El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia en la que condena al Servicio Catalán de la Salud (SCS) a costear la operación de cambio de sexo a Raúl C. F., de 29 años, que quiere ser mujer. La sentencia, que confirma otra anterior de un juzgado de lo Social, ordena al SCS a "fijar día y hora para la intervención en el plazo más breve posible y en un centro hospitalario público", según recoge el diario ABC.

El TSJC desestima el recurso interpuesto por el Servicio Catalán de la Salud, que se oponía a pagar la operación argumentando que el cambio de sexo no está contemplado ni en el ámbito civil ni en el sistema sanitario público. El SCS reconocía en su recurso que la Ley General de Sanidad no excluye el cambio de sexo, "sino que prevé la promulgación de normas (…) para acotar las prestaciones que cubre el Sistema Nacional de Salud".

Estados patológicos

En este sentido, la Generalitat se apoyaba en el Real Decreto 63/95, de 20 de enero, que establece como prestación no financiable la cirugía de cambio de sexo, salvo la reparadora en estados patológicos, "referidos a alteraciones físicas como el hermafroditismo o androgenismo"

Sin embargo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entiende que el citado Real Decreto "no tiene carácter restrictivo, sino progresivo y amplio". El Tribunal valora el derecho constitucional a la protección de la salud y al núcleo irrenunciable de la dimensión personal. "En definitiva, la relación de toda persona con su propio bienestar físico y mental, que debe ser respetado y promovido por los poderes públicos más allá del establecimiento de una norma o pauta de salubridad en el entorno en que la vida se desarrolla", señala.

El TSJC indica que en el caso de Raúl C. F., conocido como Olalla, queda "palmariamente demostrado" que desde los 7 años no se ha identificado con su cuerpo. De pequeño deseaba juegos femeninos y rechazaba los tradicionalmente masculinos, y mostraba su tendencia en otros actos cotidianos; por ejemplo, "miccionaba sentado".

Humillación y vergüenza

Ello, según el Alto Tribunal catalán, le comportaba el rechazo de las niñas por su cuerpo masculino, y el de los niños por su psique femenina. Desde su infancia, Raúl C. F. ha vivido con sentimientos de humillación y vergüenza, así como con un intenso malestar y un trastorno de identidad sexual que le ha llevado a un síndrome ansioso-depresivo. La sentencia resalta que el joven "tiene actitudes, porte, vestimenta y semblante femenino, y sin excentricidad o histrionismo en su aspecto o conducta". En el ámbito sexual, siente inclinación hacia los hombres, pero se ve incapacitado para mantener relaciones "porque siente un rechazo absoluto a exhibir sus genitales masculinos".

Raúl C. F., que trabaja como teleoperadora en el servicio de información telefónica en Barcelona y tiene titulación de grado medio de piano y solfeo, así como una inteligencia superior a la media, según estudios psicométricos, se hormona desde los 25 años. Un juzgado de Sant Feliu de Llobregat desestimó en su día el cambio de sexo y de nombre de Raúl por Olalla.

Josep Maria Mestieri, abogado defensor del transexual, calificó ayer de "muy valientes" tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán, contra la que cabe interponer recurso de casación ante la misma Sala, como la anterior del Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona. Según Mestieri, en estos fallos "prima el interés de la ley sobre el de reglamentos que violaban derechos constitucionales".

La Generalitat pide que se pronuncie el Consejo Interterritorial de Salud

Por su parte, la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña presentará recurso contra la sentencia que le obliga a financiar la operación de cambio de sexo. El gabinete jurídico estudia la sentencia y no se ha fijado una fecha para hacer efectivo el recurso de casación. El consejero de Sanidad, Xavier Pomés, aseguró ayer que la financiación de una intervención de este tipo supondría un "cambio del catálogo de prestación y, como tal, debería tratarse en un ámbito conjunto y común como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

Pomés pidió "el máximo respeto por la situación de esta persona " y "por las decisiones judiciales". Afirmó que si la Consejería de Sanidad actúa por la vía judicial "no es por herir o ahorrar dinero, sino por no sentar un precedente".

El conseller Pomés añadió que la vía judicial no le parece la más adecuada para variar el catálogo de prestaciones de la sanidad pública.