
Por otro lado, el Sistema de Información sobre Medicamentos facilitará periódicamente 'aquellos informes que se consideren de interés clínico relevante para los profesionales y que hayan sido elaborados por el Ministerio de Sanidad y Consumo, los Servicios de Salud de las comunidades autónomas e instituciones académicas', así como una serie de guías terapéuticas, tanto para Atención Primaria como para Especializada, que se pondrán a disposición de los profesionales también de forma gratuita.
En este sentido, la propia ministra de Sanidad, Elena Salgado, destacó la formación sobre el uso racional de los medicamentos como uno de principales objetivos de la nueva ley. Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que el pasado 2 de diciembre aprobó el proyecto de Ley, Salgado se refirió al ahorro previsto de cerca de 1.000 millones, para 2007, por la aplicación de la Ley, si bien advirtió que los principales ahorros 'se producirán entre todos, por una mejor prescripción de medicamentos y un uso más racional por parte de los ciudadanos'. 'Debemos procurar que todos los medicamentos tengan cada vez mayor seguridad y a precios que contribuyan a que el dinero que deja de gastarse por el incremento de la factura farmacéutica pueda dedicarse a otras prioridades dentro de la Sanidad', dijo Salgado, quien agregó que 'nuestro porcentaje (de gasto) en farmacia es mayor que en el caso de otros países. y ésa es la situación que poco a poco nos gustaría ir reconduciendo'.
En este contexto, defendió la necesidad de que los médicos prescriptores reciban 'información objetiva para reforzar su independencia' a través de un sistema de información independiente basado en los datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Régimen sancionador
En el mismo artículo 74, y además de la puesta en marcha del sistema de información, la nueva Ley del Medicamento refleja el compromiso que deben tener las Administraciones públicas con la promoción de la formación 'universitaria y post-universitaria continuada y permanente sobre medicamentos y productos sanitarios de los profesionales sanitarios', y establece que deberá impulsarse 'la constitución de centros propios de información de medicamentos en las estructuras de Atención Primaria o en hospitales, Sociedades Científicas, Colegios profesionales y demás entidades públicas o privadas'. así como la publicación de guías farmacológicas.
Por otro lado, en lo referido a la calidad de la información farmacológica que llega hasta los médicos, la Ley regula que 'deberá ser rigurosa, bien fundada y objetiva y no inducir a error, y a ajustarse a la ficha técnica' del fármaco en cuestión. Además, en el caso de informes o artículos sobre medicamentos financiados por un laboratorio o entidad relacionada con el mismo, 'deberá especificarse esta circunstancia en la publicación'.
Asimismo, la Ley indica que 'las ofertas de premios, becas, contribuciones y subvenciones a reuniones, congresos, viajes de estudios y actos similares por cualquier persona, física o jurídica, relacionada con la fabricación, elaboración, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, se harán públicas (') y se aplicarán exclusivamente a actividades de índole científica cuando sus destinatarios sean facultativos en ejercicio clínico o las entidades en que se asocian'.
Los programas contarán con cuatro áreas como actualización en enfermedades, nuevos principios activos, fomento de genéricos, y patologías por drogas
Además, 'en los programas, publicaciones de los trabajos y ponencias de reuniones, congresos y actos similares se hará constar la fuente de financiación de los mismos y los fondos obtenidos de cada fuente', una obligación que afectará también al medio de comunicación 'por cuya vía se hagan públicos y que obtenga fondos por y para su publicación'.
En este contexto, la nueva norma incluye en su régimen sancionador, como infracción grave, el hecho de que los profesionales sanitarios implicados en la prescripción de medicamentos, siempre que estén en ejercicio, realicen 'funciones de delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agentes informadores de los laboratorios de medicamentos'. También se considera infracción grave que los profesionales, o sus parientes o personas de su convivencia, acepten con motivo de la prescripción de medicamentos con cargo al SNS 'cualquier tipo de incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios efectuados por quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos y productos sanitarios'.
Así, conductas de este tipo por parte de un facultativo podrán acarrear multas de 30.001 a 90.000 euros, cantidades nada desdeñables pero poca monta comparado con las multas de hasta un millón de euros o, incluso, más para aquéllos que cometan una infracción muy grave como, por ejemplo, en el caso del investigador de un ensayo clínico, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación o las normas de buena práctica clínica, o la realización de un estudio 'sin ajustarse al protocolo aprobado cuando suponga perjuicio en los derechos de seguridad y bienestar de los sujetos o afecte a la credibilidad de los datos obtenidos'.
Combatir el mal uso
de los medicamentos
Por otro lado, dentro de este conjunto de iniciativas, y centrando el objetivo en los pacientes, el Ministerio decidió poner en marcha en otoño una campaña de concienciación sobre el mal uso de medicamentos, sobre la base de evidencias como que el 28 por ciento de los españoles consume por voluntad propia medicamentos conocidos o prescritos anteriormente, sin consultar con el médico, un mal uso de los fármacos que acaba causando uno de cada tres casos de urgencias atendidos.
Se trata, según la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María del Val Díez, de implantar una cultura del autocuidado de la salud basada en que la exigencia de la receta médica para la dispensación de determinados fármacos 'se cumpla a rajatabla como en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos'. De hecho, en la nueva Ley del Medicamento, la dispensación de medicamentos sin receta, cuando ésta resulte justificada, como en el caso de los antibióticos, aparece como una infracción grave, lo que supone que el farmacéutico podría tener que hacer frente a una multa de hasta 90.000 euros.
La Ley incluye un régimen sancionador para los profesionales que, implicados en la prescripción de medicamentos, cometan infracciones contempladas en la nueva normativa
Aunque entonces la propia Del Val Díez reconoció que en España 'estamos muy lejos de cumplir con algo tan evidente como es el uso racional de medicamentos', esperemos que el nuevo panorama esbozado por la nueva Ley del Medicamento, siempre que no sufra demasiados cambios en su paso por el Congreso y el Senado, haga posible una mayor responsabilidad de todos los agentes de la cadena en la utilización de un bien esencial cuyo buen uso es esencial para el funcionamiento de un sistema sanitario que es uno de los principales logros de la sociedad.