El Gobierno mexicano se ha encargado de anunciar la estrategia nacional de vacunación contra la COVID-19, priorizando al personal de salud del sector público. Sin embargo, el sector privado no está del todo protegido por esta estrategia. En este sentido, Javier Potes González, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, una asociación civil que en este año ha cumplido 14 años de promover el desarrollo en hospitales privados del país,  habla en exclusiva con El Médico Interactivo México sobre la estrategia para vacunar al personal médico privado.

“Actualmente, el consorcio cuenta con 41 hospitales y 30 ciudades y en 22 estados de la república. Cabe mencionar que entre los asociados hay una política de no competencia, por lo cual solo aceptamos un hospital por ciudad, con excepción de las grandes ciudades, lo que ha permitido que el consorcio tenga una membresía con amplia capacidad geográfica, somo la red de hospitales con mayor cobertura en el país”, señala.

Gobierno mexicano ofrece inmunización a hospitales privados

El director del CMH ha recalcado que “desde el comienzo de la pandemia se ha ofrecido apoyo al Gobierno para atender a pacientes no COVID en los diferentes hospitales registrados, cuya atención se extendió a más de 28.000 pacientes. En consecuencia, el Gobierno ofrece a estos hospitales la posibilidad de inmunizar a la plantilla médica contra la influenza y la COVID”.

En el caso del Consorcio, se ha contado con el apoyo del Gobierno debido a la condición de sus asociados. Es decir, a través del registro de de estos hospitales, ha sido posible contemplar a los 2.000 médicos que laboran en ellos para ser inmunizados.

“Una de las razones que facilitó la inclusión de este personal fue el registro y la rápida definición de la plantilla laboral con la que se trabaja, por lo cual las asociaciones como la nuestra son las primeras contempladas, ya que vivimos una insuficiencia de vacunas, razón por la cual se toma la decisión de contemplar primero a los cuidadores”, explica el especialista.

Y continúa: “sería razonable que los colegios de médicos y otras asociaciones presenten sus listados del personal que actualmente labora en hospitales y así crear una coordinación y alianza óptima de los médicos que hay registrados. Habría que hablar también de laboratoristas, médicos de farmacia, paramédicos; hoy sabemos que el panorama se torna complicado en cuanto al abastecimiento de vacunas”.

“En el caso de Consorcio, se ha solicitado vacunar a 5.175 médicos de los 41 hospitales que tenemos registrados, de estos, 38 atienden pacientes con COVID-19. Sin embargo, no tenemos claridad de cuántas vacunas están destinadas para este personal y consideramos a los médicos que están trabajando con consulta externa que pueden estar en riesgo”, explica.

Impacto del retraso en la llegada de vacunas a México

Pfizer ha anunciado un retraso en el abastecimiento de vacunas, lo que obliga a ajustar la política Nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2. De acuerdo con el Gobierno Federal, se contemplaba terminar de vacunar a todo el personal médico al 31 de enero al menos con la primera dosis. Aunque se detalló que existen las segundas dosis que corresponden para aplicar a los 21 días.

Ante esta situación, Javier Potes comenta que “este retraso nos afecta a todos, ya que la disminución será proporcional en el sector privado y público. Hasta el momento ya teníamos un avance en los estados de Zacatecas, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Sonora y Tamaulipas, aunque alguno de estos con problemas logísticos que deben afinarse, ya que solo se han aplicado primeras dosis y estamos a la expectativa”.

¿Habrá otras negociaciones para vacunar de forma privada al personal médico?

“Aunque tenemos buena relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y estamos al tanto de otros desarrollos de vacunas, no tenemos la autorización por parte de COFEPRIS, la agencia reguladora mexicana, por lo que no se pueden importar, ya que esta práctica sería ilegal. Por ello, tenemos que estar a expensas de las negociaciones que haga el Gobierno mexicano para buscar otras estrategias para acelerar el proceso de vacunación en el sector privado. Estos procesos son largos y estamos a la expectativa de las acciones del Gobierno”, añade Potes.