La falta de profesionales sanitarios es un problema reconocido por todos los estamentos de la Sanidad pública. Hasta el mismo ministro de Sanidad, Bernat Soria, ha reconocido que hay un “cierto déficit”, que se convertirá en un serio problema en el horizonte el año 2015, con la jubilación de 7.000 médicos al año en toda España. De hecho, hay estudios, como los de Medical &amp. Science de Adecco, que pusieron cifra a esta carencia en el Sistema Nacional de Salud: 9.000 médicos, un tercio de ellos especialistas. Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad y los Gobiernos autonómicos idean propuestas, aunque muchas de ellas a largo plazo, como es el caso de la ampliación de las plazas en las Facultades de Medicina, lo que permitirá que, en un futuro, haya más profesionales a disposición del sistemas. Igualmente, se plantean tanto la contratación de médicos de otros países o incentivar el regreso de los especialistas españoles que están fuera. Sin embargo, la mayoría de estas decisiones son de cara a esa jubilación masiva de los próximos años y no tanto para la situación actual.

El déficit de facultativos también se palpa en grandes poblaciones como Cataluña o Madrid y hablando más en presente que en futuro. Estas dos comunidades autónomas, conscientes del grave problema y de la fuerte carga asistencial del sistema, abanderaron un proyecto para, a juicio del director gerente del Instituto Catalán de Salud, Francesc José María, “optimizar los recursos humanos del sistema” de forma inmediata a través de abrir la posibilidad a los propios médicos de desarrollar un segundo empleo dentro del sector público.

Esta alternativa propuesta por los Gobierno de estas Comunidades Autónomas choca con las leyes vigentes, algo que ha sido la gran base de las críticas de algunos colectivos sanitarios. La Ley 21/1987 de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración pone de manifiesto que la aplicación de esta normativa se inspira en el principio de dedicación del personal al servicio de las Administraciones públicas a un puesto de trabajo “es decir, la exclusividad”, y determina los colectivos afectados, entre los que están los médicos. En este sentido, no podrían desarrollar, en principio, un segundo empleo en el sector público.

Cataluña , “un caso especial”

El primer paso lo dieron las autoridades sanitarias catalanas. La Generalitat aprobó el 2 de octubre un acuerdo de declaración de interés público para que los profesionales sanitarios pudieran desenvolver, de forma voluntaria, un segundo trabajo de carácter asistencial en el sector público. Esta fórmula surgió a partir de las conclusiones del Consejo de la Profesión Médica, un órgano en el que están involucrados los sindicatos, las patronales, los Colegios Médicos, las Universidades y la Administración, y que aborda cuestiones relacionadas con la formación y la ocupación de los profesionales. La aplicación de esta nueva norma se basó en una brecha legal que existe en la Ley de Incompatibilidades, que pone de manifiesto en su artículo 4 que “el personal [sanitario] sólo podrá ocupar un segundo puesto de trabajo o ejercer una segunda actividad en el sector público si así lo exigiera el interés del propio servicio público”.


El ministro de Sanidad ha garantizado que se conocerán las especialidades más afectadas por el déficit de profesionales y las edades de los médicos en activo

Cataluña se acogió a este artículo y, partiendo del déficit de profesionales, apeló al interés público para abrir las puertas al segundo empleo en las seis especialidades más deficitarias del sistema (Pediatría, Psiquiatría, Ginecología, Radiología, Anestesiología y Medicina de Familia) por un período de vigencia de tres años revisable. Además, el Gobierno catalán jugaba con la baza de que sus facultativos tenían cierta tradición en trabajar en dos empleos. Según datos del Instituto Catalán de Salud, sólo el 46 por ciento de los médicos catalanes, en torno a los 4.000 profesionales, solicitaron el complemento de exclusividad en 2007, o lo que es lo mismo, un 54 por ciento desarrollaba una segunda actividad.

Madrid, soluciones de emergencia

A la estela de Cataluña siguió a principios de año la Comunidad de Madrid, que incluyó en su artículo 11 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2007 que “el personal sanitario de la Consejería de Sanidad podrá compatibilizar un segundo puesto de trabajo de carácter asistencial o ejercer una segunda actividad en el sector público, si así lo exigiera el interés del servicio público”. “Tenemos una gran necesidad de profesionales, sobre todo en cuatro especialidades en las que hay una carencia notable como Pediatría, Ginecología y Obstetricia, y Anestesiología”, apunta el director de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid, Armando Resino, que, al igual que se proclama desde Cataluña, recalca que la aplicación de esta medida es debido a un “caso de interés público, en el que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para elegir si lo lleva a cabo”. De todos modos, aclara que la apertura a un segundo trabajo en el sector público es una opción voluntaria para los médicos de “carácter extraordinario y puntual”, aunque en la propia Ley de Acompañamiento de los Presupuestos no establezca exactamente su duración.

Cataluña y Madrid abanderan un proyecto que otras regiones con un número considerable de profesionales sanitarios, como es el caso de Andalucía, han descartado por el momento, puesto que ven que existen todavía otras opciones que no entran en conflicto con la Ley de Incompatibilidades, como aumentar las plazas de las Facultades de Medicina, según detallan fuentes consultadas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, otras regiones se plantean seriamente seguir los pasos de las dos grandes comunidades autónomas. Es el caso de Castilla y León, cuya Consejería de Sanidad ha incluido entre las medidas a negociar con los sindicatos en mesa sectorial durante el período 2008-2010 el hecho de compatibilizar dos empleos dentro del sector público.

Otras regiones, en cambio, optan por un modelo parecido a la hora de optimizar los recursos humanos del sistema, aunque sin recurrir a la fórmula del doble empleo. Cantabria es un ejemplo en este sentido, al ofrecer a sus 571 médicos de Atención Primaria la posibilidad de compatibilizar su trabajo habitual con un complemento de cinco tardes al mes en un centro hospitalario, en horario de cuatro a once de la noche, lo que contribuye a “potenciar una mayor coordinación entre los médicos de familia y los de especializada”, según mantienen fuentes del organismo autonómico.

Una solución “jurídicamente dudosa”

Lo que no está del todo claro, al menos desde algunos foros, es si la aplicación de la medida incurre en una irregularidad jurídica. Algunas entidades apelan a que se ha caído en una interpretación errónea del llamado “interés público” que se hace referencia en la Ley de Incompatibilidades. Uno de ellos es la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que desde el comienzo ha puesto de manifiesto que la puerta abierta a un segundo empleo en la Sanidad pública supone “un error”. El portavoz de la asociación, Marciano Sánchez Bayle, hace hincapié en el caso de Madrid, al considerar que es “inadecuado” que una ley que tiene que ver con los presupuestos de una comunidad autónoma varíe una normativa que es superior como la Ley de Incompatibilidades. Es más, considera que ello supone una vuelta al pasado, en el que los “profesionales podían ejercer varios puestos de trabajo a la vez”. Por otra parte, añade que cualquier puesto de trabajo que está dotado de un complemento específico es incompatible con el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público, salvo que se tratara de la práctica de la docencia.

El segundo empleo divide

a los sindicatos

Más allá de las dudas jurídicas, los sindicatos se encuentran divididos ante la alternativa de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario. CCOO y UGT no se muestran conformes con la medida, algo en lo que disienten con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que recuerda que su aplicación está sujeta a la “voluntariedad”.

“Al médico no se le puede obligar a desarrollar un segundo empleo”, puntualiza el secretario general de Metges de Cataluña y uno de los miembros del Comité Ejecutivo de CESM, Patricio Martínez, que coincide con que lo ideal sería que existiera un modelo que conciliara la vida familiar y laboral de los profesionales y cuyas retribuciones fueran equiparables a las de un médico europeo. “Pero esto, por el momento, no es así”, puntualiza.

Con las mismas intenciones que CESM, aunque con una posición más crítica en este punto en concreto está UGT. La coordinadora de médicos de UGT en Cataluña, Griselda Martín Carpena, asegura que su sindicato “siempre ha estado en contra del pluriempleo” y más aún cuando “el déficit de profesionales viene de una mala planificación que se viene realizando desde hace más de 15 años”. Mientras tanto, el secretario general del sindicato en Madrid, Alfonso Merino, se muestra partidario de no contribuir con aquellas medidas que propicien una mayor carga asistencial.

Con la privada “sí se juega”

Las críticas que aluden al marco jurídico o al pluriempleo sorprenden a la Administración, que sostiene que se trata de algo voluntario. Además, tanto en Cataluña como en Madrid llama la atención el hecho de que se levante tanta polémica en el desempeño de dos profesiones en el sector público cuando el hecho de compatibilizar un puesto en la Sanidad pública y otro en la privada no supone ningún inconveniente y, en algunas comunidades autónomas, es hasta una práctica muy habitual. “Es una locura que hagan una segunda actividad en la Sanidad privada y que esté prohibido que trabajen en el sector público”, precisa Francesc José María, del Instituto Catalán de la Salud, que incide en el carácter voluntario de la medida.

La iniciativa del segundo empleo público ha tenido, hasta ahora, poca aceptación entre los facultativos según los datos manejados desde Cataluña

En el caso de Madrid, Armando Resino hace hincapié que los médicos que desarrollan un doble empleo no es nada novedoso. De hecho, muestra su incomprensión en que sí se permita la actividad pública unida a otra privada “sin poner ninguna objeción”, mientras que si es el caso de dos empleos públicos “sorprenda tanto que se ponga en funcionamiento”.

Una iniciativa con poco calado

A pesar de lo novedoso de la iniciativa, ésta no ha tenido aceptación entre los médicos, al menos, en Cataluña. El Instituto Catalán de Salud difundió a principios de año unos datos desalentadores: tres meses después de la puesta en marcha del acceso a un segundo empleo, sólo 26 médicos de una plantilla de 9.900 profesionales se ofrecieron como voluntarios. Los colectivos sanitarios contemplan, a tenor de los datos ofrecidos, que su aplicación tiene por ahora una incidencia escasa entre los facultativos.

La fórmula surgió en Cataluña, a partir de las conclusiones del Consejo de la Profesión Médica

En este punto, CCOO y UGT se suben al mismo carro de las críticas. Martín Carpena (UGT) aclara que la respuesta de los facultativos “tampoco ha sido tan apabullante” como para decir que vaya a dar soluciones a las carencias de profesionales en la Sanidad pública. Por su parte, la secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, María José Alende, ha indicado que las comunidades autónomas se ven obligadas a tomar en ocasiones “medidas excepcionales, como dobles contrataciones”, que después no tienen el calado necesario como para ponerse en práctica con eficacia.

En esta línea marcada por los dos sindicatos se posiciona también la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). “En Cataluña no se ha dado un paso grande”, señala su vicepresidente, Josep Basora, visto los pocos médicos que se han adherido a un segundo empleo público en una comunidad, como Cataluña, en la que más de la mitad de los profesionales sanitarios compatibilizan su trabajo en la Sanidad pública con otro puesto en la privada. Algunos, incluso, se preguntan las razones de esta falta de incidencia, como Martínez (CESM), que considera que se debe a la poca concreción de esta iniciativa. Así, detalla que hay poca claridad en la propuesta al no quedar especificada ni las condiciones de trabajo ni cómo se va a compatibilizar los horarios entre uno y otro empleo.

Horarios flexibles o inhumanos

El hecho de hacer compatibles los horarios de dos empleos supone una preocupación para los médicos que se plantean esta alternativa. Aunque Cataluña y la Comunidad de Madrid apelan a que se apostaría por flexibilizar los horarios para beneficiar a los médicos voluntarios, no se ha precisado cómo se efectuaría finalmente. En el caso madrileño, Resino descarta que su aplicación se traduzca en una sobrecarga de la jornada laboral. “El doble empleo no puede llevar a un deterioro de la calidad asistencial”, declara el director de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Madrid, que matiza que en los últimos meses se ha trabajado en un “planteamiento riguroso y coherente de cómo debe ser el desarrollo de la doble actividad”, en cuanto a los horarios de trabajo. De todos modos, deja en el aire cómo se actuará, ya que todo depende de “la situación personal de cada médico interesado”.

Frente a estas promesas de jornadas sin exceso de trabajo, la Asociación para la Defensa de la Sanidad pública considera que esta nueva normativa lo que hace es abrir un horario laboral “abusivo”. En este sentido, su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, recalca que es “inviable” que un médico pueda desempeñar un trabajo de 12 horas seguida en dos lugares diferentes si se tienen en cuenta, además de la carga asistencial, otros condicionantes, tales como el desplazamiento de un centro sanitario a otro o la comida. “Es imposible que una persona termine a las tres en un hospital y a las tres y media esté trabajando en otro”, señala Sánchez.

El segundo empleo no es suficiente

Todos coinciden, incluso las Administraciones regionales, que la alternativa de un segundo empleo en el sector público no va a solucionar las carencias de profesionales sanitarios, que es un problema con muchos años de existencia. Alende (CCOO) apunta a que el Ministerio de Sanidad ha dado la espalda al capital humano, hasta el punto de incumplir lo acordado en el Estatuto Marco, en el que se establecía la elaboración de un estudio sobre las necesidades presentes y futuras de la Sanidad pública y privada. Además, más allá de la alternativa de un segundo empleo, CCOO reivindica que se analice en profundidad el volumen de las plazas de médicos internos residentes, ya que considera “incomprensible” que, ante la carencia de profesionales, se establezca un examen al que se presentan 20.000 titulados universitarios y sólo se oferte plazas de formación sanitaria especializada para un tercio de ellos. Además, señala que otras medidas, como la llegada de médicos procedentes del extranjero, no es la mejor de las opciones, ya que “no es lo mismo la formación en la Unión Europea que en el resto del mundo y, por tanto, supondría una merma de la calidad asistencial”.

Por su parte, Patricio Martínez (CESM), aunque no es reacio a la medida de un segundo empleo público, es consciente de que no es la solución definitiva al déficit de profesionales sanitarios. Es más, se manifiesta a favor de acordar “un pacto serio por la sostenibilidad del sistema sanitario”, tanto en las retribuciones como en recursos humanos, para hacer frente a las demandas de médicos.

Hasta las propias comunidades autónomas son conscientes de que una medida aislada como la del doble empleo no va a conseguir un salto cualitativo. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, aplica esta norma como una pieza más de un puzzle de medidas contra la escasez de profesionales sanitarios, consciente de que dentro de diez años se producirá la jubilación de 2.100 facultativos. Además de esta acción inmediata, el responsable de RR.HH. sanitarios de la CAM explica que hay otra serie de acciones que se pueden emprender en el ámbito autonómico como la consolidación de empleo, el aumento de las ofertas de trabajo, la homogeneización de los salarios, a las que se pueden unir otras medidas estatales como “solventar el problema de los números clausus en el examen de acceso MIR”.

Algunas CC.AA. como Andalucía han optado por otras fórmulas que no entran en conflicto con la Ley de Incompatibilidades

Cataluña, por su parte, se moviliza con una batería de propuestas en los últimos meses, de manera que el doble empleo no se quede en una política aislada. La propia consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, anunció en los últimos meses la posibilidad de que los médicos de algunas especialidades “las más deficitarias de personal” puedan elegir si se jubilan a los 65 años o amplían su práctica médica hasta los 70 años. Además, Geli avanzó el pasado verano que evaluarían cuántos médicos harían falta en la Sanidad catalana con objeto de presentar ofertas de trabajo en otros países europeos.

En definitiva, la posibilidad abierta a un segundo empleo a los médicos se convierte en un aliciente más en la carrera a contrarreloj de las Administraciones sanitarias, conscientes del peligro que, dentro de unos años, acarreará las jubilaciones masivas al Sistema Nacional de Salud. Una situación, que más allá de propuestas concretas como ésta, requiere, tal y como ha comentado recientemente el ministro de Sanidad, Bernat Soria, un análisis exhaustivo sobre qué especialidades son las más afectadas por este déficit y las edades de los médicos en activo para poder atajar a tiempo los problemas que surjan en el futuro.