Antonio Morente. Sevilla.- El nuevo sistema de financiación de la sanidad española supone "un gran avance", pero es bastante mejorable porque, "desde el punto de vista de la suficiencia y equidad de la financiación sanitaria, la solución es bastante menos satisfactoria". De hecho, el nuevo marco "ha provocado una ampliación de las diferencias en la financiación por población", ya que la distribución de los fondos no tiene en cuenta todos los gastos a cubrir, un panorama que se ha terminado de completar con "los efectos de los traspasos".
Éstas son las conclusiones que se recogen en el estudio "La financiación sanitaria en el nuevo sistema de financiación autonómica", en el que no obstante se subraya que este modelo "supone un paso muy importante en numerosos aspectos": estabilidad, generalidad, autonomía, solidaridad, corresponsabilidad fiscal y unicidad de sistemas, entre otras cuestiones. El autor, Julián García Cabello, jefe del servicio de Informes Económicos y Financieros del Servicio Andaluz de Salud (SAS), detecta elementos a corregir, entre los que detalla la cuestión de la equidad.
Asimismo, incide en que "el incremento general de recursos ha sido más bien reducido en relación a la valoración de las necesidades del sistema que se hicieron en el debate público previo", lo que se traduce en una dotación del fondo de lo que era Insalud transferido "menor que el anterior acuerdo" y un fondo de cohesión "claramente insuficiente". A esto añade que "tampoco se han saneado las insuficiencias del sistema sanitario, salvo las que se hayan producido en el proceso de los traspasos realizados", aunque en el otro lado de la balanza coloca que "ninguna comunidad ha perdido y se ha consolidado la financiación del modelo anterior".
García Cabello asegura que "existe incertidumbre acerca de cómo evolucionarán los recursos del sistema", lo que contrasta con que el gasto sanitario "mantiene una clara tendencia creciente con factores poderosos que lo impulsan, como el gasto en farmacia". La cuestión se complica porque "los traspasos han provocado justos acuerdos de homologación de retribuciones, los cuales tendrán apreciables efectos financieros".
En este sentido, el autor da por hecho que "seguirá siendo ardua tarea acomodar el crecimiento del gasto al de los ingresos afectados". Por otro lado, y respecto a la suficiencia de cada comunidad, "no se han previsto fórmulas de actualización de las variables que miden las necesidades".
En su análisis subraya también la menor implicación estatal con el nuevo modelo ya que, aunque la asistencia sanitaria se mantiene como prestación de la Seguridad Social y por tanto la salvaguarda económica última es del Estado, éste "no parece asumir responsabilidades sobre la evolución del coste de la prestación en el futuro ni sobre posibles desigualdades en su ejecución, salvo las que se derivan del fondo de cohesión".
García Cabello recuerda, además, que la Seguridad Social sigue obteniendo recursos por servicios sanitarios que prestan las Comunidades Autónomas y que podrían revertirse a la prestación sanitaria, como los de la asistencia a población de mutualidades de funcionarios y extranjeros residentes, o las cuotas de asistencia sanitaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de algunos colectivos numerosos.