Es posible que el último gran escenario de debate antes de la celebración, fijada en un principio para el 23 de junio, y pospuesta, en principio para el próximo 28 de julio, de la segunda Conferencia de Presidentes autonómicos para dar 'luz verde' al nuevo modelo, fuera el Senado, que albergó un debate sobre financiación sanitaria el pasado 31 de mayo con la participación de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y de los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. En el transcurso de esta cita parlamentaria, Salgado reiteró la importancia de evitar que el proceso se convierta en un 'instrumento de confrontación partidista', algo que obviamente no ha conseguido en los últimos meses, en los que el Partido Popular y las comunidades donde gobierna han hecho de la cuestión uno de sus caballos de batalla en materia sanitaria.
A juicio del Ejecutivo, las autonomías deben tener un margen de maniobra para crear impuestos y destinarlos a Sanidad
Al margen de las disputas partidistas, en la actualidad el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe estudiar, antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes, los informes encargados a los grupos de trabajo de población y de análisis del gasto sanitario.
En el primer caso, según explicó la propia ministra en la Cámara Alta, se está estudiando el crecimiento de la población, que ha superado el siete por ciento en los últimos cinco años, si bien con una distribución 'muy desigual'. Sin embargo, tal como indicó Salgado, 'los incrementos de recursos entre comunidades autónomas han sido muy homogéneos en términos relativos y eso puede haber generado desequilibrios en aquellas comunidades autónomas de mayor crecimiento que, por lo general, se atribuye al crecimiento de la población inmigrante'.
En cuanto al trabajo del grupo de análisis del gasto sanitario, está elaborando un informe que incluye un análisis descriptivo de la evolución y la composición del gasto sanitario público en los últimos años, y que, en segundo lugar, intenta desentrañar sus causas y los factores determinantes. En su reunión del pasado 11 de mayo, los miembros este grupo discutieron aspectos técnicos relacionados con los datos de gasto sanitario, así como sobre los indicadores a utilizar, tanto para explicar la variabilidad del gasto como para ofrecer una aproximación a su eficacia y eficiencia, dando cumplimiento así al mandato de la Conferencia de Presidentes.
Para la ministra, el hecho de que las actividades del grupo se estén desarrollando en un entorno de 'mutua colaboración' y de 'completa transparencia', ya que 'todas las comunidades autónomas reciben el conjunto de todos los datos', así como sus miembros participen de forma 'muy activa y constructiva', 'constituye un factor clave para garantizar que el informe que se remita al Consejo de Política Fiscal y Financiera sea, además de riguroso y objetivo, enormemente útil'.
De hecho, gracias a este informe será posible contar por primera vez 'con información que hasta el momento era desconocida' tanto para la Administración central como para las comunidades autónomas, incluyendo datos relativos al gasto real, a la distribución de éste en conciertos, a las retribuciones de los profesionales o al consumo de productos farmacéuticos en hospitales.
Paralelamente, los expertos están cumpliendo con el mandato emanado de la primera Conferencia de Presidentes, celebrada en octubre de 2004, y ya están trabajando en el desarrollo de un sistema de información sanitaria, con el fin de mejorar 'el conocimiento del funcionamiento y eficiencia del Sistema Nacional de Salud, que garantice la accesibilidad al mismo por parte de todos los agentes del sistema, que asegure la integración y la comparabilidad de los datos, y que permita el seguimiento de la consecución de los objetivos de salud que se establezcan'.
Según las previsiones que maneja el Gobierno, el informe final del grupo de trabajo de análisis del gasto sanitario será remitido a todas las comunidades y ciudades autónomas en forma de borrador para que pueda ser discutido antes de elevarlo a la última reunión del grupo, en vísperas de celebrarse al cierre de esta edición. Dicho informe será posteriormente remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera que, a su vez, remitirá una propuesta a la Conferencia de Presidentes. Posteriormente, las decisiones finales se presentarán al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, tal como aseguró Elena Salgado, 'formarán parte de ese plan de calidad e igualdad para la mejora del Sistema Nacional de Salud que anticipó el presidente del Gobierno en su debate de investidura'.
El propio Gobierno ha reconocido la inferioridad del porcentaje del PIB dedicado a la Sanidad con respecto a otros países y asegura tener planes para aproximarlo a la media europea
El propio Gobierno reconoce que el porcentaje del PIB dedicado a la Sanidad pública en España es inferior al de otros países de nuestro entorno y, al menos según la intención expresada por Salgado, el Ejecutivo tiene entre sus planes 'que esos porcentajes se vayan aproximando', lo que a juicio de la máxima responsable del Departamento del Paseo del Prado 'no quiere decir que no se estén destinando más recursos para la Sanidad porque los ingresos tributarios han crecido extraordinariamente durante los últimos años y, por tanto, se ha aportado dinero adicional a las comunidades autónomas'.
'Sin embargo, soy consciente de que en algunos casos es insuficiente porque, entre otras cosas, la variabilidad de la población ha sido muy fuerte', dijo Salgado, quien añadió que, por otro lado, 'el envejecimiento de la misma supone un mayor gasto sanitario y, por ello, desde el Ministerio de Sanidad se ha insistido al grupo de trabajo en que se haga una distribución de aquella población que se ha incorporado al Sistema Nacional de Salud en los últimos años, porque la variable de la edad es la más determinante'.
En relación precisamente con el porcentaje del PIB destinado a financiación sanitaria, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) propusieron, no hace mucho, un 'pacto por la Sanidad pública' que contemple un incremento de un punto del Producto Interior Bruto (PIB) para gasto sanitario y que cuente con el compromiso de los profesionales y la participación de los ciudadanos.
Ambas organizaciones reclamaban el desarrollo de un pacto que tenga en cuenta las necesidades de una mejor gestión en la selección y prescripción de medicamentos, un impulso a la Atención Primaria y una asistencia orientada a las necesidades de los ciudadanos.
Al hilo de ello, el presidente de la semFYC, el doctor Luis Aguilera, manifestó que el origen de 'muchos de los problemas que arrastra la Sanidad pública' es el 'escaso' presupuesto destinado a Sanidad. No obstante, considera que este pacto no debe circunscribirse sólo al ámbito económico, sino que debe contemplarse como un 'pacto global que cuente con el consenso político, sanitario, social y profesional, es decir, con la participación de todos los colectivos'.
'Un incremento del gasto sanitario, e incluso la modificación del modelo de financiación sanitaria, aunque necesarios para corregir los déficits económicos del sistema, si no van acompañados de reformas estructurales como potenciación de la Atención Primaria, medidas de racionalización del gasto farmacéutico o mejoras de la racionalidad y calidad de la asistencia, generarán a medio plazo la misma situación de déficit que tenemos en estos momentos', en opinión esta vez de Manuel Martín, secretario de la FADSP.
La oposición de las CC.AA. del PP
Por su parte, los responsables sanitarios de las comunidades donde gobierna el PP critican que el Ministerio se haya negado a dialogar sobre financiación en el foro que consideran más adecuado, es decir, el Consejo Interterritorial, hasta el punto de que se han visto obligados a buscar el amparo judicial, presentando un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
En palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Vicente Rambla, resulta 'dramático' que las comunidades del Partido popular tengan que acudir 'a cualquier instancia posible porque Salgado es incapaz de llevar al Consejo Interterritorial la posibilidad de que las distintas comunidades autónomas tengan la opción de hacer propuestas sobre aquellos aspectos que creen que más preocupan al conjunto del Sistema Nacional de Salud'.
La repercusión del incremento de la población en casi un siete por ciento, con una distribución desigual, es uno de los principales elementos a estudiar ante el tema de la financiación sanitaria
'Nosotros no vamos a ser quienes marquemos cuáles son las modificaciones impositivas que se tengan que acometer en el sistema tributario para conseguir más recursos para las comunidades autónomas. Ya sabemos que no. Pero sí tendremos que ser quienes definamos cuáles son los parámetros, los contenidos del gasto, del desarrollo futuro para, sobre la base de esas propuestas, definir cuáles son las necesidades de financiación de las distintas comunidades autónomas', señaló Rambla en la Cámara Alta, quien agregó que el Ministerio de Sanidad 'no puede permanecer ajeno al debate nacional que en este momento está manteniendo todo el mundo, sobre la financiación sanitaria'.
En la misma línea, la consejera de Salud de las Baleares, Ana Castillo, entiende que 'ha llegado la hora de la concreción', y que no puede seguirse con 'debates estériles que no llevan a ningún puerto'. 'No podemos creernos que se pretenda solucionar esta situación simplemente en un foro como el de la Conferencia de Presidentes si previamente no se ha analizado y dialogado en el foro competente, que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en donde sí podemos aportar ideas y trasladar nuestras experiencias como consejeros de Salud', aseveró la consejera balear.
Por su parte, el titular de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, que en este asunto ha actuado con frecuencia como portavoz de todas las comunidades gobernadas por el PP, ha pedido reiteradamente a la ministra que los grupos de trabajo 'hagan propuestas constructivas' con el fin de evitar 'la ceremonia de la confusión de que mientras un ministro dice una cosa, el vicepresidente económico dice otra, o que incluso mientras el presidente del Gobierno dice que el nuevo sistema de financiación sanitario tendrá reflejo en los presupuestos de 2006, el vicepresidente segundo diga que no, que eso, evidentemente, es responsabilidad de las comunidades autónomas y que serán éstas las que tendrán que asumir la financiación íntegra'.
'Terminen la ceremonia de la confusión, aclárense ustedes y cuando tengan una propuesta inteligente, razonable y, desde luego, que garantice la cohesión y la solidaridad del sistema tráiganla a esta Cámara, al Consejo Interterritorial, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, adonde ustedes quieran, pero lleven una política y una posición coherentes, no sigan por este camino porque es el camino de la destrucción de la solidaridad del sistema', destacó.
Desde el posicionamiento de las comunidades socialistas, la consejera catalana, Marina Geli, recuerda que el modelo de financiación autonómico de 2001, aceptado por todos, presenta un problema 'muy grave', como quedó muy claro en el caso de Cataluña, donde la población que se tomó para cerrar el acuerdo fue la del censo de 1999, cuando había seis millones de habitantes, mientras que ahora existen 7.100.000 tarjetas sanitarias. Este factor, unido a otros como el envejecimiento de la población, la mayor demanda, los desplazados, el turismo de salud o el turismo habitual. son los responsables de la situación.
En cuanto al problema del gasto sanitario, Geli entiende que es necesario un pacto, ya que aunque 'nadie duda de que el mejor modelo lo constituye el Sistema Nacional de Salud con un privado complementario', es necesario saber 'cuál será el catálogo de prestaciones sanitarias, la cartera de servicios, y también cuáles serán los límites y la calidad'.
Nuevos impuestos para financiar la Sanidad
Aunque todavía no se conocen las conclusiones definitivas del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre financiación sanitaria, responsables del lado económico del Gobierno vienen dando 'pistas' en los últimos meses sobre por dónde pueden ir las cosas, lo que no ha hecho más que encrespar los ánimos entre las filas 'populares', como puso de relieve en el Senado el consejero madrileño.
Posiblemente, una de las mejores estas pistas la dio a principios de año el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien, en una aparición televisiva, señaló que la idea del Gobierno es dar 'más capacidad normativa' a las comunidades autónomas para que 'obtengan más recursos' para financiar la Sanidad. En concreto, se trata de que las comunidades disfruten de 'margen de maniobra' para poder 'imponer recargos' en unos casos o 'crear impuestos' en otros con el fin de dedicar más fondos para dedicarlos a la financiación sanitaria.
Para el máximo responsable del área económica del Ejecutivo, en el problema de la financiación de la Sanidad son las comunidades autónomas las que tienen que jugar 'el papel fundamental', aunque el Estado pueda 'ayudar' a resolver la cuestión. 'Hoy, el Estado es claramente más pobre que las comunidades. por lo tanto, pretender que los problemas de las autonomías los resuelva el Estado con sus recursos es una historia que responde al pasado', dijo Solbes.
En este contexto, señaló que hay que establecer 'sistemas de mejor control del gasto', así como 'buscar sistemas de financiación adicional de las comunidades dentro de sus recursos' y 'ver si gastan el dinero para lo que tienen previsto o tienen margen de ahorro para dedicarlo a gasto sanitario'. 'Lógicamente, el Estado está dispuesto a coadyuvar a la solución del problema, y coadyuvar dándoles más capacidad normativa a las comunidades autónomas en sus aspectos fiscales para que obtengan más recursos necesarios para financiar la Sanidad', indicó el vicepresidente.
A su juicio, las autonomías 'deben tener margen de maniobra en algunos casos para imponer recargos, en otros para crear impuestos, y en algunos casos para lógicamente reducir gasto en otro tipo de cosas y dedicarlo a la Sanidad'. 'En definitiva, de acuerdo con sus márgenes de maniobra tienen que agotar al máximo sus posibilidades', tal como expuso Pedro Solbes.
En este sentido, Pedro Solbes recordó que el anterior Gobierno del PP negoció con las comunidades para establecer un sistema de financiación 'aceptado por todas', e indicó que 'ese sistema ya no se tendría que modificar en el futuro'. En su opinión, gracias a ese sistema hoy en día 'las comunidades disponen, si no consideramos la Seguridad Social, aproximadamente del doble de recursos que el Estado para llevar a cabo sus gastos'.
Ante estos planteamientos del Gobierno, que podrían cristalizar en breve sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes, el consejero madrileño, Manuel Lamela, sostiene que 'antes de gravar a los ciudadanos' es necesario revisar el modelo actual, así como incrementar la dotación del Fondo de Cohesión, actualmente 'insuficiente ya que con la dotación actual para toda España ni si quiera se cubren los fondos que la Comunidad de Madrid reclama'.
Equidad entre CC.AA.
Por otro lado, y también desde las filas 'populares' se viene advirtiendo al Gobierno sobre el riesgo de que el modelo prime a unas autonomías frente a otras. En este sentido, el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, dejó claro el pasado mes de abril, tras reunirse con presidentes autonómicos de comunidades gobernadas por el PP, que el primer partido de la oposición no aceptará 'de ninguna manera' tratos discriminatorios ni entre comunidades ni entre ciudadanos ante la negociación del nuevo sistema de financiación de la Sanidad pública.
'No aceptaremos, a la hora de financiar la Sanidad, a la hora de modificar su sistema de financiación, ningún trato discriminatorio entre comunidades autónomas ni entre ciudadanos españoles y, por tanto, el modelo que se pacte debe requerir la unanimidad, como la que tiene el actual modelo aprobado en el año 2001', aseveró el líder de la oposición.
Por el momento, sí parece claro que las comunidades 'populares' acudirán a la Conferencia de Presidentes defendiendo una 'posición única' para dar 'ejemplo' de la coherencia del Partido Popular, y considerando que 'para subir los impuestos no hace falta una Conferencia de Presidentes'.
Parece ser un sentir generalizado entre las filas del PP que, cuando la reunión está 'a la vuelta de la esquina', las comunidades gobernadas por la 'derecha' 'por dónde va a ir el debate'. Por ello, hay en el Partido Popular quien opina que la actitud del Gobierno, así como su negativa a debatir sobre financiación en el Interterritorial de Sanidad, está 'poniendo en peligro' la celebración de la propia Conferencia de Presidentes.
Sin embargo, haya o no unanimidad, el Gobierno parece tener clara su voluntad de cerrar este asunto cuanto antes, hasta el punto de incluir en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año la revisión que afecte a la Sanidad en la reforma del modelo de financiación autonómica, según explicó en el pasado mes de mayo en el Congreso, durante el Debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Expertos trabajan en el desarrollo de un sistema de información sanitaria con el fin de mejorar el funcionamiento del SNS
El jefe del Ejecutivo dejó claro en ese foro que, una vez que la próxima Conferencia de Presidentes de comunidades autónomas haya abordado la mejora de la financiación sanitaria y las bases de la revisión del modelo general de financiación autonómica, el nuevo modelo general de financiación se acordará multilateralmente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para posteriormente convertirse en la correspondiente reforma legislativa durante 2006.