E.P. Madrid.- La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha advertido de que su partido cambiará la Ley de Cohesión y Calidad sanitaria cuando llegue al Gobierno en el caso de que el Ejecutivo actual no acepte sus enmiendas al texto, que exigen la financiación de las nuevas prestaciones por el Estado y garantías para la continuidad del sistema público.

El PSOE ha lanzado un nuevo ‘órdago’ al Gobierno 24 horas antes de que finalice el plazo para presentar enmiendas parciales al citado Proyecto de Ley para su tramitación en el Congreso. Esta advertencia se produjo en el marco de unas jornadas, en la que estuvieron presentes consejeros de las Comunidades socialistas, así como responsables sanitarios del Grupo Parlamentario, UGT y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Todos ellos, destacó Rumí, han participado en el casi centenar de enmiendas que presentará este martes el PSOE en el Congreso. Estas enmiendas pasan por aumentar la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas en importantes decisiones sanitarias, garantizar la naturaleza pública del sistema así como la participación de los agentes sociales, y financiar las nuevas prestaciones con los fondos del Estado.

En este sentido, la responsable socialista adelantó que enmendará la ley para "dar un giro al actual Fondo de Cohesión", con una definición de sus objetivos y una articulación de sus recursos para garantizar la equidad de la asistencia sanitaria en el conjunto del Sistema.

A su juicio, en el caso de que el texto se apruebe en sus actuales términos "habrá un riesgo real a corto plazo y una amenaza a la igualdad y la viabilidad del Sistena Nacional de Salud". Por este motivo, el PSOE ofrece diálogo a la ministra para que la norma salga adelante con el respaldo del principal grupo de la oposición, lo que virtualmente le daría una mayor estabilidad de cara al futuro.

No obstante, Rumí sugirió la posibilidad de que el PP esté buscando el respaldo de otras fuerzas políticas. "Si opta por acuerdos de menor alcance, entonces se estaría trabajando por sumas aritméticas, legítimas desde luego (…) aunque insuficientes para una norma que, desde nuestra perspectiva y dado su carácter articulador de una realidad interterritorial, debería disponer de un apoyo político más ambicioso", advirtió.