Han pasado 25 años de la mayor tragedia alimentaria acaecida en España, el Síndrome de Aceite Tóxico (SAT), más conocido como aceite de colza y todavía parte del enigma continúa sin resolverse. El envenenamiento que causó el fallecimiento de 700 personas 'aunque haya fuentes que elevan la cifra a 1.100' y afectó a más de 20.000, provocó el pánico entre la sociedad española de aquel entonces. Es más, durante muchos años se ha mantenido vivo el desconcierto que hoy perdura y que, incluso, ha llevado a numerosos expertos a cuestionar si el tóxico causante del envenenamiento fue, realmente, el aceite.
En su momento, la OMS se interesó por el caso, desde el punto de vista de una patología nueva, instando a que fuera seguida de por vida
Las cifras anteriores difieren de las ofrecidas por la doctora María Luisa García de Aguinaga, quien, en su trabajo de investigación, afirma que el SAT afectó mortalmente a 2.000 personas, de ellas un 20 por ciento menores de 20 años. Sólo al mes y medio de iniciada la epidemia había ya registrados 80 fallecidos y 12.000 enfermos en el centro noroeste de España, la mayoría en Madrid. Los afectados padecían, entre otros síntomas, ligero aumento de la temperatura, dolor de cabeza, somnolencia y fatiga, además de algún dolor abdominal.
El consumo de aceite de colza desnaturalizado fue la hipótesis oficial de la causa de esta intoxicación, la mayor de la historia de España. El niño Jaime Vaquero, de Torrejón de Ardoz, el 1 de mayo de 1981 fue la primera víctima oficial de la entonces y hoy epidemia enigmática, ya que hasta el momento se desconoce aún cuál fue el tóxico específico.
El hecho de que sólo se diera en zonas muy determinadas del Estado español, que afectara, principalmente, a las clases sociales menos favorecidas, el que no se haya repetido en ningún otro lugar del mundo, la paradoja de que unas personas de la misma familia enfermaran y otras no y, fundamentalmente, el tiempo transcurrido sin llegar a conclusiones definitivas dan pábulo a las especulaciones. Las tesis manejadas han variado sucesivamente. Del envenenamiento por culpa de experimentos militares hasta los pesticidas, que es la teoría, hasta ahora, más revalidada.
La versión oficial que ha perdurado es que el origen de la enfermedad fue una partida de aceite de colza desnaturalizado distribuido en venta ambulante en la primavera de 1981, simultáneamente, otros investigadores seguían un hilo conductor distinto, sugiriendo que la causa en modo alguno podía ser el aceite.
Un investigador valenciano, el doctor Muro, director, en ese momento, del Hospital del Rey, tras realizar investigaciones tanto médicas como detectivescas siguiendo la pista a productos ingeridos por afectados, descubrió que se trataba de una intoxicación por vía digestiva, y que la sustancia tóxica se vendía en mercadillos, sobre todo por Castilla y León. No obstante, la tesis de Muro se inclinaba más hacía productos agrícolas o, incluso, la transmisión por animales como perros y pájaros. El Gobierno español ignoró sus estudios y cuando este investigador les resultó demasiado impertinente procedieron a destituirlo.
Un médico militar, el doctor Luis Sánchez-Monge, investigó también un insecticida, concretamente un combinado nematicida organotiofosforado, que, a su juicio, envenenó a las víctimas al consumir éstas los tomates tratados con dicho insecticida. Algunas publicaciones de la época recogieron todos sus estudios, pero tanto el Insalud como el Ministerio de Sanidad los obviaron. Otro doctor, Ángel Peralta, jefe de Endocrinología del Hospital Infantil de la Paz, publicó que 'los cuadros clínicos se explicaban mejor por una intoxicación por insecticidas organosfosforados que por una simple infección viral'.
Uno de los argumentos utilizados parecía evidente, si fuera el aceite el causante ¿cómo se explica la discriminación intrafamiliar? Más si cabe, tras constatarse que es muy rara la afectación a toda la familia. Sin embargo, una mujer que elaboraba una papilla de verduras a su hijo, sin tomate, pero agregando un 'chorrito' de aceite proporcionó en junio de 1981 la pista definitiva. El doctor José Manuel Tabuenca Oliver, director del Hospital del Niño Jesús, y director de la Comisión Clínica del Síndrome Tóxico fue quien finalmente descubrió la relación existente entre el síndrome y el aceite de colza desnaturalizado.
Comienza seguidamente la búsqueda de un antídoto y son múltiples los compuestos y fármacos que van surgiendo como posibles remedios eficaces: vitamina E, polivinil, esteroides,... El tratamiento en la primera fase de la enfermedad con esteroides habría de salvar muchas vidas, aunque su constatación llegó tarde.
Juicio del siglo
El 30 de marzo de 1987 comenzó el proceso por el 'envenenamiento con aceite de colza'. No se recordaba nada parecido a este 'juicio del siglo' en los anales de la Justicia española. El proceso se separó en dos, uno contra los empresarios aceiteros, y otro, en el que se dirimió la responsabilidad de la Administración. En el sumario de los empresarios, que superó el millón de folios, se abrieron más de 10.000 carpetas de afectados y en el juicio declararon más de 1.000 testigos y 180 peritos. La Audiencia Nacional dictó sentencia en mayo de 1989, en la que condenó a 13 acusados por delitos contra la Salud Pública, imprudencia y estafa, apenas entre 6 meses de arresto y 20 años de cárcel.
Voces críticas advierten de que las nuevas generaciones de médicos desconocen en líneas generales la enfermedad y tampoco muestran mucho interés por saber sobre ésta, considerada como 'un gran síndrome'
Por su parte, el juicio contra los responsables públicos no comenzó hasta octubre de 1995. La sentencia condenó tan sólo a un funcionario por imprudencia simple y al Estado como responsable civil subsidiario.
Las irregularidades afloraron, además, durante todo el proceso. Como muestra, el caso omiso que se hizo a las pruebas del doctor Luis Frontela con insecticidas y otras sustancias similares utilizadas en la agricultura, que apuntaban también a un pesticida como causante. 'Las series de ratas intoxicadas directamente con nemacur y con pimientos tratados con nemacur dos semanas antes de la recolección 'dice el informe del doctor Frontela (Cambio 16, diciembre 1984)', presentan similares lesiones microscópicas que las observadas en los fallecidos por la neumonía tóxica'.
Aceite comprado en Francia
Los expertos aseguran saber con certeza que la causa fue un aceite desnaturalizado con 2 por ciento de anilina para uso industrial comprado en Francia y vendido de forma ambulante en España. Se trataba de un aceite de colza manipulado en un 60-90 por ciento, mezclado con aceite vegetal, grasas animales y con un 0,5 por ciento de aceite de oliva. El producto tóxico resultante es un derivado del propanodiol: 1-2dioleil ester del 3-N fenilanamino, 1-2 propanodiol (DPAP).
Según la tesis de la doctora García de Aguinaga, premiada recientemente por la real Academia Nacional de Medicina, sobre la situación actual de los afectados por el 'síndrome tóxico' no se ha logrado reproducir las lesiones del DPAP con anilinas calentado, pero las hipótesis patogénicas se basan en el mecanismo inmunológico que se puso en marcha, que provocó una disfunción endotelial (vasculitis) que afectaba a todos los órganos del cuerpo.
La epidemia se desarrolló en tres fases. En la aguda (que comenzó en junio de 1981) y en la intermedia (en verano del mismo año), los enfermos experimentaban pérdida ponderal, mialgias, afectación cutánea, elevación de la presión arterial, hipertensión pulmonar, disfagia y colestiasis hepática, así como fenómenos tromboembólicos. La tercera fase, considerada crónica, recoge las secuelas del brote: afectación neuromuscular, articular, dérmica, pulmonar, hepática y tiroidea, vasculitis y síndrome seco.
En la primera fase, la mortalidad vino causada por edema pulmonar e insuficiencia respiratoria aguda secundaria. En la intermedia, por hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, coagulación intravascular diseminada y trombosis mesentéricas. En la frase crónica, los enfermos manifestaban afectación neuromuscular que les causaba la muerte por insuficiencia ventilatoria grave hepática.
Los pacientes que, en la actualidad, sobreviven son seguidos en la Unidad de Investigación del Síndrome del Aceite Tóxico (SAT) del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IER) del Instituto Carlos III, fundamentalmente con el fin de vigilar la existencia de factores de riesgo cardiovascular.
'Las persona afectadas tienen lesiones neurológicas, esclerodermia, fatigabilidad, calambres no generalizados y debilidad muscular como consecuencia de las lesiones iniciales que siguen observando. Lo más preocupante es la hipertensión pulmonar y la existencia de un grupo de hepatopatías más o menos importantes', asegura el doctor Ignacio Abaitua que trabaja junto al doctor Manuel Posada, responsable de la Unidad del SAT del Carlos III.
En este departamento se hace un seguimiento de dos tipos a los pacientes afectados por el SAT. Uno de ellos, el de mortalidad. Se contacta todos los años con los pacientes vivos y se les hace un pequeño cuestionario. Si ha fallecido se certifica la muerte, contactan con el Registro Civil y con el Instituto Nacional de Estadística y, desde 1987 también se investigan las causas de la muerte, además de la 'parada cardiorespiratoria'.
Por otro lado, reúnen la historia clínica de los fallecidos, aunque esto tiene cada vez más dificultades, ya que algunos son de avanzada edad, fallecen en su domicilio por causas diversas, como cáncer o infartos cerebrales, y aunque el último episodio lo puedan intuir no lo conocen de forma clara.
Según los últimos datos, quedan vivos 16.953 pacientes afectados por el SAT y están en tratamiento alrededor de 3.000 personas de las más de 20.000 que resultaron afectadas.
Labores de investigación
Desde la Unidad del ISC III siguen por un lado a los que van demandando asistencia y por otro, a quienes toman parte de una muestra que llevan a cabo. 'Se sabe la situación de los enfermos porque vienen a la unidad o también porque mantenemos correspondencia con ellos. Asimismo, existe una estructura en el '12 de Octubre' dedicada a ellos, recalca el doctor Ignacio Abaitua.
Actualmente, se estudia el síndrome del túnel del carpo y el hipotiroidismo que aumenta en esta población probablemente relacionado con un factor autoinmune, corroborándose que ha sido una enfermedad sobre todo de afectación vascular cardíaca. El experto de la Unidad del Carlos III reconoce no tener medios para seguir investigando este aspecto, 'porque no tenemos registro de infartos ni de otro tipo de trombosis, pero estamos sobre la pista de estos factores'. Un problema con el que se topan es que la población está envejeciendo y la patología propia de los años se añade y/o camufla con la de su enfermedad crónica.
A día de hoy se continúa investigando en Unidades del CSIC, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, y en colaboración con laboratorios europeos. También trabaja un grupo de Inmunología en la Fundación Jiménez Díaz, entre otros, pero queda la idea, entre los expertos, que no se está prestando a esta enfermedad toda la atención que científicamente requeriría.
Abunda la impresión de que se ve como 'cosa del pasado' cuando en realidad 'es una patología única y que, desde luego, no se puede repetir en los mismos términos. Los médicos, sobre todo las nuevas generaciones, no conocen la enfermedad. no existe y tienen muy poco interés por conocerla. En este sentido, se tiene la sensación de que es una de las grandes patologías olvidadas. El SAT debiera ser estudiado en la carrera de Medicina como uno de los grandes síndromes. Es una lástima, porque de él queda mucho por estudiar y también por aprender', asevera el doctor Ignacio Abaitua.
Veinticinco años de lucha
Les gustaría olvidar, pero no pueden. Sus manos, sus pies o los problemas respiratorios se encargan de recordarles día a día que hace 25 años contrajeron una enfermedad nueva, el síndrome tóxico, de la que aún no conocen cómo evolucionará en su cuerpo ni cómo se cura. Desde que el 1 de mayo de 1981 falleciera el primer enfermo por el consumo de aceite de colza adulterado casi 2.000 han muerto, más de 20.000 personas quedaron afectadas y unas 6.000 quedaron incapacitadas en mayor o menor medida, según los datos de las diferentes asociaciones de enfermos.
Recientemente, un grupo de afectados por el síndrome SAT se encerraban en la sede de la Oficina de Gestión del Ministerio de Asuntos Sociales en Madrid para protestar contra lo que creen un abandono por parte del Estado, quien también salió condenado en el juicio como responsable civil subsidiario por fraude de consumo.
En los macrojuicios que tuvieron lugar entre 1983 y 1987, además de condenar a los culpables, se fijaba las indemnizaciones que debían recibir los afectados, variando en función de la edad y la situación personal de cada uno de ellos. Un total de 36 envenenados no han cobrado indemnización y 300 ni la reclamaron.
Juan Antonio Sánchez, portavoz de varias de estas asociaciones explicaba que 'es una vergüenza porque la investigación médica está prácticamente desmantelada y por las irregularidades en las indemnizaciones, ya que se fijaron en las actuaciones de 1986 y se comienzan a pagar ahora'.
Sin embargo, las asociaciones no desean que su protesta sea tomada como una reivindicación económica. Ellos darían todo el dinero por no estar enfermos. La OMS reconoció que era una patología nueva, de evolución impredecible, sin posibilidades actuales de curación y que debe ser seguida de por vida. 'No se puede parar la investigación', exigen desde las asociaciones.
Los supervivientes son seguidos en la Unidad de Investigación del SAT, en el Instituto de Salud Carlos III, fundamentalmente, para vigilar la existencia
de factores de riesgo cardiovascular.
Actualmente, muchos de estos pacientes además de las dificultades respiratorias, musculares y cardiovasculares están en tratamiento de ansiedad.
Entre sus reivindicaciones, que no cesan, se halla la de lograr una equiparación de trato con el de las víctimas del terrorismo 'y poder dialogar con alguien que tenga una cierta capacidad política para dar soluciones. 'No se trata de que el Estado haga caridad, simplemente debe cumplir lo que le dijo el juez: facilitar la supervivencia de los afectados', tal como sentencian.