Redacción, Madrid.- La próxima reunión del Consejo Interterritorial podría ser la definitiva de cara al Estatuto Marco, y es que todo parece indicar que será en este encuentro con las Comunidades Autónomas donde el Ministerio de Sanidad presente la redacción definitiva. El encuentro está previsto para el próximo 26 de marzo en Santiago de Compostela, aunque todavía no hay convocatoria oficial.

La posibilidad de que el Estatuto Marco esté prácticamente cerrado ha empezado a movilizar a los sindicatos sanitarios, que no quieren sorpresas en la redacción definitiva de un documento del que no se tienen más noticias desde el pasado mes de octubre. La preocupación viene motivada sobre todo por los mensajes lanzados desde el Ministerio, ya que altos responsables del mismo han apuntado que había que "adelgazar" el Estatuto Marco, lo que podría traducirse en la desaparición de cuestiones ya acordadas.

Para evitar redacciones inesperadas, los sindicatos están realizando gestiones para lograr una reunión previa con el Ministerio de Sanidad, para que éste revele el contenido definitivo. Tanto CCOO como CESM ya han dado un paso en este sentido, aunque, por su parte, tanto UGT como CSI-CSIF están realizando gestiones en la misma línea.

En este sentido, el secretario estatal de Acción Sindical de CCOO, Cristóbal Gil, ha señalado que el objetivo ahora es que "el conjunto de las Comunidades Autónomas entiendan que ésta no es una batalla partidaria, ya que está en juego la cohesión del sistema sanitario público". Por ello considera que hay que cerrar de manera satisfactoria un pacto unitario en relación con los temas profesionales. En este sentido, Gil recuerda que "el 40 por ciento del presupuesto sanitario se destina a gastos de personal".

Desde CCOO se advierte que "no hay que cambiar" lo ya pactado de cara al Estatuto Marco, y se apunta que si al final hay modificaciones por parte del Ministerio de Sanidad "se irá a la confrontación". Además, la falta de una norma que coordine esta cuestión podría propiciar en la práctica la imposibilidad de la movilidad territorial de los profesionales, con lo que se daría la paradoja de que haya problemas entre las diferentes comunidades españolas cuando empiezan a caer las barreras de este tipo entre los países de la Unión Europea.