Al hablar de los Mestos es imposible obviar las opiniones de médicos como Antoni Gallego y Eugenio Tirado. Este último, que en la actualidad es secretario de comunicación e imagen de Metges de Catalunya recuerda cómo, a principios de los años 90 recibieron el encargo de los doctores Patricio Martínez y Josep Maria Bertrán y Soler para realizar una investigación sobre un fenómeno 'oculto e inexplicable'. 'Nos sentamos y descubrimos que había médicos no especialistas que eran contratados como tales. Nos preguntamos: ¿cuántos son? ¿dónde están? Pensábamos que serían apenas cuatro...', rememora.
El problema de los Mestos comienza a emerger, sobre todo, en CC.AA. que obtuvieron las transferencias sanitarias en los años 80
Para censar este fenómeno y cuantificar su magnitud, Gallego y Tirado elaboraron una encuesta que denominaron 'Mesto'. La paternidad del nombre es atribuible al primero, hoy en día secretario general adjunto de Acción Sindical de Metges de Catalunya. Tirado confiesa que buscaron un nombre 'provocador' para definir la situación de este número indeterminado de facultativos.
Especialidades como Alergología, ORL y Dermatología han resultado las más afectadas tras el proceso de acceso al título de especialista
Ambos diseñaron un perfil académico-profesional: dónde trabajaban estos facultativos, desde cuándo, su curriculum vitae, escogiendo únicamente a los que trabajaran de especialista sin serlo y hubieran seguido una formación. El enigma, según Tirado, estribaba en que, a raíz del 'boom' de médicos en las Facultades de principios de los años 80 se produjo una acumulación de hasta 60.000 médicos que no aparecían censados en ningún lado (sirva de ejemplo que la convocatoria MIR de 1983 ofertó unas 1.300 plazas para más de 30.000 aspirantes).
Difícil cálculo
La encuesta realizada se distribuyó con la, como evoca Tirado, 'importante' colaboración de la Confederación Española de Sindicatos Médicos y la Organización Médica Colegial que se encargaron de repartir las preguntas por los diferentes Colegios y sindicatos. El proceso Mesto serviría también para escribir una historia de cómo la informática se ha impuesto en nuestras vidas y de cómo tabular 3.000 cifras de una base de datos 'precisaba media hora de cálculo de programa Lotus en un ordenador 386. Menos mal que con el 486 se redujo a un minuto', recuerda, como anécdota, Tirado.
El resultado final arrojó 6.000 fichas, aunque no todas se pudieron incorporar a la investigación final por la falta de determinados requisitos, ya que se creó un circuito de validación de mínima actividad o que determinaba si la especialidad estaba clara o no (hubo profesionales que respondían trabajar en diferentes especialidades, por lo que eran descartados). El estudio estadístico resultante de los datos obtenidos sacó a la luz un enorme problema: el 70 por ciento de los profesionales encuestados trabajaban para la Sanidad pública.
Este facultativo lo explica asociando Mestos con transferencias sanitarias: 'En el territorio Insalud había una menor incidencia, las cifras, sin embargo, se acrecentaron en las comunidades autónomas con la Sanidad transferida a principios de los años 80, como el País Vasco o Cataluña. Al recibir las competencias sanitarias, se construyeron nuevas infraestructuras hospitalarias pero, al no haber especialistas, se contrataron médicos generales, que recibieron formación'. El proceso avanzó como una mancha de aceite por las citadas autonomías, para proseguir por la Comunidad Valenciana, Andalucía y, poco a poco, el resto de las comunidades autónomas. Al descubrir la magnitud del problema, las reacciones fueron de lo más variopintas.
Pese a que la valoración general del proceso ha sido positiva, éste queda 'ensombrecido' por la existencia de un grupo de facultativos que no acaba de poner fin a su situación
En 1994 se promulgó el primer Real Decreto (1776/1994), popularmente conocido como 'solución Mesto', que afecta a médicos con formación fuera del sistema MIR y contratos de especialistas antes de 1986. Se eligió esta fecha por ser el año de ingreso en la entonces Comunidad Económica Europea, ya que con anterioridad no se podía aplicar la legislación comunitaria con efectos retroactivos. Tirado relata cómo, al enviar los médicos sus curriculum al Ministerio de Sanidad para regularizar su situación, los responsables del Departamento 'se dan cuenta de que hay muchísimos más profesionales de los que creían, por lo que nos demandaron los datos de la encuesta realizada'. El saldo final es de unos 3.500 solicitantes, con un 43 por ciento de aprobados. Como consecuencia, se promulgaría un segundo Real Decreto (1497/1999), que, junto a la formación y el contrato, exigiría un examen para la obtención del título.
Aluvión de recursos
'Las pruebas fueron duras', reconoce Tirado. 'Y, aunque diseñamos cursos para acceder a ellas, en algunas hubo un gran éxito, pero en otras, como Alergología, Otorrinolaringología y Dermatología, el acceso a la titulación no resultó tan fácil', explica. Al final, se habla de un 70 por ciento de aprobados entre los admitidos. El número de suspensos disparó la presentación de recursos a más de un millar. Aunque el Real Decreto era claro en cuanto a las condiciones para acceder a la prueba, hubo aspirantes a los que no se les permitió examinarse, apelaron y, finalmente, lograron presentarse.
La dureza de los exámenes radicó, además, en que precisaban de una serie de requisitos como el que las preguntas tuvieran una demostración bibliográfica a disposición del Ministerio de Sanidad y Consumo antes de que se realizaran. Tirado denuncia, en este sentido, que no se cumplió: había inconcreciones, carencia de soporte científico o discusión en sus afirmaciones. 'Uno más uno es difícil que sea dos en Medicina pero, aunque se pensó impugnar la totalidad del Real Decreto, se descartó porque había que dar solución a los problemas de muchas personas', resume.
El desarrollo de la LOPS podría propiciar la entrada en vigor de un tercer Real Decreto. Tirado considera esta opción 'difícil'. 'Se demandan especialistas y sería un buen momento para retomar el tema. Si hay titulados con capacitación, que se les evalúe y, si necesitan formación adicional, que se les dé. Vienen años difíciles por la falta de profesionales y, si no se soluciona, el estado de la Sanidad empeorará', vaticina.
Necesidad de soluciones
El sindicalista considera que esta situación 'no debió de producirse nunca', aunque ha valido la pena 'por los resultados finales'. 'Se ha fracasado con todas las prospecciones demográficas, como demuestran las cifras que se manejan de inmigrantes que llegan a España, y hay que ser coherente. Además, la formación especializada debería ser obligatoria y estar garantizada. No puede ser que tras pasar seis años estudiando en la Facultad, con más de 5.000 horas de docencia cuando se acabe, no se tenga nada, ninguna salida. Es perder el tiempo, el dinero y engañar a la gente. No puede ser que los médicos sean los únicos en demostrar de manera permanente nuestra especialidad, que necesitemos un marchamo para trabajar, mientras que otras profesiones tan importantes para la sociedad, como arquitectos o abogado, por decir alguna, no se les exija lo mismo', lamenta.
Tirado apunta otra importante conclusión: 'no sólo existe un único sistema de formación. El que tenemos en España es muy bueno, pero existen otros en Europa y América que también serían válidos'. Queda un último y espinoso problema: la bolsa histórica que se está formando con licenciados post-95 de las Facultades de Medicina y no han podido formar parte de ninguna especialidad por la vía MIR. De nuevo, según Tirado, hay que buscar la solución en el exterior: 'en el extranjero se garantiza una formación en Medicina Familiar y Comunitaria. En España, aunque se reduce cada vez más el número de personas que se presentan al MIR, hay que dar una solución a los que no aprueban. Lo ideal sería que el médico hiciera la especialidad que quisiera y se sintiera capacitado', sentencia.
Antoni Gallego, por su parte, aunque hace una valoración favorable del proceso en su conjunto, señala también como una 'incógnita dolorosa', el futuro de los incluidos en esta bolsa histórica. 'La valoración debe ser positiva, porque se han producido dos Decretos leyes que han afectado a gran número de médicos con pleno derecho', señala, aunque, por otro lado, 'deja bastantes casos fuera de la decisión definitiva y personal'. 'Hay una población inestable que no termina de solucionar su situación', señala, aunque cree que el desarrollo de la LOPS 'terminará de consolidar el proceso, con el análisis de las especialidades donde faltan por desarrollar puestos de especial capacitación'.
'Mi visión de la situación 'explica' es que se ha dado una solución muy amplia pese a existir una serie de flecos que espero se vayan solucionando con la aplicación del Real Decreto de homologación y la LOPS'. Gallego achaca el aluvión de recursos de reposición presentados 'a una norma mal aplicada', por lo que en su mayoría se han aceptado, aunque en numerosos casos se ha debido de optar por la vía contencioso administrativa. Cree que, ahora, la responsabilidad es del nuevo equipo ministerial 'que debería dar un nuevo empujón al inmovilismo que hasta el momento no ha dado respuesta a especialidades como Alergología donde se disparaba a la baja de la media de aptos. En otras especialidades, el Ministerio ha afinado, habló con los tribunales y juntos vieron la normativa para que los aspirantes no tuvieran que llegar a la vía de lo contencioso administrativo. Por eso, ha sido un número muy reducido el de peritajes aportados a los recursos donde se hace la valoración de la prueba por falta de transparencia', tal como señala.
Baile de números
Por otro lado, resulta extremadamente paradójico que no haya ninguna cifra oficial del proceso. Gallego maneja un 76 por ciento de aprobados 'pero resulta imposible saber las cifras reales'. Otro tema pendiente es el de la resolución de los numerosos procesos abiertos por la vía contencioso administrativa. El representante de Metges de Catalunya cree que hay que estar atento para ver 'qué doctrina prevalece' y para que, además, 'no haya desviaciones de unas salas a otras'. 'Debe haber un mismo rasero, porque la documentación aportada por los médicos refleja 15 años de vida profesional efectiva', según apunta este facultativo.
En la actualidad, el sindicalista catalán trabaja en una propuesta para que al facultativo que no requiriera todos los conocimientos porque en la práctica de su ejercicio le faltaba parte de la especialidad, pudiera estar el tiempo en el rotatorio que el MIR reglamenta, y aunque reconoce que está 'muy lejos de la intención ministerial, podría ser considerado'.
La visión de la Administración
Emilia Sánchez Chamorro, subdirectora general de especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Educación, tras pasar por la Subsecretaría general de Formación Sanitaria y Relaciones Profesionales del Ministerio de Sanidad y Consumo, hasta que fue cesada por Celia Villalobos a comienzos de 2002, considera que el proceso de homologación de los Mestos 'está finalizado'. 'Se realizó el examen, se hicieron públicas las calificaciones, y los no conformes presentaron un recurso de reposición, que fue visto por los tribunales correspondientes, con un saldo final de más del 85 por ciento de aprobados', asegura.
En su opinión, se han cumplido 'los requisitos', ya que todos los médicos que trabajaban como especialistas sin titulación lo han obtenido. 'Estamos contentos con el resultado, los tribunales han sido sensibles. El 15 por ciento restante o bien no tenía las condiciones requeridas, bien no han superado el examen teórico o los casos clínicos o bien por tener deficiencias curriculares'. Como resumen, considera que el proceso ha sido 'muy meditado'.
El caso de Alergología
Entre todas las especialidades, el caso que más polémica ha desatado ha sido, sin duda, el de Alergología, con un mínimo porcentaje de aprobados. Los afectados están tan indignados que no han dudado en defender su posición ante este medio de comunicación, basada en decenas de documentos. Sus portavoces denuncian, en primer lugar, que los contenidos del examen no se ajustaron a lo exigido por el decreto que convocaba el acceso de la especialidad a los Mestos ('el examen versará sobre problemas comunes de la consulta diaria de la especialidad y de prevalencia contrastada en la comunidad' como cita la resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo del 14 de mayo de 2002).
Cuestiones como el síndrome Pájaro-huevo o el de hipersensibilidad a anticonvulsionantes que, por la rareza de los casos, por su nula prevalencia, se plantearon en la prueba y que no se corresponden a la práctica diaria de la especialidad, avalaron la presentación de una demanda judicial en diciembre de 2001 por la vía contencioso administrativa, que ha sido apoyada por numerosos jefes de Servicio y profesionales de prestigio como el doctor Alfonso Olivé (ex presidente de la Sociedad Catalana de Alergología e Inmunología Clínica), el doctor Antonio Basomba (jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario La Fe de Valencia), o el doctor Álvaro Cadahia (jefe de Sección de Alergología del Hospital General Universitario de la Vall d´Hebrón de Barcelona), entre otros muchos.
Como recuerda Antoni Gallego, 'el examen debía exigir a los aspirantes el nivel de conocimientos suficiente para desempeñar la especialidad en el día a día y no el nivel que se le exigiría a un catedrático'. Ángel García Cubero, copresidente del tribunal y responsable de la Comisión Nacional de la especialidad, aseguró, en su momento, que el nivel era bajísimo y que muchos de los aspirantes 'ni siquiera contestaban a las preguntas'.
Por otro lado, ciertos afectados sostienen que el tribunal está constituido, además de por García Cubero, por especialistas que ocupan cargos en asociaciones representativas de la especialidad, como la Comisión Nacional y que, ya en la memoria de actividades de 1996, dejaron constancia por escrito a ser contrarios a la obtención del título de alergólogo por una vía que no fuera el MIR, por lo que, según éstos, 'están claramente definidos'.
Baste recordar, en este sentido, el caso de la doctora Carmen Salceda, que consiguió que el Ministerio le pagara 20 millones de pesetas por los perjuicios económicos y morales que le causó la voluntad deliberada de la Comisión Nacional de impedir su acceso al título de la especialidad. Esta facultativa, tras concluir su formación en Alergología en Francia en 1986, trató de homologar el título en nuestro país después de cursar el período de formación complementario que la Administración considerara necesario. Al recibir dos negativas por parte de la Comisión Nacional de la especialidad sin fundamentar el porqué del rechazo, Salceda recurrió a la Audiencia Nacional, que reconoció el derecho, posteriormente avalado por el Tribunal Supremo, a que la Comisión determinase el tipo de formación requerida para la homologación del título.
Ésta se negó a cumplir la sentencia, por lo que tuvo que ser un experto independiente el que dictaminase que bastarían tres meses en el servicio de Medicina Interna en el Hospital Marqués de Valdecilla de Cantabria. Tras cumplirlo, finalmente, Salceda obtuvo su título tras 11 años de interminables gestiones. La sentencia de la Audiencia Nacional recogía, además, 'la voluntad objetiva de la Comisión de no aplicar el ordenamiento jurídico vigente, intentando bloquearlo con su inacción y, posteriormente, con la desatención durante cuatro años de los requerimientos de los tribunales para que ejecutase una sentencia firme'. Con este precedente, José Meléndez presidente del Grupo Mestho (Médicos Especialistas sin Título Homologado), declaró en su momento a este medio que el tribunal tenía 'mala fama por su forma de evaluar a la gente'. 'En el caso de Alergología no se aplicó el espíritu del Decreto 1497/99 en el que se trataba de otorgar la homologación del título a quienes llevan muchos años de ejercicio profesional', añadió.
Valoración aleatoria
Algunos de los afectados están convencidos, además, de la 'estrecha' relación entre determinados aspirantes (que curiosamente aprobaron con mejor nota) con los miembros que formaban el tribunal. Unos vínculos tanto de título personal como profesional. Por otro lado, aseguran que 'no se hizo ningún baremo calificatorio de los méritos de cada aspirante, de manera que dos personas con curriculos idénticos, fueron puntuados de forma diferente'. 'Se puntuó a ojo, de manera global y de forma arbitraria. Algunos de los méritos no fueron evaluados porque aseguraban que no se los creían', sentencian.
Tras realizarse el examen, se publicó el acta con las calificaciones, resultando que 8 de los 45 presentados eran aptos. Con esta acta en vigor, dos años después, en abril de 2003, se reunió de nuevo el tribunal y decidió, de manera unilateral, volver a evaluar el curriculum de los no aptos. Éstos denuncian en todas las instancias que se hace una nueva acta y se abre un nuevo período de presentación de méritos, lo que, según voces de los afectados 'es completamente ilegal'.
Estos facultativos hicieron pública su indignación, pero apenas resultaron escuchados. 'Fuimos ninguneados por Ana Pastor, los responsables del Ministerio de Sanidad, en aquel entonces, se rieron de nosotros y, al final, se realizó un cambalache para subir el promedio de aptos y situarlo en torno al 40 por ciento', declaran indignados. Llegaron, incluso, gracias a una relación familiar, a entregar una carta en mano a Federico Trillo cuando era ministro de Defensa, que se comprometió a hacer llegar personalmente el sobre a Ana Pastor. De hecho, recibieron confirmación por escrito de la secretaria del ministro de que la misiva había llegado a su destinataria en el Ministerio de Sanidad, pero ni aun así obtuvieron respuesta. Al final, se aprobaron a 13 aspirantes más (alguna fuente cita a 14) pero, curiosamente, sumados los resultados de examen y curriculo, se 'salta' a los doctores con tercera y decimoquinta mejor puntuación, que aunque aprueban, se les considera no aptos. 'Han aprobado a quien el tribunal quería, aunque tenían conciencia de no aprobar a nadie', proclaman.
El penúltimo episodio ha venido con la ampliación del recurso contencioso-administrativo por esta actuación, entrevistas de nuevo, ahora con los recién nombrados responsables del Ministerio de Sanidad, que alegan que el tribunal es soberano, por lo que, según estos portavoces, 'avalan una mentira'. La demanda ha sido archivada, curiosamente sin abrir diligencias, por lo que los afectados creen en la existencia de una 'mano negra'. 'Es la lucha de David contra cinco o seis Goliats. Ojalá el PSOE llegue a arreglar este desaguisado', anhelan.
Solución global
Como solución al problema, plantean llegar a un acuerdo con toda la gente no apta, 'para no perjudicar a los aptos'. Aseguran que, 'de no producirse un arreglo de este tipo, se podría optar por la realización de un examen con todas las garantías, incluyendo representación sindical. Veríamos entonces cómo aprobaría una amplia mayoría de los presentados', dicen convencidos. 'Luchamos ya por amor propio 'prosiguen' aquí hay gente afectada con 60 ó 62 años que ha sufrido un atropello impune. El Ministerio de Sanidad y Consumo no ha velado por respetar unas garantías, sino por lo que ha dicho el tribunal'.
El mayor perjuicio que han sufrido estos profesionales ha sido, además del moral, el económico, tal como aseguran: 'parece una tontería, pero el no poder colgar en la puerta de la consulta un rótulo que ponga `Asma y Alergia' perjudica muchísimo', lamentan. La desesperanza contribuye a aumentar las críticas: 'Te cansas de luchar contra los elementos, que es lo que pretenden. Los médicos luchamos unos contra otros en vez de unirnos. La única persona que nos ha apoyado ha sido la Unión General de Trabajadores, en la persona de la secretaria del sector de Sanidad, Pilar Navarro', afirman.
La puesta en marcha de la Ley de Ordenación Profesional podría favorecer, en opinión de expertos, la consolidación del proceso
Sin embargo, algunos de estos afectados piensan retomar de manera inminente las conversaciones con los responsables del Ministerio de Sanidad, 'para que la gente del PSOE enderece lo que no quiso arreglar el PP, aunque sólo sea por mantener la justicia y la equidad de los aspirantes'. Asimismo, tienen intención de recopilar toda la documentación para presentar una querella criminal por la vía penal. Antoni Gallego, finalmente, considera que se podría haber producido el mismo problema de Alergología en otras especialidades, 'pero nadie ha dado la cara por miedo a perder su empleo'.