El Tribunal Constitucional (TC)  ha decidido suspender la parte del punto 14.3 de la ley antipandemia vasca referida a la vacunación contra el coronavirus, que fue recurrida por el Gobierno central.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez llevó la norma al alto tribunal en este punto tras mantenerse las discrepancias jurídicas con el Gobierno de Vitoria sobre su interpretación después de seis meses de negociaciones en la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma Vasca.

Desde los partidos que dieron el visto bueno a la ley vasca no han ocultado su malestar por la resolución del TC, "ya que supone una intromisión a las decisiones adoptadas en el Parlamento vasco por la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el PSOE", han reconocido a EL MÉDICO INTERACTIVO.

Moncloa argumentó que el punto recurrido es anticonstitucional porque supone la obligatoriedad de vacunarse. Vox se unió al Gobierno de Sánchez, al  llevar también al TC  varios artículos de esta ley.

Mientras, el  Ejecutivo de Gasteiz discrepaba porque en el mismo se señala que las pruebas diagnósticas y las vacunas se ajustarán a lo previsto en la ley estatal 41/2002, en la que se afirma que el consentimiento será voluntario.

Gobierno vasco

La Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia del COVID-19, fue promovida por los partidos del Gobierno vasco de coalición, PNV y PSE, y aprobada en el Parlamento Vasco también con los votos a favor de Elkarrekin Podemos-IU.

El  Consejo de Ministros decidió,  a finales de marzo, que el presidente Sánchez interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra un punto de la ley antipandemia, incluido en el artículo 14, que se refiere a la realización de pruebas diagnósticas y a la vacunación.

El TC, que ha admitido a trámite el recurso, deja en suspenso hasta resolver el fondo de la demanda solo la "exigencia de vacunación".

El artículo afirma que negarse a someterse a estas pruebas se recogerá por escrito y supondrá la "imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de las mismas, así como la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas".

Asimismo, agrega que este mismo precepto se aplicará "a los efectos de la exigencia de vacunación".