La participación ciudadana y profesional es una necesidad en el sistema sanitario público, la primera porque es a la población a quien se dirige este servicio público fundamental y es la ciudadanía la que la sufraga con sus impuestos, y los trabajadores de la Sanidad porque son quienes hacen posible el funcionamiento del sistema sanitario y son además quienes tienen los conocimientos técnicos.

No cabe olvidar que ambos tienen limitaciones, los primeros porque pueden verse influidos por intereses particulares y son más fácilmente manipulables por informaciones sesgadas y acientíficas, de lo que hay muchísimas evidencias, y los segundos porque pueden defender intereses corporativos y/o laborales por encima de los del sistema sanitario y de la población.

Pero existe una razón que comprende a ambos. Para asegurar un buen funcionamiento del sistema sanitario se precisa de la colaboración y la actuación combinada de ambas partes  porque los resultados en salud son el producto de acciones ciudadanas (especialmente en el ámbito de la prevención y la promoción, pero además de la utilización racional de los recursos y en la detección de los principales problemas de funcionamiento del sistema sanitario) y  por supuesto de los profesionales para que hagan un uso adecuado de los recursos de acuerdo con las evidencias científicas disponibles.  La participación de ciudadanos y profesionales es clave para poder garantizar la eficacia y la eficiencia de la Sanidad Pública, también porque hace que la población vea al sistema sanitario como algo suyo, que lo es de todos modos ya que lo sufraga con sus impuestos, y se sienta concernido de su funcionamiento. Precisamente por eso, la participación es un elemento importante en la defensa de la Sanidad Pública, puesto que una ciudadanía que se siente ajena al sistema sanitario es mas difícil que se comprometa en su defensa, mantenimiento y mejora.

La participación es uno de los principios establecidos por la Ley General de Sanidad (1986) que además establecía consejos de salud de área y zona básica, pero la realidad es que el gerencialismo que se impuso en Sistema Nacional de Salud pronto dejó de lado los organismos de participación que, en muchos casos, no se reunieron y, en otros, lo hicieron de forma esporádica y con escaso o nulo contenido. Solo algunas CC.AA. como Aragón y Castilla La Mancha avanzaron en su momento fórmulas de participación más concretas que, sin embargo, desaparecieron  tras las victorias del PP en ambas autonomías.

La experiencia demostró que existía una política de marginación sistemática de los órganos de participación a la hora de adoptar decisiones y que se mantenía a estas estructuras en el ámbito de la consulta y/o del conocimiento de decisiones ya adoptadas por las administraciones sanitarias. Fue precisamente esta marginación de los ámbitos de decisión lo que acabó favoreciendo el desinterés de la ciudadanía sobre estos organismos que acabaron convirtiéndose en un sistema de realizar reclamaciones o de mantener cuotas de representación institucional.

Un problema a la hora de avanzar en la participación ciudadana y profesional es la característica ausencia total de transparencia de la Sanidad Pública y la frecuencia con la que las administraciones sanitarias “maquillan” y/o manipulan los datos asistenciales, de manera que resulta realmente difícil poder realizar una evaluación del funcionamiento de Sistema Nacional de Salud y de los Servicios Regionales de Salud.

El Ministerio de Sanidad puso en marcha un portal estadístico que, por supuesto, mejoró la información disponible, pero que básicamente se nutre de datos desactualizados con lo que el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema sanitario se queda muy limitado. Con frecuencia es más fácil encontrar datos actualizados para España en la OCDE y/o Eurostat que en nuestro país, y por supuesto, en muchas ocasiones resulta imposible encontrar algunos datos importantes, como por ejemplo, las listas de espera desagregadas por CC.AA. o el gasto farmacéutico hospitalario, que parecen ser secretos de estado. Por otro lado, las webs de las CC.AA. suelen ofrecer datos que no solo están falseados sino que son increíbles. Un ejemplo es el denominado “Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud” que lo que ofrece es propaganda (p. ej.: se dice que la espera media para intervenciones quirúrgicas es de 15,5 días cuando las encuestas la sitúan en 7,3 meses).

En esta situación no es posible  la evaluación del funcionamiento del sistema sanitario de manera detallada y se dificulta de manera extrema cualquier decisión sobre organización y planificación del mismo y, por lo tanto, la participación. Otra ausencia notable es la existencia de mecanismos de evaluación de las tecnologías sanitarias, que debería de realizarse mediante una agencia pública de evaluación al estilo de NICE británico (Instituto Nacional para la Excelencia en la Atención Sanitaria). Algo que se echa en falta especialmente ante la agresiva política de la industria a la hora de imponer las “innovaciones” sanitarias (medicamentos, equipos médicos, etc).

Recuperar la idea estratégica de la participación ciudadana y profesional debería de pasar por:

1. Establecer sistemas de participación ciudadana y profesional en todos los escalones del sistema sanitario público: servicios regionales de salud, áreas, zonas básicas  de salud y centros sanitarios.

2. Garantizar la presencia en los mismos de representantes de la ciudadanía, de los trabajadores sanitarios y de la administración sanitaria.

3. Las fórmulas concretas en que configura esta representación deben de ser consensuada, y también se debe tener en cuenta que no tiene la misma lógica la representación en ámbitos muy cercanos a la ciudadanía (por ejemplo, las zonas básicas y los centros de salud) que en otros más alejados de la misma (los grandes centros sanitarios de referencia, las áreas de salud y, más aún, el consejo regional de salud). En los primeros habría que facilitar la participación directa de los ciudadanos y en los segundos debería realizarse a través de organizaciones representativas y/o de elecciones organizadas con ese fin.

4. Conferirles capacidad de decisión y de control sobre la gestión y el funcionamiento de la Sanidad Pública.

5. Garantizar la transparencia del SNS, para que los principales datos de funcionamiento del sistema sanitario sean accesibles a todo el mundo de forma actualizada.

6. Crear una agencia pública de evaluación del sistema y las tecnologías sanitarias.