Blindar el modelo de Sanidad pública, recuperar los derechos perdidos por los trabajadores sanitarios por las medidas de ajustes e intentar sacar la salud de la refriega política son tres de los ejes que se ha marcado la Consejería de Salud de Andalucía para 2017, un año en el que mantendrá así sus líneas estratégicas y en el que volverá a contar con un aumento presupuestario. En concreto, ya se ha anunciado que la partida económica que recibirá este departamento subirá un 5,5 por ciento y rondará así los 9.300 millones de euros, lo que supone un incremento de alrededor de 500 millones (en 2016 Salud contó con 8.807 millones, de los que 8.129 los gestionó directamente el Servicio Andaluz de Salud), cuentas que se pueden dar por aprobadas gracias al pacto entre PSOE y Ciudadanos que sostiene al Gobierno andaluz.

Esto, en la práctica, supone que 4 de cada 10 euros del presupuesto global de la Junta de Andalucía se destina a Sanidad tras un segundo año con un incremento sensible en Salud (en 2016 la subida fue del 4,8 por ciento), todo ello con vistas a reforzar a la que desde la Administración andaluza se define como la 'joya de la corona', un servicio sanitario del que se insiste en que se ha preservado su carácter universal, público y de calidad cuando más apretaba la crisis. La Sanidad andaluza no ha sido ajena durante estos años a las estrecheces económicas, pero la apuesta inversora se ha mantenido y, se subraya, se ha logrado preservar el sistema de cualquier retroceso o tentación de privatización.Para rematar este blindaje de la Sanidad pública andaluza, la Consejería que preside Aquilino Alonso pretende utilizar argumentos económicos pero también legislativos, sentido en el que se enmarca la inminente aprobación de la Ley de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que entre sus objetivos tiene garantizar una inversión presupuestaria anual mínima que no se podrá rebajar nunca. Paralelamente, la Junta sigue enfrascada en su demanda de convocar una Conferencia de Presidentes para sellar con el Gobierno central un acuerdo sobre financiación autonómica, ya que calcula que entre 2009 y 2014 se ha producido un déficit por el que Andalucía ha dejado de percibir 4.672 millones de euros con los que, se insiste, se reforzarían las medidas sociales: Sanidad, educación y políticas sociales.

Otro de los caballos de batalla para 2017 es que los profesionales sanitarios andaluces ('que en los años difíciles han aguantado el tirón', tal y como les ha reconocido la presidenta andaluza, Susana Díaz) recuperen la totalidad de los derechos que perdieron con las medidas de ajuste. Por lo pronto, y para recomponer las plantillas, el SAS ya ha anunciado para el año que viene una convocatoria de 2.500 plazas, la mayor oferta de España. Junto a ello, la Junta mantiene que a partir del 1 de enero se producirá la efectiva recuperación de la jornada de 35 horas para todo el personal de la Administración andaluza, medida para la que se ha instado a formar un frente común a todos los grupos políticos del Parlamento andaluz (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU) ya que no se descarta que el Gobierno central presente algún recurso encaminado a paralizar esta iniciativa.

Lo que sí que es imposible es sacar la Sanidad pública del debate político, de hecho el PP ha iniciado una campaña que, presentada estos días por su presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, lleva por lema 'Que no jueguen con tu salud. #PorUna SanidadDe10' y contempla habilitar un número de teléfono para que los ciudadanos denuncien sus malas experiencias. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha reaccionado a esta iniciativa subrayando que los ataques a la Sanidad pública 'nunca son inocentes' y pidiendo 'disculpas' por los errores que se puedan producir, ya que es 'normal que no todo se haga bien' en un sistema de las dimensiones del andaluz, con 48 hospitales y 1.500 centros de salud. Eso sí, cree que esto no se puede usar para poner en cuestión un sistema que 'garantiza la igualdad y que es un orgullo para la inmensa mayoría de los andaluces'.