Carmen A. Llamas, Valladolid. El Pleno de la Organización Médica Colegial debatirá el próximo viernes 24 de enero la situación actual de los certificados médicos en las diferentes Comunidades Autónomas y la Asamblea decidirá el sábado los acuerdos a tomar. Según las fuentes consultadas, el problema surgió hace unos años con un recurso interpuesto sobre los honorarios que se percibían en algunos casos por realizar los certificados. A finales del pasado año, el Tribunal de Defensa de la Competencia, de carácter económico, se pronunció sobre el asunto y condenó a 17 de los 52 colegios de médicos españoles, entre ellos a los de Valladolid, Zamora y Salamanca, tal y como informó EL MEDICO INTERACTIVO en su momento.
El origen del conflicto surgió porque mientras que algunos colegios, caso de La Rioja, sólo cobraban el valor del impreso oficial, otros percibían una cantidad de dinero añadida al extender un talón previo a la certificación. Además, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, en su artículo 126, fija un precio de 3 euros para cualquier certificado médico oficial. Ante esta situación, una de las decisiones inmediatas ha sido la de retirar los impresos antiguos y comenzar a distribuir los nuevos.
La situación ha afectado especialmente a tres de los nueve colegios de Castilla y León, los de Valladolid, Salamanca y Zamora, que fueron sancionados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a un pago de 12.020 euros. Esa misma cantidad fue la sanción para los 13 colegios restantes condenados, excepto para el colegio de Gerona, que presentó una defensa distinta y sólo resultó multado con 6.010 euros.
En declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, el presidente del Consejo de Castilla y León, José Ramón Huerta, ha señalado que 'la situación actual no es la misma en las distintas comunidades autónomas, pero algunos se lamentarán porque habrá una repercusión económica negativa para algunos colegios'.
Aunque los cobros no eran iguales en las distintas comunidades, baste como ejemplo lo que ocurría en Valladolid, donde un certificado de defunción costaba 18,42 euros de los cuales 2,79 correspondían al valor del documento oficial, mientras que el certificado médico ordinario suponía un desembolso de 9,30 euros '2,09 el impreso-. En Valladolid, según explica el presidente del Colegio, Miguel García Muñoz, el procedimiento era en términos generales 'añadir una especie de talón en el que figuraban los honorarios que percibía el médico por expedir el certificado médico, pero ahora esto sólo lo podrán hacer aquellos que no trabajen en exclusiva para el sistema público o quienes ejerzan su profesión en consulta privada'.
El Colegio de Valladolid ha difundido entre los colegiados una circular en la que se explica que 'la expedición de un Certificado Médico Oficial se entenderá como un acto médico más, el cual, realizado en horas de trabajo para las diferentes administraciones públicas, no conlleva el cobro de honorario alguno'. El documento añade que 'los que se realicen en el ejercicio privado de la profesión tendrán los honorarios que el buen criterio y rectitud profesional establezca y se cobrará directamente al solicitante'.
La pérdida económica que conlleva el cambio supone un perjuicio para la OMC, los colegios y los profesionales, destinatarios todos ellos de una parte de dichos honorarios añadidos. El doctor García Muñoz asegura que 'la Ley es igual para todos y a mi me parece que esto ha perjudicado bastante la economía de los colegios, porque los gastos se van a disparar'. La solución podría ser, en su opinión, 'compensar las pérdidas con una subida de las cuotas'.