Carlos Nicolás, Madrid.-Sanidad pretende que la primera parte de la OPE extraordinaria para la consolidación de empleo en el Sistema Nacional de Salud, esté resuelta en los primeros quince días de noviembre para los Faculativos Especialistas de Área (FEA) y ante del fin de año, en diciembre, la del resto del personal del sistema. En tales términos se manifestó el subsecretario de Sanidad, Pablo Vázquez, en el acto de apertura del X Congreso de Derecho Sanitario que, convocado por la Asociación Española de Derecho Sanitario bajo el título "Derecho a la Protección de la Salud. Análisis de una década", tiene lugar en Madrid hasta el próximo día 25 de octubre.

Pablo Vázquez, que presidió el acto inaugural del Congreso en nombre de la Ministra de Sanidad y Consumo, sorprendió al auditorio con el anuncio del compromiso de que, antes de fin de año, el Ministerio pretendía resolver la primera parte OPE extraordinaria para la consolidación del empleo en el Sistema Nacional de Salud. En tal sentido, reiteró el compromiso para sacar adelante el proceso, que se considera de singular importancia para el Ministerio, y que no iba a ahorrar esfuerzos por conseguir tal objetivo.

El subsecretario ofreció un amplio repaso sobre la marcha del Sistema Nacional de Salud y señaló que el derecho a la protección de la salud se había adaptado a que había sido la evolución de la sociedad española, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Vázquez consideró que debería hacerse una precisión terminológica entre "derecho a la salud" y "derecho a la protección de la salud", pues ambos conceptos implican enfoques diversos, aunque en el fondo están señalando la pretensión de un sector del ordenamiento jurídico de constituirse en una rama autónoma del Derecho, en la que los usuarios o pacientes, los profesionales sanitarios y las organizaciones que presten estos servicios son los protagonistas.

Momento actual

Después de haber realizado un repaso de la normativa elaborada en los últimos años sobre el particular, así como de los hitos destacados en la asistencia sanitaria tanto en la etapa de Gobierno socialista posterior a la Ley General de Sanidad como en la vivida a partir de 1996, en que llegó al poder el Partido Popular, el subsecretario se refirió al momento presente y, en concreto, a los proyectos de ley de Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud y de Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. En un caso, para llenar un gran vacío normativo y, en el otro, en el del Estatuto, como respuesta a una aspiración largamente manifestada.

Y, en una especie de balance de situación, Pablo Vázquez no dudó en afirmar que la Sanidad española había mejorada sustancialmente en los últimos diez años, tanto como consecuencia de un aumento de la calidad como por la universalización de la asistencia, así como por la descentralización de la gestión de la asistencia y por el incremento de la equidad.

Derecho sanitario unificado

Ricardo De Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), al referirse al papel jugado por estos congresos, abogó por la necesidad de sacar al Derecho Sanitario de su dispersión secular y hacerlo objeto de un estudio sistemático. "Cuando el Derecho Sanitario se entienda así -dijo- quedarán en evidencia las concepciones que intentan aplicar la vieja idea de "legislación sanitaria", por cierto todavía vigente en muchas Universidades Españolas, que consistiría en transplantar directamente y sin más conceptos y técnicas jurídicas generales a los problemas de la salud. Con lo que están de espaldas a la realidad".

Para De Lorenzo, la presencia en el Congreso de representantes de todos los sectores, sanitarios y jurídicos, constituye un éxito por la superación de la dificultad organizativa, pero supone también la demostración de que la Asociación no es de nadie y ahí radica su fuerza. Y, al comentar el tema central de la convocatoria, se refirió a la Ley General de Sanidad, de 1986, que, a su juicio, "tuvo una virtud principal: ser una ley organizadora que rebasó la concepción imperante hasta entonces y que ponía en el camino de la construcción del auténtico Derecho Sanitario, pues su primer artículo establecía la regulación de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de salud consagrado en el artículo 43 de la Constitución".

Reclamaciones crecientes

La primera gran mesa redonda de la jornada giró en torno a la política de los diez últimos años y en ella participaron los exministros de Sanidad Enrique Sánchez de León (UCD) y Julián García Vargas (PSOE), así como los presidentes de los Consejos Generales de los Colegios de Profesiones Sanitarias: Guillermo Sierra, del de Médicos. Pedro Capilla, del de Farmacéuticos. y Máximo González Jurado, del de Enfemería.

Para su valoración, Guillermo Sierra partió del conocido como "Informe Abril", concluido en 1991 y que, según dijo el presidente de la OMC, supuso un punto de inflexión en la política sanitaria. Aunque no fue debatido, el informe fue aceptado en la práctica, con dos excepciones: la participación de los usuarios en el pago de servicios y la implicación del personal en la gestión de la asistencia.

Sierra, que manifestó su preocupación por las reclamaciones crecientes que se están produciendo en contra de los médicos, advirtió que "se está produciendo una judicialización de la actividad médica que tenía como consecuencia un incremento de los gastos asistenciales y el abandono de la atención de lo más importante, el enfermo a fin de encauzar perfectamente los medios para evitar errores" que -a su juicio- "no pasan de ser las más de las veces efectos adversos".

El presidente de la OMC analizó la situación desde cuatro puntos de vista: la motivación profesional, la preocupación por el gasto, la participación de los ciudadanos y la responsabilidad civil. En relación con el primero de los aspectos, Sierra reclamó incentivos profesionales que no se reducen sólo a los económicos, sino a la promoción y a factores interiores que tampoco existen.

En cuanto a la situación actual de la asistencia, y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, Guillermo Sierra se refirió al sistema asistencial como un área de alto riesgo en donde no existe sistema de seguridad y que, además, carece de regulación de riesgos, al tiempo que se obliga a informar de sus efectos adversos. "Los errores "dijo- son consecuencia más de los malos sistemas que de los malos profesionales". Y reclamó una modificación de la educación y de la cultura en relación con el error.

Olvido de los usuarios

Enrique Sánchez de León, que fuera primer ministro de Sanidad durante la transición democrática, se lamentó que era frecuente, a la hora de enjuiciar el sistema sanitario, el olvidarse de los usuarios, lo que le llevó a decir que el sistema estaba poco impregnado de democraticidad. A su juicio, los tres fallos del sistema sanitario deben buscarse en la falta de vertebración de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. en la ausencia de una definición del propio sistema. y, por último, en la insensibilidad política y administrativa ante el destinatario de la protección.

Sánchez de León, que trató de plasmar en el sistema sanitario los siete pecados capitales, criticó la prepotencia que lleva a considerar al administrado como siervo. También consideró como avaricia el sentido economicista que domina la gestión, cuando a la vista de los datos de la OCDE se debe gastar más en Sanidad. Y calificó de pereza, entre otros puntos, el que desde 1978, en que se plasmó en un Decreto los derechos de los enfermos y que fue anulada por defectos de forma, no se hubiera hecho hasta 1986 (Ley General de Sanidad) para contemplarlos y hubiera que haber esperado hasta el año 2002 (Ley de Autonomía del Paciente) para exigir su cumplimiento jurídico.

Por su parte, el también ex ministro de Sanidad en uno de los gobiernos socialistas, Julián García Vargas, enjuició la última década desde tres aspectos: el cambio de gobierno, con la victoria del PP en 1996, sin que hubiera modificaciones en el modelo asistencial. la consolidación del protagonismo de las Comunidades Autónomas. y la concienciación de los ciudadanos sobre las limitaciones del sistema sanitario. Sin embargo, apuntó como defectos el poco contacto con los protagonistas de la asistencia, la escasa actividad del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el tímido aprovechamiento del "Informe Abril".

García Vargas, que fue el impulsor del "Informe Abril", justificó su elaboración para serenar las turbulencias existentes en torno al Sistema Nacional de Salud y elogió algunas de las actuaciones del PP, como el no haber optado por la generalización del sistema Muface, como venían hablando algunos de sus representantes cuando estaban en la oposición, o el haber aprobado nuevas formas de gestión hospitalaria, hasta el punto de elogiar el "modelo Alcira". Asimismo, consideró acertada la Ley de Cohesión, por cuanto se desarrolló como un complemento de la Ley General de Sanidad.

En relación con las limitaciones del sistema sanitario, el ex ministro socialista llamó la atención sobre el hecho de que, en diez años, hubiera habido tres modelos distintos de financiación, el último de los cuales, el de 2001, pretendió hacer atractivas las transferencias de la gestión. Sin embargo, y en relación con este modelo vigente, comentó que el fondo de cohesión iba a traer problemas graves como consecuencia de la situación especial en que ha quedado Madrid. Por último, y coincidiendo con Sánchez de León, García Vargas señaló que "al presupuesto del Sistema Nacional de Salud le falta crecer en torno a un punto de PIB".