La vicepresidenta de Cantabria dice que el Gobierno no se plantea suspender la aplicación de las 35 horas en la Sanidad

E.P, Santander.- La vicepresidenta del Gobierno cántabro, Dolores Gorostiaga, ha asegurado que en estos momentos el Ejecutivo no se plantea 'bajo ningún concepto' suspender la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), una medida que, según dijo la vicepresidenta cántabra se está aplicando con 'normalidad' y 'garantizando' los servicios. Gorostiaga respondía así al 'ultimatum' dado por CEMSATSE, UGT, CSI-CSIF y ATI sobre la intención de convocar movilizaciones si la Consejería de Sanidad no reanuda las negociaciones, tal y como informaba EL MEDICO INTERACTIVO en su número anterior (ver edición 14-1-2004), consideró que los sindicatos estaban 'convencidos' de que esta medida no se podría poner en marcha, por lo que su aplicación ha producido 'sorpresa por parte de algún sindicato'.

Tras señalar que 'no es cierto' que en la Mesa Sectorial no se hayan alcanzado acuerdos como denuncian los sindicatos, la vicepresidenta precisó que van a seguir funcionando los distintos órganos de negociación, si bien reiteró que el Gobierno 'no tiene ninguna intención' de paralizar la reducción de la jornada, que se está aplicando por parte de todos los gerentes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) mediante las medidas organizativas necesarias. Para Gorostiaga, la falta de acuerdo con los sindicatos en este tema fue posiblemente 'por razones ajenas a la propia negociación', además de que éstos presentaron una propuesta 'inasumible' frente a la 'más prudente' de la Administración.

Gorostiaga recordó además que la reducción de jornada en el sector que se está implantando en el Servicio Cántabro de Salud desde el pasado 1 de enero, fue un acuerdo del Ejecutivo cántabro, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y basado en la legislación vigente regional y estatal, que establece que a los órganos de gobierno les corresponde fijar las condiciones de trabajo y la jornada laboral de los funcionarios públicos y, como en este caso, del personal estatutario, si no se alcanza un acuerdo entre las partes.