Carlos Nicolás, Madrid.- De entre las noticias que, en relación con el ámbito sanitario, han ocurrido durante el verano, conviene subrayar la última, el acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de agosto por el que se ha aprobado la reestructuración del Ministerio de Sanidad, a fin de adecuar su organigrama al diseño contemplado en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya disposición adicional cuarta establece que el Gobierno debería llevar a cabo dicha modificación en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la ley. Según el texto aprobado el 14 de mayo por el Parlamento, la ley entró en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE, hecho que se produjo el día 29 del mismo mes.

Todos los indicios apuntaban a que la reforma se llevaría a cabo en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones estivales, el celebrado el 1 de agosto, pero no se produjo, sin que hayan transcendido las razones de tal demora. Tal retraso general no impidió que, en el Consejo de Ministros del 25 de julio se produjera el nombramiento de Fernando García Alonso como director general de Farmacia y Productos Sanitarios, cargo del que pasa a depender la Agencia Española del Medicamento que, de acuerdo con la reestructuración ahora aprobada, se convierte en organismo autónomo.

La reorganización del departamento de Sanidad comporta la creación de la Agencia de Calidad del SNS, con categoría de dirección general, a cuyo frente se coloca a Luis Bohigas que, hasta ese momento, venía ejerciendo como director general de Planificación Sanitaria, Sistemas de Información y Prestaciones. Asimismo, se crea la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, de la que dependerán las subdirecciones generales de Cartera de Servicios y de Análisis Económicos y Fondo de Cohesión. La creación de esta última dirección general sustituye a la que, hasta ahora, venía denominándose de Alta Inspección y Coordinación del SNS.

Aniversario ministerial

El 10 de julio, al cumplirse el primer año al frente del Ministerio de Sanidad y Consumo, Ana Pastor, presentó un balance público de su gestión, de la que destacó la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, las medidas adoptadas para reforzar la salud pública, los planteamientos para mejorar la atención sanitaria y promover la investigación biomédica y las normativas para fomentar la incentivación de los profesionales sanitarios.

La ministra, además de reafirmar su compromiso para lograr un sistema sanitario consolidado, vertebrado y cohesionado, manifestó su deseo de que los proyectos legislativos en trámite parlamentario consiguieran el mismo grado de consenso que logró la Ley de Cohesión. En concreto, Pastor se refirió al proyecto de Estatuto Marco y al de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), de las que dijo que eran herramientas imprescindibles para la modernización del Sistema Sanitario y para dar respuestas a los retos de futuro de los profesionales sanitarios. (El próximo jueves, 4 de septiembre, está previsto que la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados emita su dictamen sobre los correspondientes proyectos de ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y del Estatuto Marco).

Consejerías renovadas

A lo largo del mes de julio, se llevó a cabo la práctica renovación de titulares en las Consejerías de Sanidad de las Comunidades en que se habían celebrado elecciones autonómicas el 25 de mayo. Con excepción de Madrid, en donde se designó a Alfredo Macho como titular de Sanidad en funciones, en tanto se resuelve el problema abierto para la constitución del Gobierno regional, se produjeron relevos en Cantabria, al frente de cuya Consejería de Sanidad se nombró a Rosario Quintana Pantaleón (PSOE). La Rioja ( Pedro Soto, del PP). Navarra (María Kutz, de UPN-PP). Canarias (Mar Julios Reyes, de Coalición Canaria). Castilla-León (César Antón Beltrán, del PP). Baleares (Aina Castillo, del PP). Asturias (Rafael Sariego, del PSOE). y Valencia (Vicente Rambla, del PP). Asimismo, se produjeron cambios al frente de la Sanidad en las ciudades autónomas de Melilla, en donde fue nombrado María Antonia Garbin, y de Ceuta, en cuyo gobierno asumió la responsabilidad de Sanidad Yolanda Bell Blanca.

Completada la renovación de las Consejerías de Sanidad, el 23 de julio se reunió el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que, por vez primera, se ajustaba a la reforma estructural recogida en la Ley de Cohesión. Concebido como órgano coordinador del SNS, destinado a promover la cooperación y la comunicación entre los Servicios de Salud, del Interterritorial han desaparecido los altos cargos de la Administración del Estado para ser un foro entre iguales, en el que el Ministerio de Sanidad tiene un voto al igual que el resto de las Comunidades Autónomas.

Política farmacéutica

Aunque hubo multitud de asuntos en el orden del día de este CISNS y surgieron diferencias a la hora de elegir a su vicepresidente que, de nuevo, recayó en el consejero de Cataluña, Xavier Pomés, el punto central de la reunión fue la política farmacéutica, con especial referencia al nuevo sistema de precios de referencia incluido en la Ley del Medicamento (art. 94.6) a través de la Ley de Cohesión. El sistema, que comportará fuertes rebajas en el precio de medicamentos que cuenten con productos genéricos en el mercado, va a suponer en cambio significativo en la prestación farmacéutica de la sanidad pública y se espera que comporte unos ahorros de 300 millones de euros en la correspondiente factura de medicamentos.

Los consejeros apoyaron la medida que, como se puso de manifiesto en los mismos días, había generado toda clase de preocupaciones en la industria farmacéutica y en el sector de la distribución farmacéutica. El hecho de que esas fechas se hubiera conocido la evolución del gasto farmacéutico en los seis primeros meses del año, con un incremento del 10,7 por ciento con respecto al mismo período de 2002, parece que fue determinante para refrendar la nueva medida de contención que, según la ministra de Sanidad, había sido consultada con la propia industria farmacéutica. Además, y según explicó el subsecretario de Sanidad, Pablo Vázquez, en una jornada convocada por OTIME el 21 de julio, la reforma de los precios de referencia evitará medidas más drásticas, como penalizar al médico que exceda de un determinado gasto.

La situación empeoró cuando, a mediados de agosto, se difundieron los datos del gasto farmacéutico correspondiente a julio, mes en que se registró un crecimiento del 11 por ciento, lo que obligó al Ministerio a anunciar que la rebaja de precios de los medicamentos, a través del sistema de precios de referencia, se iba a agilizar al máximo.

En este contexto, sorprendió la decisión adoptada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de someter a visado, a partir del 1 de septiembre, las recetas oficiales prescritas de una serie de medicamentos antisicóticos de última generación pues, según el SAS, el 40 por ciento de tales prescripciones corresponde a usos que no figuran entre los aprobados específicamente por el Ministerio de Sanidad. Para la industria, la decisión andaluza se trata de una invasión de competencias, además de generar una fragmentación del mercado farmacéutico.

También en relación con la política farmacéutica, a finales de julio se tuvo noticia de que el PSOE había decidido preparar un plan específico en tal terreno, para lo que decidió solicitar información y sugerencias a cuantos grupos e instituciones tienen algo que ver con el medicamento. Según los responsables, se quieren elaborar un plan de cinco años que, de alguna manera, pueda acabar con la continua adopción de medidas coyunturales que rompen el ritmo del sector. Los primeros datos del proyecto indican que se quiere mantener un crecimiento del gasto en torno al 7 por ciento anual, frente al 9,5 por ciento firmado actualmente entre la industria y Sanidad.

Reproducción asistida

En pleno verano se produjo el anuncio oficial de que el Gobierno había decidido modificar la Ley de Reproducción Humana Asistida (Ley 35/1988), lo que abrió un debate técnico que, por lo que ha transcendido hasta ahora, no fue zanjado por el acuerdo del Consejo de Ministros (1 de agosto), con la aprobación del proyecto de ley reformadora.

Según el Ejecutivo, con la futura ley se quiere resolver el problema de acumulación de embriones sobrantes de los procesos de fecundación in vitro en España, para lo que se fija un máximo de tres ovocitos a fecundar. La información oficial señala que la reforma introduce medida para reducir el número de partos múltiples y sus riesgos asociados, al tiempo que prevé mecanismos para evitar la generación de nuevos embriones sobrantes. Además, se busca asegurar la eficacia de las técnicas de fecundación in vitro (FIV), pues se llevarán a cabo de forma individualizada conforme a la protocolización establecida por los expertos de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Por otro lado, la modificación legal contempla el destino de los embriones sobrantes crioconservados hasta la fecha de entrada en vigor de la reforma. En cuanto al material biológico que se obtenga tras la descongelación de los embriones podrá ser utilizado para la investigación con fines terapéuticos, de acuerdo con una serie de medidas de control científico y ético. Actualmente, y según los datos oficiales, se cifra en decenas de miles el número de embriones crioconservados en España.

Por último, el proyecto de ley contempla la creación, por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, de un Centro Nacional de Investigación Celular y Medicina Regenerativa. Asimismo, se prevé que Sanidad regule los centros públicos de reproducción asistida, con lo que se reducirá la lista de espera.

A pesar del cúmulo de comentarios suscitados por el anuncio de la reforma, conocido el texto del proyecto aprobado, aparecieron críticas tanto por el contenido del articulado como por el espíritu que lo informa. El mismo 1 de agosto, el PSOE difundió una nota con su "rotundo rechazo" al proyecto pues, a juicio de la portavoz socialista, Consuelo Rumí, la reforma comporta una regresión, que frustrará las expectativas de muchas mujeres y parejas, al limitar las posibilidades de fecundación.

Y también entre los expertos surgieron voces en contra pues, si el cambio era visto como positivo para la investigación, se considera negativo para los pacientes, como consecuencia del endurecimiento de las condiciones para el tratamiento a fin de evitar que sobren embriones.

Aspectos profesionales

Dentro del campo profesional, llama la atención la huelga convocada en pleno mes de julio entre los trabajadores de la Sanidad pública madrileña (Imsalud), con el objetivo de conseguir que, antes de fin de año, se implante la jornada de 35 horas semanales, se modifique el sistema salarial y se contrate más plantilla. Para los convocantes, entre ellos la CESM y el CSI-CSIF, la cifra de seguidores del paro superó con creces la del 10 por ciento facilitada por la Administración, interpretación que no difiere de las conocidas en situaciones similares anteriores, aunque en esta ocasión la convocatoria sufrió muchas críticas por el hecho de haber sido convocada en pleno período vacacional, con un gobierno autonómico en funciones y en plena crisis política regional, lo que revelaba la inconveniencia de la misma.

Pese a que la situación política continúa inestable, la CESM ya ha anunciado una nueva convocatoria de huelga para los primeros días de octubre y para finales de noviembre, fechas en que todavía estará por constituir el Gobierno de Madrid.

En relación con los médicos, a final de julio el Ministerio de Educación facilitó los datos finales del proceso abierto para la titulación oficial de los Médicos Especialistas Sin Título Oficial (MESTOS). Tal información se realizó una vez que se hubo completado las pruebas correspondientes a Medicina del Trabajo, a la que se habían presentado 1.787 facultativos, de los 2.191 que fueron admitidos.

Para Emilia Sánchez Chamorro, subdirectora general de Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de Educación, se habían cumplido con creces los objetivos del Real Decreto 1497/1999, pues el 80 por ciento de los Mestos había conseguido su título oficial de especialista.

Finalmente, y dentro de este apartado, en el mes de julio parece haberse abierto un nuevo frente en el campo de la docencia después de que se hubiera conocido la decisión de la Universidad San Pablo-CEU de crear una licenciatura en Medicina dentro de su Facultad de Ciencias de la Salud. Para la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, esta nueva licenciatura comporta abrir la veda para la creación de nuevas facultades de Medicina, además de facilitar el uso de recursos públicos (los hospitales del sistema sanitario) para fines privados.

Actuaciones preventivas

En la reunión del CISNS celebrada el 23 de julio, se presentó a los consejeros de Sanidad el nuevo Plan Integral de Cardiopatía Isquémica, cuya elaboración fue aprobada en marzo. El proyecto se engloba en los Planes Integrales de Salud del Ministerio de Sanidad y pretende la implantación de estándares y modelos de atención en los ámbitos de la prevención, el manejo clínico, la rehabilitación y la reinserción social, los sistemas de información y la investigación, para el tratamiento integral de las enfermedades más prevalentes.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte para el conjunto de la población española: en 2002, se produjeron 125.723 muertes por tales causas, lo que supusieron el 35 por ciento de todas las defunciones registradas. Del total de ellas, 40.000 se debieron a enfermedades isquémicas.

Por otro lado, el 8 de agosto, la ministra de Sanidad presentó en Santiago de Compostela una nueva campaña institucional para prevenir el sida y otras enfermedades de transmisión sexual, a la que ha destinado 1.200.000 euros.

Ana Pastor aprovechó el acto para facilitar abundantes datos sobre la evolución de la enfermedad en España, en donde -en 2002- se diagnosticaron 2.329 nuevos casos, cifra que supone un ligero descenso con respecto a los 2.409 registrados un año antes. La progresiva caída de casos parece obedecer al decrecimiento de los relacionados con el uso compartido de material utilizado por drogadictos, pero no ocurre lo mismo con los debidos a transmisión sexual que, según Sanidad, se mantienen en los niveles de 2000. Entre los casos diagnosticados en 2002, el mayor número (82 por ciento) fue de varones.

Ola de calor

Otra de las polémicas abiertas este último verano ha girado en torno a las consecuencias de la ola de calor, especialmente sobre el número de muertes atribuibles a tal causa. A mediados de agosto, el hecho más destacado y reiterado fue lo inusitado de la climatología, por las elevadas temperaturas registradas, y, de alguna manera, su repercusión sobre la asistencia sanitaria, no sólo por el incremento de determinadas patologías vinculadas al golpe de calor y el consiguiente desbordamiento de los servicios de urgencias, sino, y sobre todo, por el número de muertes relacionadas con tal causa.

La magnitud de los efectos del calor en los países de nuestro entorno, especialmente por el número de muertes registradas en Francia (se ha llegado a hablar de casi 11.500), originó toda clase de críticas sobre los datos facilitados por las autoridades sanitarias españolas, cuya contabilidad sólo recogió los fallecimientos atribuidos directamente al golpe de calor y no los derivados de patologías asociadas. Para algunos técnicos, no sólo falló el control epidemiológico sino que, y sobre todo, se echó en falta una actuación coordinada desde el Ministerio de Sanidad, que hasta mediados de agosto no colgó en su página web algunas actuaciones preventivas a adoptar por los ciudadanos ante el incremento del calor.

A la espera de que, oficialmente, se faciliten datos definitivos sobre las consecuencias sobre la salud de una meteorología adversa, los datos estadísticos aseguran que el número de fallecimientos en los meses veraniegos superó la estadística de los registrados en años anteriores por las mismas fechas y sólo puede compararse con los que tienen lugar en épocas más crudas del año. Tan sólo en el área de Barcelona, a mediados de agosto, y desde julio, habían fallecido casi novecientas personas más que en 2002 por las mismas fechas. En ese momento, cuando los servicios funerarios de diversas poblaciones comenzaron a echar sus cuentas, fue cuando el Ministerio de Sanidad decidió reclamar datos a las Comunidades Autónomas, aunque la elaboración de los primeros recibidos tan sólo ratificaba la muerte de un centenar de personas.

Aspectos internacionales

En este verano, el capítulo de sanidad se abrió con una noticia que, durante varios días, mantuvo la atención internacional, como fue la decisión de intervenir quirúrgicamente para separar a dos hermanas siamesas de 29 años de edad. El fracaso del resultado, pese al gran número de profesionales que se implicaron en la intervención, abrió, una vez más, la polémica sobre los límites de la Medicina.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio por controlada la epidemia de neumonía atípica (SRAS), después de que, en veinte días, no se hubiera registrado caso alguno en las zonas afectadas.

Por último, el 30 de agosto la Organización Mundial del Comercio (OMC), después de un largo debate abierto en la cumbre de Doha año y medio antes, alcanzó un acuerdo para facilitar el acceso de los países pobres a los medicamentos esenciales. Un acuerdo que contiene múltiples salvaguardas, a fin de que no puedan desviarse tales fármacos a otros países con mayor capacidad adquisitiva.