El pasado 14 de mayo, el Pleno del Congreso aprobaba definitivamente la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya tramitación había sufrido algunas prisas, entre otras razones porque eran muchos los que habían denunciado que la norma debería haber entrado en vigor en enero de 2002, cuando se hizo realidad la asunción de la gestión sanitaria pública por la totalidad de las comunidades autónomas. Con su aprobación, se cerraba un proceso lleno de altibajos e, incluso, de cambios de nombres pues, desde el principio, se había pensado que lo que se necesitaba era una Ley de Coordinación, terminología que mereció el rechazo de varias autonomías, que no consideraban que debiera coordinarse algo que venía funcionando como tal desde el inicio de las transferencias.
Con la aprobación de la Ley de Cohesión, en mayo de 2003, se cerraba un largo proceso lleno de altibajos en la Administración sanitaria.
Pese a las críticas, el Proyecto de Ley contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios que, en el caso de la oposición, rechazaron la enmienda introducida por el Partido Popular en el Senado, la relativa puesta en marcha de un nuevo sistema de precios de referencia de los medicamentos financiados con fondos públicos. Una enmienda que, en la práctica, se ha hecho realidad el 1 de enero de este recién estrenado 2004 y que, en relación con la prescripción, obliga al farmacéutico a la sustitución de la especialidad prescrita por el médico, en el caso de que su principio activo se encuentre dentro de los de referencia y su precio sea superior al fijado para éste.
Universalización
de la asistencia
Para el Gobierno, la publicación y entrada en vigor de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y su posterior desarrollo normativo ha supuesto el espaldarazo legislativo a la universalización de la asistencia sanitaria en nuestro país, que se inició con la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud determina en su artículo 3 los titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria incorporando, además, el principio de no-discriminación y el de igualdad en el Sistema Nacional de Salud, al establecer claramente en su articulado el principio de que las Administraciones públicas orientarán sus acciones en materia de salud incorporando medidas activas que impidan la discriminación de cualquier colectivo de población que por razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales tengan especial dificultad para el acceso efectivo a las prestaciones sanitarias del SNS.
La referencia a la LGS surge desde el principio pues, como insistió la propia ministra Ana Pastor, la nueva Ley pretende garantizar los principios de equidad, calidad y participación sanitaria que inspiraron aquélla. La insistencia sobre la universalización parece obligada porque, en una respuesta parlamentaria, la Administración decía desconocer el porcentaje de población cubierta por el sistema sanitario público, aunque estimaba que 'de acuerdo con el resultado de diversas encuestas- la población protegida podía alcanzar el 99 por ciento.
El 30 de mayo entró en vigor la Ley de Cohesión, entre cuyas novedades figura el reconocimiento del derecho de los pacientes a disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso y, asimismo, fija unos tiempos máximos para recibir asistencia.
Divergencias manifiestas
Desde el principio de su tramitación surgieron diferencias entre la oposición, especialmente por parte del Partido Socialista (PSOE), que llegó a amenazar con una enmienda a la totalidad del proyecto, algo que no llegó a materializarse. El 13 de enero, y antes del inicio del Consejo Interterritorial previsto para ese día, Consuelo Rumí, la responsable de la política sanitaria del PSOE, criticó las prisas advertidas en el Gobierno para sacar adelante la Ley y apuntó lo que, a final de año y ya en vigor la normativa, parece va a ser el caballo de batalla en contra de ella, que no se estableciera claramente que, en el caso de aprobarse nuevas prestaciones, deberían ir acompañadas de la financiación por parte del Estado.
Este punto fue recogido de manera destacada en las enmiendas que un mes después, el 10 febrero, recogió el Grupo Parlamentario Socialista en las enmiendas presentadas al proyecto de Ley. En ese espacio de tiempo, parece que se había logrado limar diferencias y, al final, el proyecto contó con el consenso socialista.
Sin embargo, el 3 de diciembre, en el último Consejo Interterritorial del año 2003, los consejeros socialistas de los Gobiernos autonómicos escenificaron su desacuerdo con la pretensión de la ministra, Ana Pastor, de crear nuevas prestaciones en el SNS sin la correspondiente dotación económica. Los consejeros socialistas abandonaron la reunión, pues no estaban de acuerdo en asumir el coste que comportaba la implantación de nuevas prestaciones. Pese a tales divergencias, al presentar su balance del año, el Ministerio de Sanidad aseguraría que se habían incorporado al catálogo de prestaciones de la salud pública, la atención sociosanitaria, la salud mental, la salud bucodental y los cuidados paliativos.
La preocupación por el MIR ha sido constante a lo largo de 2003, a la espera de un pronunciamiento oficial sobre los proyectos de reforma presentados por las Comisiones de cada especialidad.
Reordenación ministerial
Con la entrada en vigor de la Ley, la Administración preparó todo para ir haciendo realidad su contenido, comenzando con dotar de la infraestructura necesaria para ello. Con dos meses de retraso sobre la fecha fijada en la norma, el 29 de agosto se aprobó la reestructuración del Ministerio de Sanidad, a fin de adecuar su organigrama al diseño contemplado en la Ley de Cohesión cuya disposición adicional cuarta establecía que el Gobierno debería llevar a cabo dicha modificación en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Este retraso no impidió que, en el Consejo de Ministros del 25 de julio, se produjera el nombramiento de Fernando García Alonso como director general de Farmacia y Productos Sanitarios, cargo del que pasó a depender la Agencia Española del Medicamento que, de acuerdo con la reestructuración aprobada, se convirtió en organismo autónomo.
La reorganización del departamento de Sanidad comportó la creación de la Agencia de Calidad del SNS, con categoría de dirección general, a cuyo frente se colocó a Luis Bohigas que, hasta ese momento, venía ejerciendo como director general de Planificación Sanitaria, Sistemas de Información y Prestaciones. Asimismo, se creó la Dirección General de Cohesión del SNS y Alta Inspección, de la que dependen las subdirecciones generales de Cartera de Servicios y de Análisis Económicos y Fondo de Cohesión. La creación de esta última dirección general sustituyó a la que, hasta ese momento, venía denominándose de Alta Inspección y Coordinación del SNS.
El proceso de reorganización se cerró el 15 de septiembre con la toma de posesión de los cargos correspondientes: Ana María Sánchez Fernández, directora general de Cohesión del SNS y de Alta Inspección. Lluis Bohigas, director general de la Agencia de Calidad del SNS. Pilar Fabregat, directora general de Consumo y Atención al Ciudadano. y María Dolores Pan, directora del Gabinete de la ministra. Con excepción de esta última, procedente de Galicia en donde trabajó junto con la ministra Pastor, los demás formaban parte del equipo ministerial formado a partir de que asumiera la cartera la actual titular.
Nuevas leyes
El 16 de mayo, dos días después de la aprobación de la Ley de Cohesión, entró en vigor la 41/2002, de Autonomía de los Pacientes. Se trata de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, calificada por algunos como Ley de Derechos de los Pacientes. Con su aprobación, y dado su carácter básico, se fijaron los mínimos a los que debe ajustarse la normativa de las comunidades autónomas, al tiempo que se acababa con la dispersión que había surgido en la materia.
Esta Ley se enmarca en el nuevo contexto de la asistencia sanitaria surgido al amparo de los principios que emanan de la Constitución Española de 1978 y que, con carácter enunciativo, se recogieron en la Ley General de Sanidad (LGS), aprobada en la primavera de 1986. Sin duda, no podía entrar en vigor en mejor momento, por cuanto la Ley de Cohesión venía a ratificar la consolidación del SNS.
El mismo día, 16 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó los Proyectos de Ley de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud y de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Pese a la urgencia que la LGS había dado a la elaboración y desarrollo del Estatuto, pues fijó un máximo de seis meses para que fuera realidad, hubo que esperar 17 años para conseguirlo. Con ambos proyectos, y según se apuntó desde el Ejecutivo, se pretende, por un lado, la actualización del personal al servicio de los pacientes y, por otro, su reconocimiento profesional. De ahí que se incluyan conceptos como la recertificación, carrera profesional, formación continuada... Con especial insistencia sobre este último aspecto, pues se considera que es un derecho y un deber de los profesionales sanitarios.
Estatuto Marco y LOPS
El Estatuto Marco, que regula las condiciones básicas de los casi 600.000 profesionales que trabajan en el ámbito de la asistencia sanitaria pública en España, viene, entre otros extremos, a garantizar la movilidad de los mismos dentro del SNS, así como a mejorar la planificación de recursos y sistemas de información, y actualizar los derechos y deberes de los sanitarios.
En cuanto a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) fue aprobada, definitivamente, el 30 de octubre, y la del Estatuto Marco, el 27 de noviembre. Ahora se abre el debate sobre su aplicación, especialmente por los gastos que van a comportar algunas de sus previsiones. De entrada, las comunidades, sobre cuyas finanzas va a recaer tal contenido, rechazan que el Ministerio pueda proponer reformas sin arbitrar los medios para realizarlas.
Uno de los puntos de atención de la LOPS es el actual sistema MIR, cuya prueba general de acceso se cambia y se flexibiliza, al tiempo que contempla una evaluación anual del residente y otra al finalizar el período de formación en la especialidad. La preocupación por el MIR ha sido continua a lo largo del año y se espera que, en fecha próxima, se produzca un pronunciamiento oficial sobre los proyectos de reforma presentados por las Comisiones de cada especialidad.
Perspectiva MIR
De entrada, la reforma MIR no parece que vaya a crear nuevas especialidades médicas pues, según reconoció el Gobierno, el catálogo actual, con 48, es suficiente para hacer frente a las demandas de salud. Es más, no sólo lo considera suficiente sino que, incluso, dice que es elevado.
Sin embargo, cuando el 15 de mayo del pasado año se cerró el plazo para la presentación de los programas de reforma de la formación especializada, transcendió que bastantes Comisiones habían solicitado incrementar en un año el actual período informativo. De todos modos, y de aprobarse cambios, hasta el año 2005 no se podrán aplicar las modificaciones planteadas.
En relación con el MIR, el pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se actualizó la regulación de la formación especializada, con el fin de adecuar tal formación a las necesidades del sistema sanitario y a las demandas de la sociedad española. Se trata de modernizar determinados aspectos sobre la formación de médicos especialistas, cuya regulación vigente databa de 1984 y, en consecuencia, se consideraba que había quedado obsoleta en algunos de sus puntos. El anuncio del Gobierno casi coincidió con la jornada de realización de la prueba MIR (15 de febrero), a las que se presentaron 9.415 médicos para un total de 5.419 plazas.
Y el 23 de abril, la Asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC) aprobó un documento sobre las condiciones mínimas para el ejercicio profesional de los MIR, en el que se recogen parámetros sobre organizaciones, gestión, selección de personal, política retributiva, desarrollo profesional e investigación. Según se comentó, el documento pretende ser la expresión de la OMC sobre cómo debe funcionar un hospital del siglo XXI.
MESTOS y OPE
En el campo profesional, conviene señalar que, a mediados de julio de 2003, concluyó el proceso extraordinario, abierto cuatro años antes, para la concesión de la titulación oficial de especialistas a aquellos médicos que venían ejerciendo la especialidad pero sin la titulación oficial. El porcentaje de títulos concedidos, el 80 por ciento de los presentados, se ajustó a las previsiones de la Administración. De acuerdo con el resumen de los resultados obtenidos, una vez efectuada la valoración de la prueba teórico-práctica y del curriculum profesional y formativo en todas las especialidades, fueron admitidos al conjunto de la evaluación un total de 9.705 médicos sin titulación oficial de especialista (MESTOS), que venían ejerciendo una determinada especialidad. De ellos, 1.187 no se presentaron a la prueba y, de los presentados, 1.722 fueron declarados no aptos. Con lo que el número de aptos asciende a 6.796, es decir, el 79,78 por ciento de los presentados.
Por otro lado, de momento sigue en marcha la otra convocatoria extraordinaria, la OPE destinada a acabar con la precariedad/interinidad del empleo en el sistema sanitario. Los debates abiertos, especialmente de índole jurídica sobre la valoración del baremo, como profesional, sobre la memoria, hacen que existan muchas dudas sobre el final del proceso. Aunque para paliar algunas dudas, el BOE del 30 de diciembre publicó la primera relación de aprobado en expectativa de destino. Según el Ministerio de Sanidad, 329.600 trabajadores y profesionales se presentaron a las 36.973 plazas convocadas en la OPE.
El panorama profesional aparece tan complejo, lo que llevó a los responsables de la OMC a poner en marcha la realización de un estudio sobre la profesión. Guillermo Sierra, presidente de la OMC, insistió en que se trata de un proyecto en varias fases a fin de analizar todos los aspectos que afectan a la profesión.
Nuevos consejeros
Tras las elecciones autonómicas en 14 comunidades autónomas, hubo renovación al frente de la Consejería de Sanidad en la mayoría de ellas, en unos casos por cambio de la formación gobernante, como en Cataluña, y en otros por el cambio de presidente, como sucedió en Madrid. Así, y además de en Cataluña, en donde asumió la Consejería de Sanidad Marina Geli, y en Madrid, donde fue nombrado Manuel Lamela, se produjeron relevos en Cantabria, al frente de cuya Consejería de Sanidad se nombró a Rosario Quintana Pantaleón (PSOE). La Rioja (Pedro Soto, del PP). Navarra (María Kutz, de UPN-PP). Canarias (Mar Julios Reyes, de Coalición Canaria). Rafael Sariego (Asturias, del PSOE). y Valencia (Vicente Rambla, del PP). Asimismo, hubo renovaciones al frente de la Sanidad en las ciudades autónomas de Melilla, en donde fue nombrada María Antonia Garbín, y de Ceuta, en cuyo gobierno asumió la responsabilidad de Sanidad Yolanda Bell Blanca.
Con tal composición, no parece fácil la armonía en el Consejo Interterritorial (CISNS), pues son muchos los consejeros que consideran que no se pueden imponer planes a las comunidades sin haber dispuesto los medios para poder llevarlos a cabo. Buena muestra de ello es lo que, como ya se ha indicado anteriormente, ocurrió en el último Consejo Interterritorial del 3 de diciembre.
Elogios y críticas
A lo largo del año, y al igual que en los precedentes, hubo momentos para el elogio del SNS y para la crítica. En febrero, la ministra Pastor, en una intervención en el Spanish Institute de Nueva York, subrayó los buenos indicadores del Sistema, que le han valido para ser reconocido como el séptimo mejor del mundo.
Frente a esto, se han reiterado las informaciones sobre las listas de espera y ya se anuncia el establecimiento de tiempos máximos de demora, sin que, de momento, se hayan facilitado resultados de los puestos en marcha, a pesar de que, en enero, el Consejo Interterritorial dio el visto bueno al borrador del Real Decreto para el tratamiento homogéneo de las listas de espera en el conjunto del SNS.
Dentro de lo que puede considerarse como crítica, deben incluirse las manifestaciones llevadas a cabo por la 'Plataforma 10 minutos', en las que, sobre todo, se insiste sobre la necesidad de dedicar más medios a Sanidad, sobre todo económicos, para la mejora de la asistencia a los ciudadanos.
Cuarta ley
En su deseo de dar respuesta a los problemas sociales e, incluso, requerido por el Defensor del Pueblo en el mes de marzo, el Gobierno sacó adelante un proyecto de Ley de Reforma de la vigente sobre Técnicas de Reproducción Asistida. El 1 de agosto, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley reformadora, que se sometió al trámite de urgencia. Su aprobación definitiva se llevó a cabo el 21 de noviembre. Pese al deseo del Ejecutivo, la Ley no ha acabado con las críticas, tanto sobre el número de óvulos a fecundar como sobre el destino de los embriones sobrantes, cuya cifra se estima en decenas de miles.
Las principales críticas parten de Andalucía, cuya Administración mantuvo viva, y así sigue, la polémica sobre la investigación con células madres embrionarias con fines terapéuticos. Un proyecto para cuya ejecución cuenta con el profesor Bernat Soria, cuyos planteamientos sólo encontraron el apoyo de las autoridades andaluzas, pese a las críticas suscitadas en el ámbito de actuación del Gobierno central.
Planes integrales
A lo largo de 2003 también se concretaron los Planes Integrales contra el cáncer y contra las Enfermedades Coronarias y se han adoptado medidas drásticas contra el tabaco y se anuncia una batalla contra la obesidad. El anuncio de los planes integrales fue realizado por el propio presidente del Gobierno, José Mª Aznar. En el caso del relativo a la cardiopatía isquémica, lo hizo en el acto de colocación de la primera piedra del edificio que albergará el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), cuya responsabilidad será asumida por el investigador Salvador Moncada.
Una semana antes, y con motivo de la inauguración oficial del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) Aznar había anunciado lo propio en relación con el cáncer.
Gasto farmacéutico
De entrada, se ha concretado la gran batalla para conseguir atemperar el crecimiento del gasto farmacéutico que, a final de año, había registrado una subida del 11 por ciento con respecto a 2002. A través de la Ley de Cohesión, el PP introdujo una enmienda (la 161), para la puesta en marcha de un nuevo sistema de precios de referencia. La aprobación de la Ley y la concreción de su aplicación por una Orden Ministerial, provocó una rebaja masiva en los precios de los medicamentos fuera de patente, con cuyo uso la Administración confía en ahorrar unos 400 millones de euros de la factura farmacéutica.
Algunas CC.AA. han rechazado que el Ministerio pueda proponer reformas sin que éste arbitre los medios para realizarlas
También y con el mismo fin, combatir el crecimiento del gasto en medicamentos, algunas comunidades autónomas han tomado medidas. Las más significativas, por la polémica desatada, son las adoptadas en Madrid y en Castilla-La Mancha para regular la visita médica, a la que consideran un elemento provocador del gasto.
Además, y dentro de las múltiples iniciativas destinadas a evitar un crecimiento desmesurado del gasto farmacéutico, en la CAM, el Ministerio de Sanidad puso en marcha un plan piloto para la dispensación por unidosis de antibióticos en algunas farmacias. De este plan, que contó con la negativa del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, se desconocen los resultados, aunque se asegura que, en Galicia, fueron prometedores.