La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) advierte de la complicada e insostenible situación que viven los servicios de Urgencias y Emergencias. Actualmente, estos servicios atienden a un 20 por ciento más de pacientes de media, incluso un 30 por ciento en algunas comunidades autónomas en comparación con hace 3 años.

Si bien la situación comenzó a ser complicada ya en 2019 cada vez se suman más factores. Así, los servicios de Urgencias y Emergencias cada vez atienden a más pacientes como consecuencia de la situación en la Atención Primaria. A esto se añade el hartazgo de estos profesionales ante la falta de reconocimiento de su especialidad médica, que ya es una excepción global.

En concreto, España es una anomalía europea e internacional. Los estudiantes que quieran ejercer en este ámbito o emigran o se ven forzados a estudiar otra especialidad (principalmente, medicina de familia) que nunca van a ejercer. Así, se permite una dinámica perversa de mal uso de recursos públicos. Esto contribuye, además, a la inflación de médicos de familia. No obstante, se tiene un número de médicos de familia irreal, ya que muchos de ellos pasan por la especialidad obligados y sin intención de ejercerla. Así, aumenta el déficit actual de médicos para los centros de salud. Como un círculo vicioso, esto agrava la situación de AP, que a su vez repercute en la situación de Urgencias y Emergencias.

Especialidad de Urgencias y Emergencias

Desde SEMES se insta al Gobierno central y a todos los Gobiernos autonómicos a revisar las razones por las que se solicita, de manera justa, eficiente y legítima, la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Así, el presidente de SEMES, Tato Vázquez, avisa “al Gobierno y a las comunidades autónomas de la necesidad inmediata de la creación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias mediante una Especialidad Primaria. Además, descartando fórmulas alternativas como un Área de Capacitación Específica -ACE- que supondrían un sobrecoste para el sistema injustificable. No obstante, la alternativa del ACE conllevaría un sobrecoste para cada Comunidad Autónoma de entre 90.746€ y 226.864€ por plaza de médico residente.