La sede central de IB-Salud ha sido el escenario de la primera reunión de la Junta de Personal con el nuevo Ejecutivo de la Consejería de Salud de Baleares que ha estado presidida por Cecilio García. Desde el sindicato médico balear explican que entre las conclusiones más importantes destaca la necesidad de asegurar el capítulo I, que no es otra cosa que garantizar el cobro de las nóminas del personal facultativo en lo que resta del año. Teniendo en cuenta la grave crisis económica en la que se encuentran inmersas las distintas consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas , el tema, tal y como apuntan los profesionales, no es baladí.
En el encuentro también se ha concluido sobre la necesidad de garantizar a la población los niveles de asistencia adecuados. El tercer punto hace referencia al reconocimiento tácito de deuda de la productividad variable del 2010, "pagándose en el 2012 a todos los facultativos".
En la primera Junta de Personal se ha abogado por garantizar también a los profesionales sanitarios que "no habrá ERES sanitarios", según la información facilitada por el sindicato médico balear, que se mostraba preocupado no sólo por la falta de sustituciones ante bajas, vacaciones, etc., sino por posibles rescisiones de contratos.
En este sentido, los médicos, recuerdan que en la primera reunión se decidió la convocatoria de grupos de trabajo específicos para la negociación de la Carrera Profesional y renegociación y actualización de los "items" de Carrera con la especial participación de Cemsatse, excluida por el anterior ejecutivo.
En defensa del presidente del Colegio de Médicos
El Sindicato Médico de Baleares pide también la presunción de inocencia para los médicos. En este sentido ha salido en defensa del presidente del Colegio Oficial de Médicos, máxima institución oficial representativa de los médicos. El presidente de los facultativos ha sido cuestionado en los medios a raíz del inicio de una inspección sanitaria en el Servicio de Traumatología del Hospital Comarcal de Inca, en el que ostenta la jefatura. El sindicato no tiene nada que objetar a la apertura de inspecciones en ese Servicio o en cualquier otro, ni al derecho a la libertad de información, pero, asegura, "no es de recibo poner a los pies de caballos al máximo representante de la profesión médica ante la opinión pública, sin que la investigación haya concluido". Desde la organización sindical inisisten en que la presunción de inocencia "que la Constitución consagra es para todos".
En este sentido critican que aprovechar esas acusaciones para justificar la supresión de las peonadas y de las guardias de localización "es inaceptable, porque el principal resentido por ello será la asistencia sanitaria: aumento de las listas de espera, y menos inmediatez en la asistencia por la eliminación de las atención continuada localizada", concluyen.