El “Pacto de Estado en Sanidad” ha pasado a ser un concepto que no trasluce altura de miras y nobleza, sino intereses coyunturales con la vista puesta en obtener un rendimiento político a corto plazo, bien sea porque con ello demostrarían su sentido de Estado (cuando gobiernan), o bien porque hacer imposible su materialización contribuiría a deteriorar al adversario y colocarse en mejor posición de cara a las siguientes elecciones generales.

Se trata de un juego que ya resulta cansino por increíble, y lo extraño es que los políticos crean que les sigue siendo útil, porque si no me equivoco hace tiempo que el común de los ciudadanos ya no se deja embaucar por él y mide a todos ellos por el mismo rasero, que es el de la mediocridad y los intereses de baja estofa. Y ahí están las encuestas para comprobarlo: los grandes partidos están sufriendo una gran erosión en sus perspectivas electorales, lo cual tiene mucho que ver, sí, con su perdida de credibilidad entre la población.

La Sanidad pública, y concretamente el horizonte de un Pacto de Estado sobre ella, es un buen botón de muestra, si no el mejor, de lo que decimos. Y nada más adecuado que repasar la hemeroteca para comprobar su inconsistencia al respecto.

En junio de 2008, por ejemplo, el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, presentó en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado su proyecto de Pacto por la Sanidad. Y decía entones algo tan sensato como que la descentralización “no es incompatible con la equidad en el acceso a los servicios públicos”, y que el objetivo ha de ser “consolidar nuestro SNS sobre los principios de equidad, calidad, innovación, cohesión, seguridad y sostenibilidad”.

Asimismo, anunciaba que el pacto sería “una garantía” de que los temas cruciales de la Sanidad “ya nunca más serán objeto de controversia política ni entre los partidos políticos ni entre las comunidades autónomas”. Estas últimas, precisaba, “no deben usarla en defensa de sus distintas identidades territoriales”.

Las palabras del ministro Soria ya habían sido adelantadas por el PSOE en 2004 cuando, recién llegado al Gobierno, ofreció al PP la posibilidad de alcanzar un pacto de Estado con la misma entidad que el Pacto de Toledo, para garantizar la financiación y la sostenibilidad económica del SNS. Los socialistas creían entonces necesario alcanzar un pacto estatal que contase con la misma participación y el mismo grado de consenso que se consiguió en el terreno de las pensiones, “para que las generaciones venideras puedan tener garantizado este derecho”. Y apostaban por impulsar “un debate sereno, muy participado y consensuado”, entre las comunidades autónomas y las formaciones políticas, sobre la cartera de servicios que puede permitirse la Sanidad pública.

La idea del Pacto de Toledo en materia de Sanidad también fue propuesta por el PP en el marco de la ponencia sobre política social que debatió este partido en su XV Congreso Nacional, celebrado en octubre de 2004, y volvería a plantearla cuando de  nuevo accedió al poder en las últimas elecciones generales.

Se ve, pues, que los dos grandes partidos políticos que podrían haber materializado el acuerdo coinciden en su necesidad, pero luego son incapaces de consensuar aquello en lo que aparentemente no hay diferencias de criterio. ¿Por qué? Ese tipo de cosas es lo que desconcierta a los ciudadanos, que llegan a la conclusión de que a los políticos no les mueve tanto el objetivo de salvaguardar el funcionamiento de uno de los pilares del Estado de Bienestar como el de utilizarlo como instrumento de confrontación entre sí, sea con razón, como ocurre algunas veces, o, como sucede en la mayoría, con carácter forzado y en alguna medida demagógico.

Ante esta situación, desde CESM nos reafirmamos en las propuestas que en marzo de 2009 hicimos a la iniciativa ahora en el olvido del ministro Soria.

La primera de ellas es que el SNS no puede seguir sometido a la discrecionalidad con la que actúan los Servicios de Salud de las comunidades autónomas en aspectos como las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos o las políticas de personal.

La desintegración de SNS, que está dejando de ser un “sistema” estatal para convertirse en un conglomerado de servicios autonómicos que hacen y deshacen a su antojo, se manifiesta desde hace tiempo en hechos como los siguientes:

” Los pacientes comienzan a tener diferente acceso a los Servicios de Salud (tabaquismo, cambio de sexo, vacunaciones, etc.) dependiendo de la región en la que viven.

” Los médicos vemos coartado el derecho a la libre movilidad en el conjunto del Estado y nuestras condiciones laborales, así como de promoción y desarrollo profesional, varían sustancialmente entre las diversas CCAA.

” Resulta complicado incluso llegar a acuerdos para crear institutos de investigación o centros para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras (por citar sólo dos ejemplos), que la lógica aconseja sean supracomunitarios.

El pacto que demanda CESM para volver a situar al SNS en la senda que nunca debió  abandonar se soporta sobre dos ejes fundamentales: el primero es que el Ministerio ha de liderar el Consejo Interterritorial para hacer realidad los principios de cohesión y equidad, lo cual exige que las decisiones adoptadas en él sean vinculantes. Y el segundo es dotar al SNS con mayores recursos económicos, haciendo un esfuerzo presupuestario similar al que llevan a cabo los países europeos más desarrollados, lo que significa incrementar el gasto público en aproximadamente dos puntos sobre el porcentaje de PIB.

Se trata de metas razonables y en buena medida, como decíamos, compartidas por quienes podrían hacerlo posible. Pero si los políticos siguen como hasta ahora, es decir, desmintiéndose en la realidad a sí mismos, los médicos tendremos que buscar otras vías, como es la de aliarnos con aquellos sectores sociales y de ciudadanos más comprometidos con la defensa de la Sanidad pública. En otras palabras: exigir desde la sociedad civil lo que la “clase” política se muestra incapaz de conseguir.