Organizaciones de la sociedad civil han exigido “de manera urgente” al Gobierno español “una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna”, incluyendo los migrantes. Representantes de estas entidades se han reunido ante el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, precisamente cuando se cumple un año de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los manifestantes forman parte de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), integrada por más de 300 organizaciones entre las que se encuentra la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), Amnistía Internacional y Yo SÍ Sanidad Universal. Los portavoces de esta red han mostrado “una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al SNS”.

Frente al Ministerio, los manifestantes han derrumbado un muro que “representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han derribado esa barrera”.

“Norma restrictiva de derechos”

La sociedad científica de Medicina Familiar y Comunitaria ha recordado que “la nueva legislación no garantiza en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica”. Sin embargo, la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), e, “incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa”, ha añadido semFYC en un comunicado.

Según sus informaciones, en 2018 REDER ha detectado más de 1.300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho “como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación”.