S.P., Madrid.-En vísperas de una nueva reunión de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, seis Sociedades Científicas que agrupan a la mayor parte de los profesionales españoles relacionados con la fertilidad y sus trastornos en sus vertientes asistencial e investigadora enviaron el pasado 19 de septiembre un manifiesto al Ministerio de Sanidad con la finalidad de exponer su desacuerdo unánime con el Proyecto de Ley de Reproducción Asistida que se debate en estos momentos en el Parlamento y "con el ánimo de contribuir a la elaboración de una norma científicamente aceptable", tal como han hecho constar en el documento.

Según han explicado algunos de los representantes de las mismas, la promotora de la idea ha sido la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), a la que no han dudado en sumarse la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR). la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). la Asociación Española de Andrología (ASESA). la Sociedad Española de Genética (SEG). y la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

En el manifiesto se analiza los principales artículos de la discordia, alegando que uno de los motivos que mayormente ha generado el desacuerdo es el establecimiento de un límite máximo de tres ovocitos a fecundar y a transferir a la mujer en el mismo ciclo.

Estas entidades científicas entienden y así lo han expresado que "la limitación a tres del número máximo de ovocitos sobre los que puede actuarse para obtener su fecundación produciría consecuencias enormemente negativas sobre el rendimiento terapéutico de la fecundación in vitro y de sus técnicas derivadas". Al respecto recuerdan que "la tasa de fecundación de los ovocitos nuclearmente maduros se sitúa en torno al 70 por ciento y que el porcentaje de embriones cuyo desarrollo continúa después de la fecundación es variable pero nunca representa el cien por cien. De ahí que para disponer de 2 ó 3 embriones con alta probabilidad de implantación sea necesario someter a inseminación o microinyección espermática a un mínimo de 6 a 8 ovocitos".

Por otra parte, tal como corrobora el vicepresidente de la Sociedad Española de Fertilidad, el doctor Roberto Matorra, en cuanto a la salvaguarda que ofrece el proyecto de Ley sobre la excepcionalidad a la limitación de los tres ovocitos, "este punto está redactado de una forma ambigua y confusa, tal vez de forma intencionada, al añadir que "…los casos en que lo impida la patología de base de los progenitores…serán especificados en un protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo", es decir, entendemos que dicha salvaguarda depende de la elaboración de un protocolo, que en mi opinión, no es otra cosa, en definitiva, que una vía de escape".

Incremento del coste del proceso

El actual presidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), doctor José Bajo, ha hecho hincapié, por su parte, en el considerable incremento puede experimentar el coste del proceso en caso de que entre en vigor esta Ley tal y como está redactada en estos momentos, impresión que también es recogida en el documento firmado por las seis entidades científicas aludidas.

En opinión del doctor Bajo, "dadas las limitaciones planteadas en la ley, en caso de que la mujer no quede embarazada una vez realizado el tratamiento habrá que comenzar de nuevo el proceso, con los costes que ello supone, costes que en ningún caso van a correr a cuenta de los profesionales, sino de la Sanidad pública, de las aseguradoras, si se realizan en clínicas privadas, o de los propios pacientes".

Dada la situación de perjuicio que puede suponer para las parejas que deseen someterse a este tipo de técnicas, el presidente de la SEGO invita a las Asociaciones de Pacientes a que también adopten las medidas oportunas, al ser, en su opinión, las principales víctimas. "La misión principal de los profesionales es la de advertir los problemas que la entrada en vigor de esta Ley puede generar, como mucho levantando la voz, pero al final no nos quedará más remedio que cumplir la normativa porque es nuestro deber".

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Contracepción, el doctor José Luis Doval, ve una cierta similitud de situaciones entre la que se vive en estos momentos, y la acaecida en su día cuando fue presentada la ley del aborto. "Se ha vuelto a hacer una ley para quien se lo pueda pagar, al igual que cuando se estableció la ley del aborto, que para lo único que valen es para aplicarse en aquellos centros controlados por el Gobierno y no en los privados, con lo cual la equidad propugnada por el Gobierno no queda garantizada, al producirse desigualdades sociales", según palabras del doctor Doval.

Este grupo de Sociedades Científicas recalcan, finalmente, en su documento "la voluntad de mantener contactos con el Ministerio de Sanidad destinados a la discusión de estos aspectos del Proyecto de Ley, con el ánimo de contribuir a la elaboración de una norma científicamente aceptable". Al tiempo, esperan que el Senado sea más receptivo a este tipo de modificaciones, tal como manifiesta el presidente de la SEGO quien concluye, sin embargo, que "a estas alturas estamos convencidos de que el Parlamento no dará marcha atrás".