A.P.,Castellón.-Pese a que la propia Ley de Cohesión y Calidad, de 2003, establece en su disposición transitoria sexta que la Sanidad Penitenciaria sería transferida en un plazo máximo de 18 meses a las comunidades autónomas, el año 2005 se ha iniciado sin que esa transferencia se haya producido.

Tal como ya publicó EL MEDICO INTERACTIVO (ver edición del 11 de enero), el Gobierno trabaja para que este tema esté resuelto "en el tiempo más breve posible". También en declaraciones a este medio, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, ha criticado que la Administración "incumple su propia ley". García Guerrero anhela, fundamentalmente, que a lo largo de 2005 los médicos que prestan sus servicios en las prisiones españolas puedan incorporarse al Sistema Nacional de Salud (SNS), pese a que muestra una patente desconfianza sobre el particular.

Julio García Guerrero, médico de la prisión de Castellón, recién incorporado a la presidencia de la SESP, tras asumir el cargo en el último Congreso que esta Sociedad celebró el pasado mes de noviembre, resume las pretensiones de los facultativos del ámbito penitenciario con una frase: "Somos médicos, y nuestra aspiración es tener los mismos derechos y deberes que cualquier facultativo de Atención Primaria de España", dice contundente.

"Que se transfieran las competencias en materia de Sanidad Penitenciaria a las comunidades es nuestro caballo de batalla y nuestra aspiración, siempre hemos abogado por ello. Creemos que la existencia de un sistema sanitario penitenciario paralelo al SNS es un anacronismo y no tiene razón de ser. Por eso pedimos la transferencia de esas competencias y la posterior integración en los distintos Servicios de Salud autonómicos", tal como ha explicado.

El presidente de la SESP ha insistido en el incumplimiento de la ley por parte de la Administración. "Desde la SESP, estamos intentando movilizar voluntades y dar un impulso político o administrativo a este asunto para ver si se consigue en el plazo más breve posible", según sus palabras.

El retraso en dicha transferencia afecta en torno a los 550 facultativos a los que se unen otros 600-700 DUE, que prestan sus servicios en los centros penitenciarios de toda España. Por tanto, el doctor García Guerrero aboga por que la cuestión se solucione "de forma inminente, pero como se dice "las cosas de palacio van despacio" y se exige una negociación entre Administraciones que me temo se va a dilatar".

Alejados del SNS

El principal beneficio que para los facultativos que prestan sus servicios en las prisiones supondría que se realizase la transferencia lo resume el presidente de la SESP en "estar dentro del SNS, estar integrados en la Red Sanitaria Pública. Ahora mismo estamos en un sistema paralelo, alejado o apartado de los cauces habituales de la información médica. eso nos crea muchas dificultades en nuestro ejercicio diario", según ha manifestado.

El doctor García Guerrero ha resaltado, además, que las posibilidades de promoción profesional son menores. "Nosotros somos funcionarios públicos, hemos superado una oposición para ejercer nuestra profesión y en ese sentido no nos diferenciamos mucho del resto de los facultativos del sistema público. pero el régimen jurídico es diferente, ellos son personal estatutario. Este tema debe ser negociado por las Administraciones autonómicas, que serán las encargadas de establecer la nueva situación".

"El trabajo realizado en los centros penitenciarios, a la hora de optar a otra plaza, no se valora en la misma medida que el de los profesionales del SNS, aunque las circunstancias varían según la autonomía de la que se trate. Hoy los médicos de prisiones no podrían participar en la OPE Extraordinaria, y ese sistema sanitario diferente también impide los beneficios que debe traer la carrera profesional", según pone como ejemplo el máximo responsable de esta entidad.

Por todo ello, desde la SESP se reitera que su único anhelo es estar dentro del SNS, con los mismos derechos y deberes que los demás médicos. "Y que para ello la transferencia desde la Administración central a las comunidades autónomas deben ser una realidad cuanto antes", concluye su presidente.