Facilitar la libre circulación de pacientes en la Unión Europea (UE) para reducir las listas de espera y permitir el acceso a los mejores hospitales de cada especialidad se ha revelado una tarea mucho más complicada de lo previsto. Un grupo de alto nivel formado por los 15 ministros de Sanidad y por tres comisarios europeos (Mercado Interior, Salud y Asuntos Sociales) concluyó ayer un año de trabajos con una declaración de buenas intenciones, aprobada por consenso, pero sin alcanzar acuerdos sobre la legislación necesaria ni los plazos concretos para poner en marcha este ambicioso proyecto, informa el diario ABC en su edición del martes, 9 de diciembre.
A pesar de los escasos avances registrados, la ministra de Sanidad, Ana Pastor, valoró positivamente el texto remitido a la Comisión. «Es un documento importante porque por primera vez contempla que la asistencia sanitaria y la movilidad de los ciudadanos de la UE es un derecho y tiene que ser reconocido y desarrollarse en el ámbito de la legislación secundaria». Pastor valoró particularmente el reconocimiento de que la movilidad de los profesionales sea de una manera mucho más automática que actualmente, el que los estados miembros compartan sistemas de información o que la tarjeta sanitaria pueda, en un futuro, incluir el historial clínico del titular.
Las conclusiones sobre movilidad de pacientes quedan muy por detrás de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, que viene reconociendo desde 1998 el derecho de los ciudadanos a recibir todo tipo de prestaciones sanitarias en cualquier país de la UE y a que se les reembolse su coste. El mismo principio se aplica, según el Tribunal, a los pacientes que se saltan la lista de espera de su país y viajan al extranjero para someterse a un tratamiento clínico u operarse.
Sin referencia a las listas de espera
El documento de los ministros de Sanidad aprobado ayer no hace ninguna referencia a las listas de espera, a pesar de que el grupo de nivel se constituyó precisamente para intentar dar una respuesta legislativa a estas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE. La Comisión Europea tendrá que estudiar cómo el acervo legal puede mejorarse siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el derecho de los pacientes a beneficiarse del tratamiento médico en otro Estado miembro. Para la ministra Ana Pastor, la clave en esta cuestión es «garantizar que haya información compartida, para lo cual todavía tenemos mucho que trabajar».
El grupo de alto nivel se limita a hacer una serie de recomendaciones para facilitar la movilidad de pacientes pero sin marcarse ningún plazo para eliminar los actuales obstáculos. Entre los campos prioritarios de trabajo se señala la necesidad de establecer una carta de derechos de los pacientes, facilitar el reconocimiento automático de las titulaciones médicas en todos los Estados miembros, elaborar un mapa de centros de referencia que permita a los pacientes europeos que se trasladen a los hospitales donde mejor se trate su patología, independientemente del país en que se encuentren.
Tampoco hay ninguna propuesta concreta sobre cómo financiar los gastos ocasionados por los pacientes transfronterizos, aunque se rechaza la petición española de crear un «fondo de compensación» que pague las diferencias de las prestaciones de los diferentes países, aunque pide a la Comisión Europea que canalice las fuentes de financiación de los distintos sistemas sanitarios y considere como ligar este gasto a los instrumentos financieros de la Comunidad.