Redacción,Zaragoza.- Alrededor de 60 delegados de CEMSATSE, sindicato que agrupa a las organizaciones de médicos FASAMET y CESMAragón y a la de enfermeros SATSE, se han concentrado ante las puertas del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón para protestar por la 'discriminación' que van a sufrir los profesionales sanitarios en las próximas elecciones sindicales del mes de marzo.
Según se recoge en un comunicado de prensa, durante la concentración, a la que han asistido delegados de todo el territorio aragonés, el secretario general de CESMAragón, Lorenzo Arracó, ha señalado que en todas las elecciones sindicales celebradas anteriormente se habían habilitado mesas fuera de las capitales de provincia. Sin embargo, en esta ocasión se han eliminado, respecto a las elecciones del 99, dieciséis mesas ubicadas en diferentes poblaciones de toda la Comunidad Autónoma. Por otro lado, el personal no sanitario sí dispondrá de estas mesas descentralizadas. 'Este hecho supone una discriminación para el sector sanitario', ha subrayado.
Según este sindicato, en las cinco áreas de salud de la Comunidad Autónoma, tan sólo existirán cuatro mesas descentralizadas de las 41 totales, suprimiéndose otras dieciséis, que estaban ubicadas en localidades como Ejea de los Caballeros, Jaca, Fraga, Caspe o Calamocha, entre otras. Los responsables de CEMSATSE consideran que ésta es una 'medida arbitraria', que pretende 'perjudicar' a este sindicato, mayoritario en el sector de la Sanidad.
Tras la concentración de delegados, continua el comunicado, los responsables de CEMSATSE han intentado, sin éxito, ser recibidos por el consejero de Economía del Gobierno aragonés, Eduardo Bandrés. Además, han presentado un documento, dirigido al presidente autonómico, Marcelino Iglesias, en el que se solicita la paralización del calendario electoral previsto 'para garantizar un proceso electoral transparente, igualitario y sin discriminaciones entre los empleados públicos de la DGA', así como el 'cese fulminante' de los responsables de estos hechos, es decir, el consejero de Economía, Eduardo Bandrés, y el director general de Función Pública, Luis Roldán.
