Redacción, Madrid.- Las diferencias entre comunidades autónomas para fijar modelos de calidad en los servicios de atención a las personas con dependencia, producen situaciones en las que los centros ofrecen diferentes grados de confortabilidad y servicios a los residentes. Así lo han denunciado, con motivo del Día Europeo de la Discapacidad celebrado el pasado 3 de diciembre, las asociaciones de Dependencia y Discapacidad, que reclaman que debe establecerse un acuerdo marco sectorial que regule los requerimientos mínimos de los servicios que prestan estos centros.
Así, un estudio realizado por la Asociación Edad & Vida en colaboración con el Instituto Catalán del Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona resalta las diferencias entre las comunidades a la hora de fijar unos valores determinados. Por ejemplo en la mayoría de las Comunidades se ha fijado la capacidad máxima de los dormitorios en dos plazas, aunque hay casos en los que se permite hasta 6 plazas por dormitorio (Aragón, Madrid, y La Rioja) o no se ha establecido ningún límite (Cataluña).
Por otro lado, las Administraciones Autonómicas exigen que los centros residenciales faciliten directa o indirectamente la atención sanitaria a los residentes. Sin embargo, sólo algunas normativas exigen la presencia de personal sanitario propio, normalmente médicos (en cinco comunidades) o Diplomados en Enfermería (en ocho comunidades). Las diferencias también se encuentran a la hora de establecer una ratio de personal mínimo en los centros residenciales, que varía entre el 0,10 y el 0,40 en las plazas asistidas.
Tratamientos de rehabilitación accesibles
Por su parte, las asociaciones que trabajan con discapacitados infantiles aprovecharon la celebración de este día para concienciar sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los estos niños. Así recordaron que cada año nacen en España alrededor de 1.500 niños con parálisis cerebral y otras lesiones afines. La Fundación ASPACE-Navarra pretende concienciar a la sociedad en general, y a las administraciones públicas, en particular, sobre la necesidad de mejorar las condiciones de vida de estos niños haciendo más accesibles los tratamientos de rehabilitación.
Este tipo de trastorno es actualmente la segunda causa más frecuente de discapacidad en la infancia, después del retraso mental, y la primera de incapacidad o motora.
La organización creó en 1995 el Instituto Español de Educación Conductiva, que cuenta a su vez con un centro de Neurorrehabilitación en el que se utiliza el Método Petö, un tratamiento intensivo de rehabilitación dirigido a personas con parálisis cerebral y otros trastornos afines, y donde trabajan muy especialmente con niños y adolescentes.
Según la Fundación, En la actualidad existen tres comunidades autónomas que subvencionan de manera íntegra estos tratamientos intensivos. Navarra, la Comunidad Valenciana y recientemente Galicia, facilitan este tipo de rehabilitación a través de sus consejerías de Salud, una decisión que la fundación espera que se vaya ampliando al resto de autonomías.