El Tribunal Constitucional decidió ayer admitir a trámite el recurso que interpuso el Gobierno contra la ley de investigación con embriones humanos impulsada por el Ejecutivo andaluz de Manuel Chaves y aprobada por el Parlamento regional, según informaron al diario LA RAZÓN fuentes jurídicas.

La admisión a trámite decretada por el Alto Tribunal supone automáticamente, según las fuentes consultadas, la suspensión durante cinco meses de la ley ¬la 7/2003 de la Cámara andaluza¬, ya que el Gobierno de José María Aznar solicitó la medida cautelar en su escrito de recurso.

Si el Tribunal Constitucional no dicta sentencia antes del periodo mencionado el Ejecutivo deberá solicitar de nuevo la suspensión cautelar, si es que así lo pretende. Por su parte, los magistrados se pronunciarían de nuevo acerca de la conveniencia o no de la suspensión, que puede prorrogarse tantas veces como considere el Tribunal.

Por lo pronto, la decisión del TC impide impulsar actuación alguna de investigación que derive de la aprobación del texto legal.

Una ley polémica

La ley recurrida fue aprobada en el marco de la polémica generada entre los partidarios de los ensayos con células de embriones humanos, encabezados por el científico valenciano Bernat Soria, y el Gobierno de Aznar, que se oponía a los mismos.

Las células madre se caracterizan por su extraordinaria plasticidad. Esta capacidad suya para convertirse en cualquier tipo de tejido y órgano es tanto mayor cuando proceden de embriones. De ahí el interés por experimentar con estas últimas. Sin embargo, esta perspectiva ha suscitado reparos éticos, toda vez que supone la destrucción del embrión.

En esa circunstancia, el Ejecutivo de Chaves, en consonancia con la postura favorable a la experimentación del PSOE, resolvió promover una ley autonómica que daría un marco legal a dichos ensayos. La respuesta del Gobierno central fue recurrir ante el Tribunal Constitucional la iniciativa con el argumento de que menoscababa las competencias del Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación, científica, técnica y sanitaria fijadas por la Constitución.

Precisamente, en uso de esas competencias, el Consejo de Ministros envió a las Cortes un proyecto de reforma de la Ley de Reproducción Asistida, donde se autorizaba la investigación con células embrionarias, aunque en condiciones restringidas. La nueva norma fue aprobada el pasado 25 de noviembre.

A su vez, el Ejecutivo andaluz prometió recurrir esta norma por entender que avasallaba sus competencias, pero no reunió los votos necesarios para hacerlo en el parlamento regional.

Poco después, la Generalitat valenciana anunció su resolución de comenzar en 2004 un plan de ensayos de ese cariz, en el cual, previsiblemente, participará Bernat Soria.

A este experto, en particular, le interesa servirse de ellas para producir islotes pancréaticos, con el fin de implantarlos en pacientes diabéticos y facilitar su curación.

Investigaciones truncadas

Precisamente, Soria tenía previsto comenzar este mes trabajos de investigación con células madre en Málaga, Granada y Sevilla, al amparo de la ley autonómica. Para ello contaba con un presupuesto de dos millones de euros aportados por la Junta. La admisión a trámite por el Constitucional del recurso contra dicha norma le impedirá hacerlo legalmente.

Si la situación no se destraba en el Alto Tribunal en un corto plazo, podría darse entonces la paradoja de que Soria ponga en marcha en Valencia, con la financiación de un gobierno popular, los mismos experimentos que hoy tiene prohibido llevar a cabo en Andalucía, con el auspicio de una administración socialista.