Satse reclama estudios serológicos para el personal sanitario. El Sindicato de Enfermería ha reclamado al conjunto de administraciones públicas que se realicen estudios serológicos a los profesionales sanitarios. El objetivo es «comprobar sus niveles de anticuerpos contra la COVID-19 y valorar si resultase necesaria la inoculación de una tercera dosis de la vacuna de cara a evitar nuevos contagios».

Estudios serológicos para el personal sanitario

SATSE ha considerado «absolutamente necesario» que se refuercen y mejoren las medidas de protección existentes. Ha pedido la adopción de nuevas medidas que garanticen la salud y seguridad de enfermeros, fisioterapeutas y el conjunto del personal sanitario que se enfrenta a la COVID-19.

Por tanto, Satse ha pedido que se analice el grado de inmunidad que tiene el conjunto del personal sanitario. Al ser uno de los primeros grupos que recibió la vacuna, es necesario valorar si necesitan una dosis de refuerzo. Según el sindicato, diversos estudios apuntan que una tercera dosis del antígeno produce entre 5 y 11 veces más niveles de anticuerpos contra la variante delta en comparación con la segunda dosis.

Entornos laborales seguros

Por otro lado, Satse ha exigido «garantías en los entornos laborales para los profesionales sanitarios». El sindicato ha denunciado que todavía se encuentra «problemas de falta de espacio y ventilación en los centros sanitarios y sociosanitarios». «Un claro ejemplo son los vestuarios de los profesionales sanitarios que, en muchos casos, no reúnen las condiciones de ventilación y distancias necesarias para garantizar su salud y seguridad», ha lamentado.

Los contagios por COVID-19 afectan a «las ya de por sí muy deficientes plantillas de enfermeros y fisioterapeutas». Esto deriva en «consecuencias negativas en la atención y cuidados que deben prestarse al conjunto de la ciudadanía».

Por último, el Sindicato de Enfermería ha insistido en su petición de considerar las bajas laborales por coronavirus de manera directa como enfermedad profesional. Se trata de una propuesta en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, «se garantiza una mayor protección y seguridad de los profesionales sanitarios, sobre todo en el caso de que haya secuelas futuras».