Ana Pastor cerró ayer el fichaje de los responsables de los ensayos con embriones. Rafael Matesanz dirigirá el Centro de Trasplantes y Juan Carlos Izpisúa, el Banco de Líneas Naturales. Mientras, el Gobierno decidía llevar al Constitucional la ley andaluza de investigación con células madre, informa el diario LA RAZÓN en su edición del sábado, 29 de noviembre.
La ministra de Sanidad, Ana Pastor, cerró ayer el nombramiento de Rafael Matesanz como director del Centro de Trasplantes y Medicina Regenerativa. Como adelantó hace una semana LA RAZÓN, Matesanz pasará a hacerse cargo de esta institución, incluida en la reforma de la Ley de Reproducción Asistida, y que controlará los ensayos con células madre embrionarias. Matesanz, nefrólogo, trabaja en la actualidad en el Hospital Ramón y Cajal y fue responsable de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), donde permaneció hasta el año 1996.
Asimismo, según ha podido saber este periódico, Ana Pastor ha designado a la persona que se hará cargo del Banco de Líneas Celulares, el otro organismo contemplado en la reforma de la Ley. Se trata de Juan Carlos Izpurúa, antiguo director del Instituto Salk de investigación celular de California (Estados Unidos).
Tanto Matesanz como Izpisúa ocuparán el cargo de consultores hasta que elaboren y saquen adelante el decreto para la creación de las dos instituciones que dirigirán, contempladas en la reforma de la Ley de Reproducción Asistida.
En su etapa al frente de la ONT, Rafael Matesanz fue el encargado de catapultar a nuestro país a la cima del mundo en implantes de tejidos y órganos. Además, ha asesorado a la región de Toscana y a Grecia en la creación de sus sistemas nacionales de trasplantes. En la actualidad, el nefrólogo preside la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa. Por su parte, Izpurúa, es experto en células madre de reconocido prestigio, y ha desarrollado gran parte de su labor de investigación en EE UU.
Inconstitucionalidad
Mientras la ministra de Sanidad acordaba el nombramiento de Matesanz e Izpisúa, el Consejo de Ministros acordaba interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Andalucía 7/2003, de 20 de octubre de 2003, por la que se regula la investigación en esa Comunidad Autónoma con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro.
El Gobierno entiende que esta norma «menoscaba las competencias del Estado» en materia de investigación. Estima que la citada Ley andaluza va en contra de las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.
El Gobierno advierte que la ley aprobada por la Junta Andaluza «intenta determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación, determinación que sólo corresponde realizar al Estado».
El Ejecutivo añade en su exposición que Andalucía vulnera la normativa de la Ley del Estado de 1998, modificada la semana pasada por las Cortes a través de otro proyecto de Ley que da luz verde a la investigación con células madre embrionarias en España, con una serie de condiciones. Prohíbe crear embriones para investigar. Sólo se podrán usar los congelados que hayan sobrado tras aplicar técnicas de reproducción in vitro.