Ricardo Miranda, convencido de que el Gobierno regional aprobará la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía, una norma que considera "inconstitucional"

Jesús Romano. Cádiz.- El presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Ricardo Miranda, está convencido de que el Gobierno regional aprobará finalmente la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, cuyo proyecto recibió en enero el visto bueno del Consejo del Gobierno y que eximirá de la obligatoriedad de colegiarse a los profesionales que trabajen en exclusiva para las Administración. El máximo responsable de la institución gaditana indicó, en una entrevista concedida a EL MÉDICO INTERACTIVO, que la Junta dará finalmente luz verde a la norma, pese a la oposición planteada por los propios Colegios -a través de Unión Profesional-, al mismo tiempo que aseguró que esta ley es, a su juicio, 'inconstitucional'.

'A pesar de la inconstitucionalidad de la norma, el Gobierno andaluz la aprobará, como ya aprobó (en diciembre de 2001) la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2002', que establecía la libre colegiación para los profesionales sanitarios que trabajaran para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que fue recurrida por la Administración central ante el Tribunal Constitucional. En esos términos se pronunció el doctor Miranda, quien se mostró esperanzado en que el Gobierno Central 'vuelva a recurrir la ley que ahora aprobará la Junta'.

A este respecto, el presidente de la entidad médico-colegial gaditana manifestó que el Ejecutivo andaluz 'se ha propuesto dejar a los Colegios de lado y asumir competencias que no le corresponde'. Tras mostrar su preocupación por este hecho, el facultativo aseveró que con esta ley 'la Junta se convierte en juez y parte, y deja a los médicos en una situación de total desprotección'.

Además, criticó el hecho de que la futura Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía propicie un 'cambio del estatus jurídico de los Colegios' que, a su juicio, los convierte en un 'órgano dependiente de la Administración andaluza'.

El hasta ahora proyecto de Ley fue redactado por la Consejería de Gobernación, bajo el propósito de establecer un nuevo marco legislativo que desarrolla en la Comunidad la normativa estatal de 1974.