Una de las preocupaciones de los epidemiólogos en esta pandemia ha sido la situación de los Servicios de Salud Pública. El debilitamiento de los mismos ha tenido numerosas consecuencias. Una de las más graves es la relacionada con las enfermedades objeto de vigilancia, las enfermedades de declaración obligatoria (EDO). Existen más de medio centenar de las mismas. El seguimiento de los casos de estas  enfermedades de declaración obligatoria ha sido prácticamente nulo. Así, se ha observado un notable descenso de las notificaciones, además de grandes limitaciones en los estudios de contactos.

Así lo ha concluido la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Por ello, ha dirigido por carta a los presidentes de los gobiernos autonómicos y al Ministerio de Salud, como responsables de la Salud Pública en la administración. El objetivo es que aborden el asunto con una “visión estratégica” de futuro.  La SEE recuerda que la crisis se ha afrontado con una estructura y unos recursos que “no eran los adecuados”.

Seguimiento de las enfermedades de declaración obligatoria

La SEE también analiza las posibles causas de esta falta de seguimiento de las enfermedades de declaración obligatoria. Así, destaca que el personal que habitualmente trabajaba en las EDO ha tenido que dedicarse, de forma casi exclusiva, a la vigilancia y el control de la COVID-19. El resto de los sistemas de vigilancia tampoco han podido desarrollar sus funciones por las mismas razones.

Como resultado, los retrasos en su detección se podrían traducir en aumentos en la transmisión de estas enfermedades. También de brotes epidémicos no detectables al inicio, lo que dificulta el control de los mismos.

Desde la SEE también recuerdan que con la inminente apertura al turismo existe un elevado riesgo de brotes  de estas enfermedades de declaración obligatoria. Es el caso de la  legionelosis. Especialmente, con la puesta en marcha de hoteles cuyas instalaciones han estado cerradas durante largos meses.