Dice Federico Mayor Zaragoza que lo más contrario a la Democracia es el silencio. Por eso, los médicos no vamos a silenciar los temas escabrosos y estamos dispuestos a analizar públicamente nuestros comportamientos éticos. ¡Ojalá! otros agentes sociales que obtienen beneficios particulares mediante la gestión…
Dice Federico Mayor Zaragoza que lo más contrario a la Democracia es el silencio. Por eso, los médicos no vamos a silenciar los temas escabrosos y estamos dispuestos a analizar públicamente nuestros comportamientos éticos. ¡Ojalá! otros agentes sociales que obtienen beneficios particulares mediante la gestión de recursos públicos, aceptarán una investigación a fondo objetiva e independiente de sus comportamientos.
El Código de Ética y Deontología Médica impone la obligación de denunciar ante los pacientes, organismos gestores de la asistencia o ante la comunidad social a quienes limitaran indebidamente la independencia del médico
No podemos aceptar y denunciamos aquellas situaciones en las que el médico pueda condicionar la prescripción a un beneficio personal y no al del paciente, se lo proporcione la industria farmacéutica o la Administración sanitaria a través de contratos programas, por ejemplo. El condicionamiento de la prescripción puede ser igual de nocivo para el ciudadano lo haga la industria o lo haga cualquier Administración sanitaria
(ver figura 1)
Es importante recordar la Declaración de la Comisión Central de Deontología Médica, Derecho Médico y Visado de la OMC de 23 de enero de 1999:
1-. El médico, cualquiera que sea la modalidad en que ejerce la profesión 'en el sector público o privado, por cuenta propia o en arriendo de sus servicios' debe disfrutar de la necesaria independencia para atender a los pacientes que se confían a sus cuidados y, en concreto, para elaborar sus diagnósticos y prescribir sus tratamientos. El primer compromiso ético del médico consiste en prestar a los pacientes, y con el consentimiento de éstos, el mejor servicio de que sea capaz, tal y como lo dictan la ética profesional y el buen juicio clínico.
2-. La libertad de prescripción implica también tener en cuenta los aspectos económicos de las decisiones médicas. Hay un deber deontológico de prescribir con responsabilidad y moderación a la hora de prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. El médico está por ello particularmente obligado a prescribir con racionalidad y buen sentido económico.
3-. La independencia profesional es un derecho y un deber del facultativo, tal como lo señala el Código de Ética y Deontología Médica vigente, en su art. 22, que impone también la obligación de denunciar, ante los pacientes, ante los organismos gestores de la asistencia o ante la comunidad social, a quienes limitaran indebidamente esa libertad.
Comento esta declaración para poner de manifiesto que en toda relación del médico con la industria farmacéutica debe primar ante todo el cumplimiento ético y deontológico. Un cumplimiento ético que reclama una renovación del profesionalismo médico que combine el esfuerzo y el compromiso de los sistemas sanitarios y de los profesionales con el bienestar del paciente y las bases de la justicia social. Un profesionalismo médico que exige poner el interés del paciente por delante del de los médicos, estableciendo y manteniendo unos estándares de competencia e integridad y ofreciendo un consejo experto a la sociedad en materia de salud.
La financiación procedente de la industria debería centrarse en las actividades formativas, a través de organizaciones profesionales, y no de forma individual, según se indica en este trabajo
En esta relación entre el médico y la industria farmacéutica, el profesional deberá aplicar los principios de:
1-. Beneficencia: actuar en beneficio del paciente.
2-. Autonomía: respetar al paciente y fomentar la elección informada.
3-. No-maleficencia: proteger al paciente de cualquier peligro.
4-. Justicia: promover la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria.
En un sistema sanitario como el español en el que el predominio del sector público es uno de los más acusados de la Unión Europea (85 por ciento vs. 15 por ciento), el triángulo formado por la Administración sanitaria, la industria farmacéutica y el médico adquiere unas características que vamos a intentar analizar.
(ver figura 2)
La Administración sanitaria es el cliente abrumadoramente mayoritario de la Industria, en un mercado que en España mueve alrededor de 10.000 millones de euros al año y que crece a un ritmo cercano al 10 por ciento anual. Tiene, además, el poder que le da el ser la autoridad sanitaria (central y autonómica), con la consiguiente capacidad normativa y de configuración de mercado de acuerdo con sus necesidades. Puede desde fijar los precios a facilitar o entorpecer la prescripción de determinadas especialidades. En teoría es la parte más poderosa de este triángulo porque, además, es el empleador mayoritario de los médicos.
La industria farmacéutica puede plantear estrategias concertadas a medio y largo plazo que trascienden las fronteras de un solo país y que, en consecuencia, acaban superando los eventuales obstáculos de tipo admistrativo.
Y frente a estos dos colosos, ¿cuál es el papel del médico? Paradójicamente se pretende que sea la parte más débil del triángulo, aunque debiera ser después del paciente, el actor central del ejercicio de la Medicina y así es reconocido por los ciudadanos. Su poder radica básicamente en la capacidad de prescripción, algo históricamente reconocido desde los albores de la profesión aunque recientes proyectos, como la atención farmacéutica que no van a disminuir el gasto, tiendan a ponerlo en duda. Esta capacidad de prescribir medicamentos le coloca en medio de los otros dos actores, a veces en un papel no buscado.
Los médicos han de dotarse de unos mecanismos de autorregulación en cuanto a lo que se puede o no aceptar en materia de relación con la industria
Por un lado, la Administración española es evidentemente un pésimo empleador, que paga mal a sus trabajadores (los sueldos más bajos de toda la Unión Europea después de Grecia) y para quien la expresión 'política de recursos humanos' es simplemente una entelequia.
La formación continuada del médico, salvo casos muy concretos, nunca ha sido objeto de atención ni de dedicación de recursos por parte de la Administración. Ello contrasta con las necesidades de una profesión en la que se calcula que en un plazo de 10 años se produce la revisión de más de la mitad de los conceptos de cualquier especialidad. Si el médico dejara de lado la actualización continua de conocimientos, no solamente se produciría un suicidio profesional, sino que en muy pocos años, el nivel de la Sanidad española de la que tanto presumen nuestros políticos, caería en picado con el consiguiente perjuicio para los enfermos y, por lo tanto, para la sociedad en general.
Pese a ese valor estratégico de la formación continuada (y algo parecido aunque con matices podría decirse sobre la investigación), lo cierto es que por defecto esta labor ha sido asumida en su casi totalidad por la industria farmacéutica. Toda una enorme infraestructura de congresos, cursos, publicaciones, etc. dependen de este hecho y como la globalización es un hecho, tampoco puede decirse que se trate de un fenómeno español sino más bien de algo que trasciende las fronteras hasta convertirse en un proceso internacional.
Esta situación, desde luego no buscada históricamente por el médico le pone en el punto de mira de todo el mundo:
- De la Administración, que le considera un inductor interesado del gasto.
- De la opinión pública a la que de vez en cuando llegan noticias escandalosas sobre cruceros, regalos o simplemente pagos en metálico por parte de determinados laboratorios.
- De otros profesionales de la Sanidad deseosos de participar de estas supuestas ventajas.
¿Cómo hacer frente a esta situación? Debe quedar claro lo siguiente:
- La inmensa mayoría de los médicos no admiten presión alguna a la hora de prescribir una medicación sino que simplemente eligen lo que más pueda beneficiar a su paciente, aunque si ello es lo más moderno puede ser lo más caro.
- La formación no puede ni debe tener otros condicionantes que el del progreso científico, a través de los cauces aceptados por la comunidad internacional.
- La industria debe dar acceso a esta formación, informando de sus productos, pero sin otros condicionantes.
- La Administración puede establecer las normas pero debe hacerlo de forma clara: qué es lo que se puede o no se puede financiar y bajo qué circunstancias.
- Si se establecen obstáculos a esta formación, a estas relaciones con la industria, será obligado que la Administración asuma que esta necesidad existe para sus trabajadores y que, por tanto, debe afrontarla y financiarla adecuadamente. Mejor sería, pagando al médico de acuerdo con sus responsabilidades y sus conocimientos para que éste pueda pagarse la actualización de dichos conocimientos.
- El problema con la Administración no sólo radica en la cuantía de esa eventual financiación sino en la agilidad para llevarla a cabo y la transparencia con que ello se haga. Los cambios continuos en las distintas Administraciones, con oscilaciones importantes en cuanto a cómo se entienden todos estos temas hace poco creíble cualquier giro drástico sobre cómo abordar estos problemas.
- Los médicos nos debemos dotar de unos mecanismos de autorregulación en cuanto a lo que se puede y no se puede aceptar en materia de relaciones con la industria. Es importantísimo el proceso de acreditación de aquellas actividades formativas que merezcan tal nombre y la participación de los profesionales en este proceso. La financiación de la industria debe centrarse en estas actividades y debe hacerse a través de las organizaciones profesionales, no de forma individual.
- El código ético de la industria farmacéutica puede ser un camino.
- La solución óptima sería la de un acuerdo entre las tres partes involucradas que definiera claramente los condicionantes del problema y proporcionara unas reglas del juego debidamente consensuadas.
Aunque la ética médica y la empresarial, a veces, no coinciden, ambas son legítimas y las debemos hacer coincidir con una colaboración seria y transparente desde la plataforma de la ética, lo cual puede resultar beneficioso para los pacientes. Esta relación se puede sustentar en una serie de preguntas:
a.- ¿El beneficiario de la relación entre el médico y la industria farmacéutica, es el paciente, o es el médico a título personal, o pueden ser ambos?
Y otra pregunta que nos podríamos hacer:
b.- ¿Qué pensaría el propio paciente de mi relación con la industria farmacéutica, que pensaría la sociedad?
Según las respuestas, pueden ser analizados los comportamientos.
Para finalizar quisiera hacer una reflexión: ¿no les parece un comportamiento farisaico el de algunas personas que se rasgan las vestiduras magnificando o desvirtuando la relación de la industria farmacéutica con los médicos, cuando algunos de ellos reciben prebendas y en algunos casos, al finalizar su etapa de responsabilidad, desembarcan en la propia industria farmacéutica?
No podemos olvidar que en el siglo XXI, que es el siglo del conocimiento, lo más valorable va a ser la competencia profesional.
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Ponencia presentada en la jornada deontológica 'La autorregulación en la promoción de medicamentos', organizada por Farmaindustria.