E.P., Madrid.- El Tribunal de Cuentas tiene previsto fiscalizar en 2004 las contrataciones realizadas por las fundaciones sanitarias constituidas al amparo de la Ley 15/1997 de 25 de abril, impulsada por el Gobierno, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Así consta en el programa de fiscalizaciones aprobado recientemente por el Pleno del Tribunal de Cuentas. Este órgano elige los estudios que realiza teniendo en cuenta 'criterios objetivos' como la 'falta reiterada de rendición de cuentas', que éstas presenten 'graves defectos formales' y 'el conocimiento de determinadas circunstancias o situaciones que pudieran desembocar en áreas de riesgo que aconsejan el reforzamiento de los controles'.

En concreto, este Tribunal tiene previsto fiscalizar los ejercicios correspondientes a 1999, 2000 y 2001. El proyecto de informe de esta fiscalización está pendiente de su análisis por la sección de fiscalización y el Pleno del Tribunal.

En materia sanitaria, el Tribunal de Cuentas también tiene previsto fiscalizar el año que viene la contratación celebrada o en vigor en 1999 y 2000 de las actividades y servicios susceptibles de generar ingresos en una muestra de hospitales de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, con especial referencia a los que tienen por objeto la realización de ensayos clínicos. Este proyecto también está pendiente de su análisis por la sección de fiscalización y el Pleno del Tribunal.

Además, este órgano fiscalizador estudiará las relaciones financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social con las Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, centrándose en las operaciones del Fondo de Prevención y Rehabilitación.

Por último, a lo largo del próximo año, el Tribunal de Cuentas fiscalizará los contratos celebrados por las fundaciones del Sector Público Estatal constituidas por el Instituto de Salud Carlos III, ejercicios 1999, 2000, 2001 y 2002. No obstante, ya existen resultados provisionales de esta fiscalización, que han sido remitidos para su conocimiento a las entidades afectadas para la formulación, en su caso, de las correspondientes alegaciones.