José García. Madrid.- Cerca de 2.000 trabajadores sanitarios, una docena de clínicas y decenas de consultas privadas en la Comunidad de Madrid peligran ante la desaparición de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social en asistencia sanitaria, según han denunciado médicos, enfermeros, sindicatos y usuarios…
José García. Madrid.- Cerca de 2.000 trabajadores sanitarios, una docena de clínicas y decenas de consultas privadas en la Comunidad de Madrid peligran ante la desaparición de las empresas colaboradoras de la Seguridad Social en asistencia sanitaria, según han denunciado médicos, enfermeros, sindicatos y usuarios afectados por esta desaparición, reunidos en una Asamblea promovida por el Colegio de Médicos de Madrid.
Las clínicas privadas que tienen directamente amenazada su supervivencia con la desaparición de las empresas colaboradoras son la Fundación Jiménez Díaz, La Luz, Nuestra Señora de América, Rúber Internacional, Rúber Juan Bravo, San José, La Paloma, Santa Elena, Dr. León, La Milagrosa, San Francisco de Asís y Belén.
Los afectados exigen al consejero de Sanidad madrileño, José Ignacio Echániz, que antes del 15 de marzo tome una decisión 'para dar una respuesta de estabilidad a este modelo de financiación'. 'Si no hay respuesta, estamos dispuestos a movilizarnos para que se nos escuche. Nos encontramos ante un modelo que el ciudadano percibe de calidad y que no quiere perder', ha subrayado a EL MEDICO INTERACTIVO el doctor Agustín Mocoroa, miembro de la Mesa de representación de las empresas colaboradoras.
El modelo de empresas colaboradoras funciona en España desde 1966 y consiste, según ha explicado Mocoroa, en que las empresas más importantes del país por número de trabajadores, a cambio de un coeficiente de reducción en los pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social, ofertan directamente a sus empleados y sus familias los servicios sanitarios a través de servicios propios o concertados, que desde hace casi cuatro décadas vienen obteniendo un 'elevadísimo' nivel de satisfacción de los usuarios, que tienen menos demoras para consultas, diagnóstico y tratamiento.
A juicio de este representante de las empresas colaboradoras, se trata de un 'modelo de ahorro de costes importante', ya que a la Administración le cuesta 'tres cuartas partes menos' que el sistema público. Además, 'sumamos recursos al sistema público tanto de consultas, como de pruebas de diagnóstico y hospitalización'.
Durante la Asamblea se ha puesto de manifiesto 'la falta de sensibilidad de la Administración para dar una respuesta de financiación', ha indicado Mocoroa, quien argumenta que 'en 1998, sinceramente, ya se sabía que la gestión de la Sanidad iba a ser descentralizada. La Administración Central no ha querido resolver un problema que se le presentaba y tampoco se encontraba capacitada para poder exigir que cada Comunidad Autónoma aceptase este modelo por imposición central. Ahora se pasan la pelota de un tejado a otro para quitarse responsabilidades, pero nadie determina una solución'.
El modelo está en 'peligro de desaparición' por una reforma añadida a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1997. A partir de 1998 se produjeron, por tanto, cambios con respecto a la financiación de la Sanidad Pública, que en vez de sostenerse a través de cuotas de la Seguridad Social pasó a cargo de los citados Presupuestos Generales del Estado. Esto ha traído como consecuencia que la Administración deba en la actualidad 80.000 millones de pesetas a las empresas colaboradoras. 'La Administración terminará pagando la deuda pendiente por la vía de los tribunales o por la de los despachos, ya que se trata de una deuda reconocida', en opinión de Mocoroa.
La desaparición de las empresas colaboradoras llevaría consigo que los cerca de 400.000 usuarios madrileños suscritos a ellas pasaran a engrosar las filas de usuarios del sistema público de salud, algo que en palabras del director general de Aseguramiento de la CAM, Fidel Illana, 'la Consejería de Sanidad madrileña no podría absorber'. Según Mocoroa, la deuda está ocasionando un 'estrangulamiento financiero al modelo privado', lo que ha ocasionado, entre otras cosas, que en 2002 hayan dejado de ser empresas colaboradoras la ONCE y La Caixa y en 2003 causen baja Telefónica y estén en vías de ello Gas Natural y Altadis.