Carlos Nicolás, Madrid.-Las trabas del Partido Popular han impedido que la Comisión de Investigación creada en la Asamblea de Madrid, a fin de conocer el fondo de la solución adoptada para la Fundación Jiménez Díaz (FJD-Clínica de la Concepción), la constitución de una UTE (Unión Temporal de Empresas) entre la multinacional IDC y el Patronato de la FJD, llegara a alguna conclusión.

Así, en la sesión final de la Comisión, el pasado 12 de marzo, el PP votó en contra para que, a falta de conclusiones, se realizara una propuesta de dictamen, obligación recogida en el propio reglamento de la Cámara Parlamentaria de Madrid.

A juicio del Grupo Parlamentario Socialista (PSOE), promotor de la creación de la Comisión de Investigación, está claro que el Gobierno autonómico no quiere que se sepa por qué se impuso la solución de esta UTE al problema de la Fundación Jiménez Díaz. Sospecha que se incrementó ese mismo día pues, según ha señalado Pedro Sabando, portavoz socialista en la Asamblea, a EL MEDICO INTERACTIVO, llegaron diversos documentos en que se aseguraba que no existe constancia de la constitución de la UTE entre IDC y la FJD, contradiciendo otra documentación en que se recogen todos los detalles de tal constitución.

Con fecha 11 de marzo entra en la Asamblea de Madrid un certificado de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en donde se afirma que en la misma "no existe constancia, al día de la fecha, de la constitución formal en escritura pública de la UTE por parte de la entidad denominada "IBDYCSA, Servicios Médicos SL" y la Fundación Jiménez Díaz para la presentación de la asistencia sanitaria que lleva a cabo dicha fundación".

Asimismo, se recibe un certificado del gerente de la FJD, Ricardo Herranz, que afirma que "no se ha constituido, a fecha de hoy, ninguna UTE en la que la FJD tenga cualquier tipo de participación. En consecuencia, en la actualidad la FJD no está gestionada por una UTE". Asimismo, se presenta otro escrito, del presidente de IBDYCSA, Víctor Madera, en el que se recoge que, "a la fecha, aún no han otorgado la Escritura Pública de Constitución de la UTE" y que, por tanto, no participa de ninguna manera en la gestión de la FJD.

Pese a tales negativas, la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con fechas 24 y 25 de febrero había remitido al presidente del Patronato de la FJD sendos escritos en que se ratifica la constitución de la UTE. En concreto, el que lleva fecha de 25 de febrero de 2003 recoge la resolución del Subdirector General de Protectorado de Fundaciones en la que, entre otras cosas, se dice "que se hagan constar en el Registro de Fundaciones del Departamento los estatutos por los que se regirán la Fundación Jiménez Díaz, Unión Temporal de Empresas, y el documento adicional que completa las normas de organización y funcionamiento de la relación asociativa de colaboración establecida entre la "Fundación Jiménez Díaz" y la Sociedad Ibdycsa Servicios Médicos SL", en los términos establecidos en el documento firmado el 10 de junio de 2002, incorporado a la escritura otorgada el 30 de junio de 2002 ante el notario de Madrid D. Luis Jorquera García, con el número 613, en los que, según lo autorizado en la Resolución de 10 de diciembre de 2002, se expresa que el objeto y fines de la "Fundación Jiménez Díaz" serán satisfechos por la Fundación Jiménez Díaz, Unión Temporal de Empresas, mediante la citada colaboración y siempre de acuerdo con el espíritu fundacional, formalizados en la escritura autorizada el 11 de febrero de 2003 por el citado notario, con el número de 108 de su protocolo".

Según el PSOE, las trabas continuas a la investigación, promovida por este grupo cuando comenzó a intuir lo que se estaba fraguando en la FJD, pues los representantes de IDC dieron por hecha la solución en una entrevista que mantuvieron con Sabando antes del verano, han llevado tanto a PSOE como a IU a registrar una propuesta de dictamen, que elevaron a la Mesa, en la que se consignan todos los vetos sufridos.

Y es que, según el portavoz parlamentario socialista, se ha creado un precedente delicado, pues se está violentando la letra y el espíritu del Estatuto Parlamentario.

Según ha podido saber EL MEDICO INTERACTIVO, para conseguir que los trabajos de la Comisión de Investigación resultaron un fracaso, en primer lugar se extendió la investigación a situaciones anteriores que nada tenían que ver con la requerida y, además, se fijó un plazo limitado de tiempo, hasta el 13 de marzo, dado que la disolución de la Asamblea se producirá el 20. De todos modos, el Grupo Socialista reclamó una ampliación del plazo hasta el 30 de abril, antes del inicio de la campaña electoral, pues los parlamentarios actuales cobran hasta el 24 de mayo y queda constituida la Comisión Permanente que, al igual que sucedió el año pasado con "el céntimo sanitario", puede convocar un Pleno Extraordinario.