La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se han aliado para alertar de los efectos de la iatrogenia, reducir sus consecuencias y visibilizar a lo que consideran “un problema de salud pública de primera magnitud que trasciende las paredes de los hospitales y los centros de salud”. Ambas entidades han presentado el ‘Documento del grupo de trabajo sobre iatrogenia’, un acuerdo de colaboración para el estudio, el control y la prevención de efectos adversos prevenibles.

Serafín Romero, presidente de la OMC, ha mostrado su preocupación por “la cultura del intervencionismo médico, que, a veces, nos hace sobreactuar”. También se ha referido a la sobredimensión tecnológica, que puede aumentar los riesgos exponenciales, o el sobrediagnóstico, que es otro riesgo que puede derivar en tratamientos inadecuados. “Somos juez y parte del déficit organizativo, sobre todo cuando hay saturación en los hospitales o centros de salud”. En su opinión, “debe haber una formación integral propia de las competencias, y, por otra parte, una formación transversal que abarque las posibilidades de riesgo y todos los factores asociados”.

El informe propone ocho recomendaciones para realizar cambios estructurales en el sistema sanitario:

1. Las autoridades sanitarias deben reconocer la iatrogenia como problema de salud pública.

2. Las Administraciones Públicas tienen que aportar los recursos necesarios para desarrollar la Estrategia de Seguridad del Sistema Nacional de Salud.

3. Fortalecer los sistemas de información vinculados con la seguridad del paciente y los sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos existentes.

4. Publicar los resultados de las evaluaciones periódicas de la Estrategia de Seguridad del Paciente.

5. Fomentar la investigación de las causas y determinantes de la iatrogenia.

6. Proteger en el ámbito legislativo a los profesionales de las posibles repercusiones de los posibles eventos adversos.

7. Trabajar junto con las autoridades sanitarias, corporaciones profesionales, sociedades científicas, comisiones de bioética, universidades, organizaciones de pacientes, etc.

8. Aprobar un baremo de daños sanitarios que incremente la seguridad jurídica.

Precisamente, respecto a este punto octavo, Serafín Romero ha recordado la necesidad de aprobar el baremo de daños sanitarios “para evitar la medicina defensiva, que genera iatrogenia”. El presidente de la OMC ha comentado que “hay voluntad y consenso político”, liderado por el Ministerio de Sanidad, que ha puesto en marcha un grupo técnico de trabajo para adaptarse a la ley y aprobar el baremo en 2018. “Me considero una persona optimista, pero no acabo de serlo en este tema. Espero que el baremo sea una realidad, por el bien de todos, no solo del médico. Ahora se emplea el baremo de tráfico, que perjudica todavía más la situación”, ha señalado el presidente de los médicos de España.

“Errar es humano”

En la presentación del documento también han intervenido Beatriz González López-Valcárcel, presidenta saliente de SESPAS; Andreu Segura Benedicto, de la vocalía Grupos Trabajo de SESPAS, y Juan Manuel Garrote, secretario general de la OMC. Durante su intervención, Andreu Segura ha recordado que la iniciativa surgió de la preocupación de Sespas “por este problema principal de salud pública”. “Los daños que producimos los profesionales sanitarios sobre la salud no son anecdóticos. Errar es humano, pero nuestro objetivo es conseguir un sistema sanitario más seguro”.