La consultora estratégica
Nextep in Health ha organizado, en colaboración con Roche y Takeda, una jornada para hablar sobre el nuevo
RD sobre la Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En la misma se ha debatido los pros y contras de cómo este reglamento afectará en nuestro país y ha contado con la participación de un amplio abanico de agentes del ecosistema sanitario español. Cabe recordar que el nuevo Reglamento europeo relativo a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias entrará en vigor en enero de 2025 y comenzará siendo aplicable a las terapias oncológicas y avanzadas
César Hernández, director General de Cartera Común de Servicios SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad era uno de los intervinientes. “Nuestra propuesta de real decreto trata de mantener plena congruencia con esta evaluación europea y
complementarla con aquellos aspectos que necesitan de un desarrollo nacional”. Y añade, “esperamos que el resultado sea una estructura sólida de evaluación de tecnologías sanitarias capaz de responder a las necesidades del sistema y ayudar a la toma de decisiones.
Nuevo RD sobre la Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Ana Rossignoli, miembro del Grupo de Coordinación de HTA, ha expuesto la situación actual desde la AEMPS: “Desde España estamos trabajando intensamente en esta fase preparatoria. Respecto a cuáles serían algunos retos a los que se enfrentan desde la AEMPS, Rossignoli señala: “Aunque este Reglamento es una gran oportunidad para mejorar la disponibilidad de los medicamentos, también nos encontramos en su implementación con algunos desafíos, principalmente la
necesidad de más recursos. La coordinación entre todas las partes también es fundamental para garantizar una transición efectiva”.
Por otra parte, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, César Rodríguez, señalaba aspectos del borrador del Real Decreto que deberían mejorarse. En primer lugar, subraya la necesidad de
definir claramente el papel de las sociedades científicas en la selección de expertos clínicos que redacten los informes, garantizando los más altos estándares de calidad. Asimismo, plantea que los conflictos de interés deben velar por la transparencia, pero sin ser una barrera para la participación objetiva de los expertos. Además, destaca que el informe de evaluación complementario español no debe ralentizar el proceso global europeo de evaluación, sino adaptarlo a las necesidades locales sin generar demoras innecesarias. Asimismo, sugiere que las evaluaciones clínica y económica se separen para optimizar el proceso.
Finalmente,
desde la industria ven en el cambio una oportunidad para acelerar el acceso a los nuevos medicamentos para los pacientes. En su opinión, su aplicación debe servir para poner fin a evaluaciones repetitivas e ineficientes y suponer una garantía de rigor para pacientes y profesionales sanitarios, quienes, además, tendrán una participación destacada en el procedimiento evaluador.