La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido que para incrementar el número de plazas MIR es necesario que las comunidades autónomas cuenten con un número "suficiente" de acreditación de unidades docentes.

“No se trata solo de incrementar plazas. Para poder hacerlo las CCAA tienen que tener la acreditación docente suficiente”, aclaraba Darias. “No puede ser que haya plazas acreditadas docentes y que no se convoquen porque las CCAA no las saquen”. En este sentido, insistió en que se está poniendo el énfasis en que se incremente la acreditación de unidades docentes. “Ya hemos recibido 115 solicitudes de nuevas acreditaciones docentes para el año que viene”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Senado, añadía que  este año se han quedado sin convocar el 3,5 por ciento de Medicina Familiar. Lo mismo ha ocurrido con el 25 por ciento de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Mascarilla en exteriores y sanitarios jubilados

En otro orden de cosas, el Gobierno ha conseguido sacar adelante, con 162 a favor, 153 en contra y 28 abstenciones, la convalidación del Real Decreto-Ley 30/2021. Este recoge la obligatoriedad del uso de las mascarillas por el gran incremento de casos durante la sexta ola de la pandemia de COVID-19. El RDL ha salido a delante pese a las críticas de la oposición y de sus socios parlamentarios.

Pese a ello, Carolina Darias, ha avanzado que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores por la sexta ola de la pandemia de COVID-19 es “estrictamente temporal”. Asimismo, ha afirmado que está “más cerca” su retirada.

Al margen del uso de la mascarilla, el decreto contiene disposiciones sobre otros asuntos. La primera faculta a los profesionales de la medicina y la enfermería jubilados pero contratados en centros sanitarios públicos y privados con motivo de la pandemia a poder compatibilizar esas tareas con su pensión durante todo este año. Asimismo, permite de forma temporal y transitoria, contratar a especialistas en Ciencias de la Salud con titulación obtenida fuera de la UE.

El Ejecutivo decidió apurar los plazos para la convalidación de esta norma con el fin de atarse los apoyos necesarios. La Constitución da un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara ratifique los decretos ley, que están vigentes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero si no reciben el aval del Pleno del Congreso, quedan derogados.