Introducción

La objeción de conciencia “es decir, la negativa al cumplimiento de un deber jurídico por razones de conciencia” no se encuentra reconocida en ninguna de sus posibles manifestaciones en los documentos internacionales de derechos humanos. Tan sólo la Constitución Europea reconoce, en su artículo II-70,2, el derecho a la objeción de conciencia “de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio”, lo cual supone una débil protección de este derecho al nivel del ordenamiento de la Unión.

Por su parte, la jurisprudencia sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque en algún caso ha admitido que las peticiones demandante objetor entran en el ámbito del artículo 9 del Convenio, siempre ha sostenido que este precepto no garantiza en cuanto tal un derecho a la objeción de conciencia.

En el ordenamiento jurídico español “además de la objeción al servicio militar (artículo 30.2 de la Constitución), hoy en día carente de aplicación práctica al haberse suprimido el carácter obligatorio de esta prestación- se encuentran reconocidos por el Tribunal Constitucional y en la normativa autonómica algunos supuestos de objeción de conciencia en materia sanitaria que después examinaremos.

Esta situación ha planteado el problema de la admisión de otros supuestos de objeción, cuestión íntimamente ligada con la de la naturaleza de esta figura jurídica. Al enfrentarse con esta problemática, el Tribunal Constitucional mantuvo en un primer momento el criterio de considerar la objeción de conciencia como un derecho fundamental no solo reconocido expresamente en el artículo 30.2 de la Constitución, sino también implícitamente en cuanto especificación de las libertades garantizadas en el artículo 16, 1 del mismo texto legal (sentencias 15/1982, de 23 de abril. 53/1985, de 11 de abril).

Sin embargo, posteriormente el Tribunal Constitucional modificó este criterio y consideró la objeción como un derecho autónomo de naturaleza constitucional no fundamental, aunque relacionado con las libertades religiosa e ideológica (sentencia 160/1987, de 2 de octubre). Asimismo manifestó que no existe en nuestro sistema jurídico un reconocimiento de la objeción de conciencia con carácter general (sentencia 161/1987, de 27 de octubre) y que, por ello, no cabe admitir más supuestos de objeción que los reconocidos expresamente en la Constitución o en una ley ordinaria (sentencia 160/1987, de 27 de octubre).

En nuestra opinión se debe seguir sosteniendo, a pesar del último criterio mantenido por el Tribunal Constitucional, la existencia en nuestro sistema jurídico de un derecho general a la objeción de conciencia. Derecho que tiene la naturaleza jurídica de fundamental, en cuanto forma parte de las libertades garantizadas por el artículo 16.1 de la Constitución.

En efecto, el rechazo de un derecho general a la objeción de conciencia y el mantener que sólo es factible cuando esté reconocido por una norma, hace muy difícil la comprensión de su reconocimiento en el supuesto del aborto en virtud de su consideración por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental (sentencia 53/1985, de 11 de abril). Además, si se niega la naturaleza de derecho fundamental a la objeción no se concibe cual es la razón por la cual cabe admitirla en el caso del aborto, que no está expresamente reconocida en norma alguna, y no en otros.

Por todo ello se debe seguir manteniendo, como decíamos, el reconocimiento en nuestro ordenamiento de un derecho general, de naturaleza fundamental, a la objeción de conciencia. Este reconocimiento no supone admitir la posibilidad de eludir el cumplimiento de los deberes jurídicos de acuerdo con el libre arbitrio individual. Supone simplemente que, en el supuesto de la negativa a cumplir un deber jurídico por motivos de conciencia, el problema planteado deberá resolverse, mediante un adecuado juicio de ponderación, como un caso de colisión entre la norma que reconoce el derecho y aquélla que prescribe el deber. Es decir, como un caso de límites al ejercicio de un derecho fundamental.

La objeción de conciencia del personal sanitario: concepto y reconocimiento

Puede definirse este supuesto de objeción como la negativa de los profesionales sanitarios a realizar una prestación obligatoria, o a cooperar en ella, por considerarla contraria a su conciencia.

Los posibles supuestos de este tipo de objeción son muy numerosos. Entre ellos cabe citar la negativa a participar en determinados programas de investigación en el campo de la Biología y la Genética, a la realización o cooperación en el aborto voluntario, a llevar a cabo algunos trasplantes, a la esterilización voluntaria, a la intervención en la eutanasia y a la aplicación de algunas técnicas de reproducción asistida. Debido a esta multiplicidad de supuestos, puede predecirse que el campo de la Sanidad será en un futuro próximo la sede por excelencia de los conflictos entre conciencia y ley.

En el derecho español hay tres supuestos de objeción de conciencia reconocidos en el ámbito sanitario. Uno de ellos es la objeción del personal sanitario a intervenir en la práctica del aborto, supuesto admitido por el Tribual Constitucional. Los otros dos, regulados por la legislación autonómica, son la objeción de los profesionales sanitarios al cumplimiento de las instrucciones previas y la objeción farmacéutica.

La objeción de conciencia al aborto

Este supuesto de objeción se configura como un modelo paradigmático, pues los criterios aplicables al mismo pueden ser trasladados con leves variaciones a los restantes casos de objeción de conciencia en el campo sanitario.

El Código penal exige, en el artículo 417 bis, que el aborto sea “practicado por un médico bajo su dirección”así como la presentación de unos dictámenes previos a su realización, emitidos por médicos especialistas, en los casos del aborto terapéutico y eugenésico. Por ello, en nuestra opinión, los sujetos que pueden ejercitar el derecho a la objeción son el médico y el equipo que debe practicar el acto abortivo, el personal colaborador “anestesistas, personal de enfermería, etc-, así como los especialistas encargados de emitir los dictámenes preceptivos. Por el contrario, debe entenderse que no está amparado por el derecho a la objeción el resto del personal “sanitario, administrativo y de mantenimiento- que preste sus servicios en un centro acreditado para la práctica del aborto.

En relación con la alegación de la objeción, creemos que la declaración del personal objetos será eficaz por si misma sin necesidad de su comprobación por una Comisión deontológica ni, menos aun, de la exigencia de una prestación sustitutoria. Asimismo, debe entenderse que la objeción puede plantearse en cualquier momento, no estando sometida su alegación a un plazo específico. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la obligación del médico de comunicar con carácter inmediato su negativa a realizar el aborto a la mujer que lo solicite, a fin de que ésta pueda acudir a otro facultativo con tiempo suficiente. Además de esta obligación, resulta conveniente, aunque no obligatorio, que el personal objetor ponga en conocimiento de la autoridad sanitaria correspondiente su objeción a intervenir en prácticas abortivas.

La alegación de la objeción comporta el derecho a no intervenir en la práctica del acto abortivo en sentido estricto, así como a no emitir los dictámenes previos, y a no realizar las actividades asistenciales anteriores “preparación del quirófano, del instrumental quirúrgico, etc.,- y posteriores al mismo. Además de la exoneración de intervenir en las actividades abortivas, la alegación de la objeción no puede suponer ninguna discriminación para el objetor. En relación con este punto, debe tenerse presente la necesidad de armonizar el derecho del objetor a no ser discriminado con la obligación de la Administración de adoptar las medidas pertinentes para evitar que la objeción suponga la imposibilidad de realizar un acto médico, legalmente permitido, en un centro hospitalario público.

Por último, la objeción de conciencia al aborto plantea la cuestión de los límites de este derecho. A nuestro juicio, dada la calificación realizada por el Tribunal Constitucional de la objeción como un derecho fundamental, al menos con referencia a este particular supuesto, el límite es el establecido por el artículo 16.1 de la Constitución, es decir, el orden público.

Dentro de este límite, se encuentra el constituido por el urgente o grave peligro para la vida o la integridad física o psíquica de la mujer embarazada. Es decir, el supuesto constitutivo del aborto terapéutico. Ante un supuesto de este tipo, siempre que no existan médicos no objetores disponibles, la objeción no exime al personal sanitario de hacer lo posible para salvar la vida de la madre, debiendo practicar el aborto si, de acuerdo con la lex artis, es absolutamente necesario para lograr esta finalidad.

Sin embargo, esta actuación sólo será legítima si la mujer consiente o no es posible conseguir su autorización por hallarse inconsciente, ni tampoco resulta factible consultar a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho con ella. Si por el contrario, se encuentra consciente y ha expresado su negativa al aborto, no podrá llevarse a cabo la práctica de éste porque para ello se requiere el consentimiento de la mujer (artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de la autonomía del paciente. artículo 417 bis.1 del Código penal). Y, en este punto, es evidente que está en su derecho de negarse, aún arriesgando su vida, por razones de conciencia o de cualquier otra índole a la realización del acto médico abortivo.

La objeción de conciencia a las instrucciones previas

Consiste este supuesto en la negativa del personal sanitario al cumplimiento de las cláusulas, contenidas en los documentos de instrucciones previas, que considere contrarias a su conciencia.

El artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica de autonomía del paciente, regula los denominados “documentos de instrucciones previas”. Por su parte, la mayoría de las Comunidades Autónomas han promulgado una legislación sobre el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas y han creado los correspondientes registros. Algunas de esta normas autonómicas reconocen el derecho de los profesionales sanitarios a formular objeción de conciencia respecto del cumplimiento de instrucciones previas. (Ley 3/2005, de 23 de mayo de la Comunidad de Madrid, artículo 3.3. Decreto 168/2004, de 10 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Valencia, artículo 5.3. Ley 1/2006, de 3 de marzo, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, artículo 6).

Ante esta regulación, es preciso señalar que resulta absurdo que unas Comunidades Autónomas reconozcan la objeción y otras no. Por ello, debemos reiterar cuanto dijimos sobre la configuración de la objeción de conciencia como un derecho fundamental y, por tanto, ejercitable sin necesidad de reconocimiento específico.

De acuerdo con esta normativa, parece razonable entender que podrán ejercitar la objeción las personas obligadas a respetar las instrucciones previas. Es decir, el médico, el equipo sanitario y cuantas personas atiendan al paciente (cfr. el artículo 3.1 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo de la Comunidad de Madrid).

Asimismo, al no establecer la normativa que reconoce este supuesto de objeción ningún procedimiento para su ejercicio, ésta podrá alegarse verbalmente o por escrito ante las correspondientes autoridades sanitarias. No obstante, deberá comunicarse también al paciente, a los representantes de éste si es que se han designado y a sus familiares. Por otra parte, formulada la objeción, ésta será eficaz por si misma sin necesidad de que sea comprobada por un organismo administrativo.

La objeción puede ejercitarse respecto de las cláusulas contenidas en el documento de instrucciones previas, y contra los deseos de los familiares si el tratamiento que solicitan no consta en el documento. Igualmente, podrá objetarse contra las peticiones de tratamiento formuladas por el representante si está designado. Evidentemente, no cabe objetar respecto de las cláusulas contenidas en el documento que sean contrarias al ordenamiento, a la lex artis o contraindicadas para la patología del paciente, porque se tienen por no puestas (cfr. el artículo 11 de la Ley 3/2005, de 23 de mayo, de la Comunidad de Madrid).

Los casos más frecuentes y problemáticos serán, sin duda, los referentes a las medidas paliativas. Entre ellos, cabe citar el deseo del paciente de que no se le den calmantes aunque tenga fuertes dolores, o el supuesto contrario, es decir, cuando la persona ha manifestado la voluntad de que se le suministren todo tipo de analgésicos, incluidos los que acorten su vida. Asimismo, plantearán especiales dificultades los supuestos relacionados con las medidas de soporte vital. Tales son, entre otros, el deseo del enfermo de que no se le prolongue artificialmente la vida o, por el contrario, su voluntad de que su vida sea mantenida por todos los medios aunque ello comporte un encarnizamiento terapéutico.

Por otro lado, es preciso poner de manifiesto que, en el caso de inexistencia de voluntad expresa del paciente sobre algún punto y cuando no sea factible consultar a sus familiares ni a su representante, el personal sanitario deberá proceder de acuerdo con la lex artis.

El ejercicio de la objeción exonera al personal sanitario del cumplimiento de las cláusulas objetadas y además, lógicamente, no puede suponer para el mismo ningún tipo de discriminación. Igualmente, exime al personal sanitario de la responsabilidad penal que conllevaría el incumplimiento de las cláusulas del documento de instrucciones previas de no haberse formulado la objeción.

La objeción de conciencia farmacéutica

Este supuesto puede ser definido como la negativa del personal farmacéutico a dispensar determinados medicamentos por motivos de conciencia.

En España, este supuesto de objeción está reconocido en la normativa de algunas Comunidades Autónomas (Ley 8/1998, de 16 de junio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, artículo 5.10. Ley 5/1999, de 21 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, artículo 6). Ante este panorama legislativo, son de aplicación las consideraciones anteriormente expuestas sobre la naturaleza de derecho fundamental de la objeción y su eficacia directa.

En relación con esta última cuestión, es importante señalar que el Tribunal Supremo ha reconocido la objeción farmacéutica apelando a la naturaleza de la objeción de conciencia como derecho fundamental. En este sentido, ha afirmado que el contenido constitucional de la objeción de conciencia “forma parte de la libertad ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la CE […], en estrecha relación con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 de la CE) y el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la CE) (… y por ello) no excluye la reserva de una acción en garantía de este derecho para aquellos profesionales sanitarios con competencia en materia de prescripción y dispensación de medicamentos” (sentencia de 23 de abril de 2005).

En relación con los sujetos de la objeción, parece razonable sostener, a pesar de lo manifestado por el Tribunal Supremo, que la objeción podrá ejercitarla no sólo el titular de la farmacia sino también el personal que trabaje en ella con la función de expedir medicamentos.

Este ejercicio es factible llevarlo a cabo, al igual que en los supuestos del aborto y de las instrucciones previas, verbalmente o por escrito.

La objeción exime a los que la manifiestan del deber de dispensar los medicamentos considerados contrarios a su conciencia, siempre que ello no suponga un peligro para la salud del paciente o usuario (Ley 8/1998, de 16 de junio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, artículo 5.10. Ley 5/1999, de 21 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, artículo 6). Esto resulta coherente con la consideración de la objeción como un derecho fundamental pues el límite establecido por el artículo 16.1 de la Constitución a las libertades en él garantizadas es el orden público, uno de cuyos elementos es la salud pública (según dispone el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad religiosa).